Fabiola Freire – Dir. Administración pública, Ucentral Región de Coquimbo
La propia Constitución política de Chile establece en su artículo 101° que las Fuerzas Armadas “existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”.
En este sentido puede entenderse la seguridad nacional como una función tanto externa como interna del territorio nacional por lo que no habría impedimento en que desarrollasen funciones encomendadas por la autoridad competente en estas materias.
Como dato adicional, Chile al 2019 reserva más de 2.700 millones de pesos para la defensa nacional, monto que cubre su mantenimiento tanto en personal como en equipamiento.
La lucha contra el narcotráfico hasta ahora ha sido insuficiente, quienes han estado encargados históricamente del control ha sido la institución de Carabineros, pero vemos que el avance del narcotráfico hace que el trabajo de esta rama se vea afectada. Por tanto, no es una idea descabellada hacer uso del entrenamiento militar y las tecnologías con que cuentan las Fuerzas Armadas para mejorar los sistemas de detección de las bandas organizadas de narcotráfico y en el mejor de los casos reducir el dominio del narcotráfico.
Por ende, pareciera de lógica común que, si tenemos un ejército inactivo para la función de resguardo territorial y estratégico en lo militar en el plano externo y de las relaciones internacionales, podamos hacer uso de esa fuerza humana en otras actividades relacionadas a la defensa nacional.
Si se establece un curso de acción claro y lineamientos precisos en este rol que asumirán las Fuerzas Armadas con plazos establecidos para mostrar resultados y metas concretas, podríamos ver resultados en el mediano plazo; lo que además ayudaría a reconstruir la imagen de las Fuerzas Armadas en la ciudadanía luego de los casos de corrupción conocidos en los últimos años, y podría de alguna manera mejorar la percepción ciudadana sobre los recursos que hoy se asignan a las Fuerzas de orden y seguridad y que hace años se están cuestionando no solo por la ciudadanía, sino también por nuestra clase política que considera que tanto presupuesto no se ve reflejado en la contribución que este cuerpo uniformado aporta al país.
