En un extenso sumario administrativo, la Contraloría General de la República propuso sanciones para 11 personas implicadas en la muerte de Lissette Villa en el Cread Galvarino del Sename a inicios del 2016.
Cabe recordar que el Ministerio Público anteriormente formalizó a cuatro funcionarias por apremios ilegítimos en contra de la menor de 11 años, quien falleció por “asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa”, según el Servicio Médico Legal.
La Tercera remarcó que en las conclusiones de la investigación de 21 tomos también se recomienda absolver a tres funcionarios indagados en este caso, entre ellos la psicóloga que atendía a Lissette.
Respecto a las educadoras Thiare Oyarce y Conne Fritz, responsables directas de su muerte, la Contraloría indica su destitución por la “grave situación de maltrato, específicamente de perjuicio o abuso físico, que implicó un trato cruel, inhumano y degradante para la niña L.V.P., en absoluto desmedro de sus derechos fundamentales”.
Si bien ninguna de las dos trabaja en el Cread hoy en día, si se aplicara esta sanción quedarían inhabilitadas para realizar cualquier trabajo en el servicio público por cinco años.
Existe la posibilidad de apelar a esta resolución una vez que se les notifique, pero por la gravedad del caso y la profunda investigación, es improbable que no se sigan las instrucciones del ente contralor.
Los altos mandos
Por otro lado, la Contraloría propuso una suspensión de su empleo por dos meses para la ex directora metropolitana del Sename María José Montero, acusada de un reprobable manejo del excesivo número de residentes en Galvarino, lo que implica una falta a los deberes de su anterior cargo administrativo.
La investigación también plantea reducir su salario a un 50 por ciento en dicho periodo, además de imponer un demérito de seis puntos en su calificación.
En tanto, se acusa a Patricia Monje Lutjens, entonces directora del Cread Galvarino, de faltar a sus deberes funcionarios al no cumplir con los protocolos existentes para tratar las crisis de los menores, y por lo tanto, también se sugiere para ella una suspensión de dos meses con la mitad del sueldo y un demérito en su calificación.
Finalmente, la Contraloría absuelve a la ex directora del Servicio Marcela Labraña, pues no se determinó que fuese responsable de las vulneraciones que sufrió la menor. La Fiscalía tampoco perseveró la indagatoria contra ella.
Fallas estructurales
Tal como lo acreditó en su momento el Ministerio Público, según el ente contralor Oyarce y Fritz tuvieron un proceder negligente y excesivo para calmar a Lissette el día de su muerte, y que incluso está fuera del marco de los protocolos vigentes que sí permiten la reducción física de los menores cuando la situación lo amerita.
El escrito corrobora que una de las educadoras se sentó sobre la espalda de la menor mientras ella estaba boca abajo, y asimismo, recuerda que ambas funcionarias “no contaban con formación alguna en materias de atención infanto-juvenil, lo que evidenció una insuficiencia del precitado perfil de cargo en lo relativo a las competencias y habilidades requeridas para el cumplimiento de dicha labor”.
Lo anterior estaría entre las fallas estructurales del Sename, al igual que “la falta de implementación de equipamiento médico para la atención de situaciones de crisis que impliquen riesgo vital para quienes habitan y ejercen funciones en dicho centro”.
El sumario también destaca entre las deficiencias particulares de Galvarino la “sobrepoblación de niños; falencias en cuanto al otorgamiento y aseguramiento de atención de salud y prevención de enfermedades en relación con los niños del referido centro, y otros requerimientos de personal y materiales”.
El Cread ubicado en Estación Central será cerrado durante el próximo mes, en cuanto finalice el traslado de los menores que siguen en el recinto.
Otras negligencias
Por otro lado, en el resumen de la investigación también se mencionan otros casos similares de apremios, como el de un menor de iniciales B.L.C. que residía en la Casa Nacional del Niño.
El 13 de mayo del 2017, las funcionarias Marcela Morales y Marión Gutiérrez no solictaron apoyo ni informaron que el niño estaba sufriendo una crisis, y por lo tanto, se propone para ellas la suspensión de su empleo de dos a tres meses, con la mitad del salario y un demérito de seis puntos.
Asimismo, el sumario ratifica la falsedad en la entrega de horas psicológicas a al menos cuatro niños, que supuestamente fueron atendidos en días que los profesionales no se presentaron a trabajar, lo que también implica sanciones para el personal responsable.
La investigación ya fue notificada a la actual directora del Sename, Susana Tonda, la tarde del viernes.
FUENTE COOPERATIVA
