La radio sonó y los brigadistas comenzaron el descenso por la ladera. La tarea no era simple: debían construir un cortafuego en medio de un incendio que arrasaba todo a su paso y que consumiría más tarde medio centenar de hectáreas de pino.
De pronto, la tragedia en medio de los megaincendios que afectaron a gran parte del país a comienzos de 2017. Una enorme cantidad de material envuelto en llamas comenzó a rodar cerro abajo y atrapó a los combatientes de la Conaf. ¿El resultado? Tres muertos y varios heridos. Uno de ellos terminaría pereciendo nueve meses más tarde en el Hospital del Trabajador en Santiago.
Los hechos se remontan al 15 de enero de ese año, en Vichuquén, región del Maule. Y una vez ocurrida la desgracia, todos los ojos estaban puestos en Emelino Valdivia, jefe operativo de los brigadistas, quien les ordenó combatir el siniestro en condiciones inseguras y sin el apoyo requerido.
Si bien la persecución penal no llegó a ninguna parte, ahora, a casi tres años de los hechos, la determinación de un juzgado civil ordenó al Fisco pagar $1.600 millones a los familiares de los tres primeros fallecidos: Ricardo Salas, Sergio Faúndez y Wilfredo Salgado.
La tragedia
De acuerdo a la querella en su contra, Emelino Valdivia llegó al sitio del suceso pasadas las 10:30 horas, junto a 11 brigadas de su unidad. Inmediatamente pasó a ser el comandante del incendio y ordenó a otros nueve funcionarios trabajar en la parte alta del cerro, pues la pendiente era muy fuerte y peligrosa para el combate.
Pero algo cambió y -según consta en la acción judicial en su contra- el responsable mandó a quienes combatían las llamas a construir un cortafuego en la ladera del cerro, pese a los riesgos que eso revestía, dadas las dificultosas condiciones del terreno, el calor y los fuertes y repentinos vientos que cambiaban de dirección.
De acuerdo a dos testigos que estuvieron esa tarde en la quebrada, el cambio de planes se lo hizo saber por radio el propio Emelino a Ricardo Salas, quien resultaría fallecido más tarde. Este último replicó la orden al resto de los brigadistas que lo acompañaban y comenzaron el descenso por la pronunciada ladera.
En medio de esos trabajos, comenzó el rodado de material incandescente cuesta abajo, lo que habría provocado una especie de explosión en el cerro. Una lengua de fuego atrapó a Ricardo Salas, Sergio Faúndez y Wilfredo Salgado y los dejó sin ninguna opción de salvar con vida. Murieron en el lugar.
En tanto, Ariel Pacheco Valdés, resultó lesionado por el material que rodó; Cristián Poblete Rodríguez y Pablo Fuentes, terminaron con quemaduras.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestros tres brigadistas y extendemos nuestra mayor solidaridad y pésame a las familias y seres queridos de quienes entregaron su vida por la protección del medio ambiente y la comunidad en general”, comunicó la Conaf mediante una declaración.
Lo propio hizo la entonces presidenta Michelle Bachelet, a través de Twitter.
Más grave fue lo ocurrido a Paulo Cantero Peña, quien había llegado horas antes en helicóptero al sitio del siniestro y sufrió lesiones que lo dejaron en riesgo vital.
Luego de las operaciones de rescate, el malherido fue trasladado al Hospital del Trabajador de Providencia, región Metropolitana. Permaneció en la UTI de ese recinto de salud, pero el 15 de octubre de 2017, nueve meses exactos después de la tragedia, finalmente falleció.
Su deceso se debió a “una infección a consecuencia de la gravedad de su estado”, detalló ese día la Conaf.
Indemnización y las querellas no llegaron a ninguna parte
Así las cosas, se presentaron querellas por la muerte de los trabajadores, el Ministerio Público formalizó a Emelino por cuasidelito de homicidio y se ordenaron los peritajes e informes de rigor.
Incluso se llegó a hablar de un pirómano que rondaba el lugar y que habría causado la tragedia, pero la Fiscalía siguió apuntando a la inoperancia del jefe de los brigadistas.
En efecto, uno de los documentos de la Policía de Investigaciones (PDI) concluyó que desde el punto de vista “policial se desprende negligencia por parte del imputado Emelino Valdivia Cáceres, quien en su calidad de comandante de incendio no sólo debe emitir instrucciones respecto al combate del fuego, sino que además debe velar por su debido cumplimiento y análisis constante de los diversos cambios experimentados, más aún bajo las condiciones imperantes previo al hecho del accidente”.
Un resultado similar se expuso durante la formalización del imputado. “El hecho de que dos de los brigadistas que efectivamente fueron quienes estuvieron en la quebrada donde se produjeron los hechos que terminaron con las luctuosas consecuencias, resultan suficientes para entender que constituyen un antecedente fundado que justifica la existencia del cuasidelito (de homicidio)”, se lee en el acta del 10 de noviembre de 2017, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Licantén.
Pese a ello, la persecución penal quedó en nada y nunca se pudo establecer la responsabilidad del imputado en las muertes antes señaladas.
Eso, hasta que el 28 de octubre de 2019, en una causa paralela, el Vigésimo Primer Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total por $1.600 millones a familiares de los tres brigadistas que perdieron la vida ese día: Ricardo Salas, Sergio Faúndez y Wilfredo Salgado.
La magistrada Patricia Castro Pardo estableció la responsabilidad del Fisco por el actuar negligente del jefe operativo, quien ordenó a los fallecidos combatir el siniestro en condiciones inseguras y sin el apoyo requerido.
“Es dable tener por establecido que don Emelino del Carmen Valdivia Cáceres, Sierra 10, Jefe de Incendio en el operativo de Combate del incendio en el Sector Las Cardillas de Vichuquén, es responsable por el fallecimiento de tres brigadistas de la Conaf (…), quienes en el desempeño de sus funciones, y por orden expresa de Emelino Valdivia a Ricardo Salas, perdieron la vida en el trágico accidente”, consigna el fallo.
“Quien ha sido autor del daño, es dependiente de Conaf, y como tal debe responder por el hecho dañoso ocasionado por su dependiente en el desarrollo de su actividad”, añade la resolución civil que avanzó paralelamente a la penal. Esta última, tal como se señaló, aún no tiene responsables.
Fuente: BioBioChile
