La consulta indígena que empezó el pasado 22 de mayo para conocer la opinión de los nueve pueblos originarios que existen a lo largo de Chile para introducir cambios a la Ley Indígena 19.253, normativa que fue diseñada en el primer gobierno de concertación en la década de los 90, ha traído consigo una serie de rechazos por parte de los pueblos originarios que existen en la Región de Atacama.
José Domingo Rojas Piñones, presidente de la comunidad Diaguita Ema Piñones y Consejero Regional de los Pueblos Indígenas en el Ministerio de Cultura, comentó que “desde que ellos nos citaron la primera vez los representantes de las comunidades indígenas de Copiapó, tanto Diaguitas como Colla, se manifestó el rechazo a esta consulta”.
Rojas Piñones, destacó que en ningún momento se les consulto cuáles son las principales afectaciones de los pueblos indígenas, es decir, los problemas que presentan en cada una de sus comunidades y que las que se establecieron fueron impuestas por las autoridades.
El Consejero Regional expresó que “de dónde tanta preocupación del Estado por ayudar y favorecer a los indígenas para privatizar y dividir las tierras hasta media hectárea”.
El presidente de la Comunidad Diaguita insistió que a su juicio esta consulta está fracasada, porque los nueve pueblos que existen en el territorio nacional han manifestado su rotundo rechazo. “El gobierno no quiere escuchar ni darse cuenta de que fracasaron y a través de todos los medios posibles, como en el sur que buscaron militares para que participaran en la consulta y que los mismos no representan a las comunidades”, afirmó.
CONVENIO 169
Según la legislación la Consulta a los Pueblos Indígenas “es un mecanismo de participación basado en el diálogo entre el Estado y los Pueblos Indígenas, ante todo es un derecho de los Pueblos Indígenas y un deber del Estado que proviene del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que surge cada vez que se adopten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente”.
Ahora bien, Isabel Godoy Monárdez, curaca de la comunidad indígena Colla, indicó que según el Convenio 169, el objetivo de todo proceso de Consulta a los Pueblos Indígenas es “llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas -administrativas o legislativas- propuestas”.
Godoy Monárdez, insistió que nunca se les pregunto qué temas se iban a abordar en la consulta indígena. “Se nos impusieron 11 medidas que en su mayoría habla de las tierras, de entregar títulos personales siendo que en nuestra cosmovisión siempre ha sido la figura de los ayllus, formar asociaciones de dos personas siendo que eso va ir en desmedro de las comunidades que son territoriales”, apuntó.
La curaca de la comunidad indígena Colla mencionó que en el año 2015 se realizó una consulta indígena para la creación del ministerio y los consejos de pueblos. “Hay se acordó que una vez que se hubiese aprobado ese proyecto iban a ser los pueblos los que revisaran la ley indígena y no del paternalismo del estado que siempre quiere pensar por nosotros y cuando decimos que necesitamos no nos escuchan”, sentenció.
SOLICITUD
Por su parte, la jefa de bancada de los senadores DC, Yasna Provoste junto con los senadores Ximena Rincón, Carolina Goic, Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro, respaldaron los planteamientos de la Bancada de Diputados del PDC y en particular de la Diputada Johana Perez, y solicitaron la realización de una sesión especial para analizar la Consulta Indígena llevada a cabo por el gobierno del Presidente Piñera.
“Los senadores DC hemos acordado solicitar una sesión de Sala del Senado con el objeto de analizar el diálogo con las comunidades de los pueblos originarios, y para ello, se invitará al ministro del Interior y al ministro de Desarrollo Social”, afirmaron los parlamentarios DC.
Asimismo, la jefa de bancada indicó que en la oportunidad se solicitará expresamente “al ministro Moreno que suspenda la Consulta Indígena que se está desarrollando en Los Ríos, La Araucanía y la región del Bío Bío sobre la modificación a la ley de tierras indígenas”.
Finalmente, Provoste, Rincón, Goic, Huenchumilla y Pizarro enfatizaron que como bancada de senadores DC les “preocupa el deterioro de las relaciones con esas comunidades, por lo mismo, se requiere restablecer un mínimo de confianza y avanzar en una mala e irregular Consulta Indígena -como la que está implementando el MDS- no ayuda a ese proceso. Inquietud que también fue planteada por los diputados DC”.
