El miércoles 27 de noviembre, en pleno estallido social, la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime una reforma constitucional que permite rebajar la dieta parlamentaria y otros sueldos de altos funcionarios del Estado.
La aprobación fue celebrada transversalmente por hacerse eco de una de las demandas de la calle expresadas en el estallido social. El proyecto debe ser retomado en marzo en el Senado, pero desde ya hay varios parlamentarios –tanto del oficialismo como de la oposición- que han puesto reparos a la iniciativa.
De acuerdo a lo que plantearon algunos integrantes de la Comisión de Constitución a El Mercurio hay dudas respecto de que sea el Banco Central el que fije los sueldos de las autoridades del Estado, y de que previo a esa definición la remuneración se reduzca transitoriamente a un 50%.
En el oficialismo son tajantes. “Mientras no exista un estudio bien hecho que se le presente tanto al Presidente de la República y a la Cámara y el Senado, no creo que deban existir cambios a la actual remuneración, simplemente porque sería un cambio arbitrario, sin ninguna base que lo justifique”, planteó el jefe de la bancada de senadores RN, Rodrigo Galilea.
En tanto, el senador PPD y presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, Felipe Harboe, sostuvo que “el monto de rebaja y quién la realiza debe ser decidido técnicamente y no políticamente (…) No tengo evidencia técnica para apoyar o desvirtuar eso (la rebaja de un 50%). La discusión en la Cámara, fue política pero no hay ningún antecedente técnico que se haya puesto en la discusión”.
A su turno, el senador DC y también integrante de la instancia Francisco Huenchumilla, coincidió en este punto, señalando que “quiero saber en qué se basaron los diputados para la cifra del 50%. No tengo los antecedentes, porque no hemos llegado a esa parte todavía”.
El artículo transitorio del proyecto establece que en el período entre la publicación de la reforma constitucional y la fijación de remuneraciones que establezca la comisión ad hoc, las autoridades “solo tendrán derecho a percibir el 50% de su remuneración o dieta vigente”.
El rol del Central
Cabe recordar que los salarios de las autoridades públicas “serán fijados cada cuatro años por una comisión integrada por dos miembros designados por el Consejo de la Alta Dirección Pública, dos miembros designados por el Banco Central y un miembro designado por el Presidente de la República”. Para el desarrollo de esta función, el Banco Central actuará como secretaría técnica de esta comisión, proveyéndola de los antecedentes necesarios para el cumplimiento de su cometido, establece la iniciativa.
Justamente el hecho de que que el Banco Central sea la entidad encargada es otro de los puntos en discusión. Harboe recordó que el propio presidente del instituto emisor Mario Marcel “manifestó que no era conveniente que ellos tuvieran acceso a fijar las dietas, pero sí estaban dispuestos a participar en una instancia donde se decidiera”.
Por su parte, Galilea propuso que sea el Servicio Civil el ente encargado: “No creo que el Banco Central deba asumir esa tarea, está muy lejos de sus objetivos. Una opción para revisar esto y hacer una correcta evaluación puede ser el propio Servicio Civil”.
Huenchumilla se sumó a estas aprensiones, señalando que “soy partidario de que tengamos un Banco Central preocupado de la política monetaria, la inflación, la política cambiaria, y no me gusta ponerle colgajos al Banco Central. Queda bien si lo mantenemos dentro de los objetivos que tiene que tener una entidad de esta naturaleza”.
FUENTE EL MOSTRADOR
