Esta es la propuesta -que hasta el momento solo es preliminar- en la que está trabajando el Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad y la DC. En el documento, además, se explica que el sector se la jugará por un “consejo de expertos y expertas” integrado por 25 a 30 personas, designados por los partidos políticos cuyas decisiones, recalcan, “no serán vinculantes”.
Los partidos oficialistas de Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático y la DC están trabajando para llegar a una propuesta común sobre mecanismo para elaborar una nueva Constitución.
En los últimos días se han reunido dos veces para acercar sus posturas, pero hasta el momento no tienen nada definido como propuesta definitiva. Por el momento, este es el borrador que manejan los partidos del sector.
El órgano, plantea el documento, tendrá “125 miembros elegidos democráticamente por sistema D’Hondt mediante mecanismo y representación electoral a definir”.
La futura Convención se disolverá de manera automática “cumplido el plazo de seis meses”. Respecto de la paridad, el sector plantea que se debe “sostener el principio de paridad en la entrada y salida, garantizando un órgano compuesto por hombres y mujeres en igual cantidad”. En detalle, se lee en la propuesta, “si el número de escaños es impar, no podrá resultar una diferencia de escaños superior a uno entre hombres y mujeres”. Luego se añade: “el mecanismo en específico con sus diferentes variables dependerá de la fórmula de representación electoral que se defina”.
Sobre escaños reservados los partidos de gobierno y la DC proponen “un número de nueve escaños indígenas, supernumerarios a los 125 miembros elegidos por sistema D’Hondt mediante mecanismo y representación electoral a definir”.
El rol de los expertos
Es en esta parte en la cual el oficialismo ha tenido más problemas. En las conversaciones que han realizado hasta el momento es este tema en el cual con concentrado el debate. Sin embargo, esto es lo que se imagina el sector sobre este aspecto de la propuesta de mecanismo.
“El nuevo proceso constituyente debe equilibrar la representación política, la participación ciudadana y un rol para expertos y expertas. En lo que respecta al grupo de expertos y expertas, debe tratarse de una entidad que preste asesoría reglamentaria y técnica en materias sustantivas. El Consejo de Expertos y Expertas (CEE) estará conformado paritariamente por un número acotado de abogados, abogadas y cientistas políticos/as, con expertiz en diseños constitucionales y derechos fundamentales. Al tratarse de un órgano parte del diseño del proceso, deben establecerse reglas especiales para el estatuto de los expertos/as”, se lee en el documento.
Sobre su conformación, el oficialismo y la DC plantean lo siguiente: “El CEE debería tener un número de integrantes acotado, de entre 25-30 personas. Se podría pedir ciertas certificaciones para acreditar la calidad de expertos/as. Ejemplo: doctorado, productividad científica CNA, actividades académicas, experiencia profesional y trayectoria en órganos del Estado, entre otros factores. El CEE se debe instalar junto al órgano constituyente. El nombramiento debe corresponder a los partidos o coaliciones políticas (se debe definir la fórmula)”.
En cuanto a las funciones, que es el principal punto en disputa, el sector evalúa las siguientes alternativas: “Ideas matrices. Elaborar el documento de ideas matrices o líneas base de contenidos del nuevo proyecto constitucional. Para esto deberá considerar el proyecto de reforma constitucional de la expresidenta Michelle Bachelet y la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional. Adicionalmente, deberá procesar y adaptar un insumo que provenga del proceso participativo, de forma tal que la participación tenga incidencia en la traducción técnica de las normas de la nueva Constitución. Armonización. El CEE ejecutará tareas de armonización durante todo el curso del proceso, con facultades para proponer ajustes y estandarizar la redacción del proyecto de nueva Constitución. Asesoramiento técnico. El CEE emitirá opiniones e informes a solicitud de la mesa directiva del órgano constituyente o de sus comisiones, conforme a lo que disponga el reglamento del órgano constituyente”.
En esta misma línea, el borrador del sector propone que este consejo tenga un estatuto que contenga los siguientes elementos los cuales, hasta el momento, son expresados como interrogantes: “Inhabilidades. ¿Deben haber requisitos que impidan integrar la CEE? Incompatibilidades en el ejercicio del cargo y régimen de dedicación. ¿El cargo de experto/a es incompatible con funciones públicas/privadas? ¿El cargo de experto/a es de dedicación exclusiva? ¿Existen excepciones? Declaración de patrimonio e intereses. Los integrantes del CEE deben someterse al régimen de la Ley 20.880. Lobby. Los integrantes del CEE deben someterse al régimen de la Ley 20.730. Dieta. La labor de los integrantes del CEE es remunerada. Cesación en el cargo y vacancia. Se deben contemplar causales de cesación en el cargo y reglas para suplir la vacancia. Del mismo modo, deben regularse las cuestiones de procedimiento: 1. Sesionar regularmente. 2. ¿Cómo toman los acuerdos de sus informes y asesorías? Unanimidad, mayoría simple u otro quórum. 3. Sus decisiones no son vinculantes”.
¿Poder de veto?
En otro documento que se maneja en el oficialismo -que también es solo un borrador- se incluyen algunos comentarios al margen de quienes participaron en las negociaciones. Por ejemplo, en el ítem referido al quórum, se menciona que se debe analizar el poder de construcción de mayorías versus el “poder de veto”. En este punto se plantea que “si pensamos que nos irá mal, el poder de veto es clave, lo que sugiere bajarlo a 2/3″. Por el contrario, si el escenario es favorable para ellos, disminuir el “poder de veto del adversario es clave”, dicen, por lo que buscarían que aumente a 3/5.
Según explicitan estas colectividades, pretenden aprobar normas sobre una “hoja en blanco” en determinados temas. Esto solo apunta a aquellos asuntos que no se verán afectados por los bordes ya consensuados.
Además, dentro de los partidos oficialistas argumentan que un alto quórum es más razonable para otorgar mayor legitimidad y transversalidad al texto que redacte el nuevo órgano.
En referencia al número de escaños reservados, dentro de los partidos reconocen que existiría un problema con que sea un número de escaños supranumerarios proporcional a los electores que votan en papeleta indígena.
Esto en consideración de que en el proceso pasado votaron 282 mil personas de 1.239.000 habilitados, sobre un universo de más de seis millones de votantes. Según sostienen estos partidos, disminuir drásticamente los escaños a un número como dos o tres escaños -como ha propuesto Chile Vamos- haría inviable una representación significativa y con poder de incidencia de los pueblos originarios.
Fuente: La Tercera
