Como una “negligencia” por parte de la Municipalidad de Copiapó calificó la Contraloría, las extensiones de contrato efectuadas con la empresa de servicio de recolección de basura, por trato directo sin fundamento. Por ello, el organismo fiscalizador instruyó un sumario para determinar las respectivas responsabilidades del caso, según informó la propia Contraloría.
Según se indicó, el contrato original operó entre el 7 de mayo de 2012 y 31 de diciembre de 2018. Luego, mediante un decreto alcaldicio extendió el convenio con la empresa por seis meses (1 de enero al 30 de junio de 2019), lo que estaba permitido en el contrato.
El municipio de Copiapó fundamentó esta prolongación en que la unidad técnica no pudo definir las bases administrativas para un nuevo proceso de licitación pública.
Según se añade, una vez concluida esa prórroga, la municipalidad extendió la contratación directa del servicio con la misma empresa, entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2019, con el pretexto de preparar la licitación. Sin embargo, la Contraloría Regional argumentó que ese mecanismo es de carácter excepcional y que es preciso acreditarlo efectiva y documentadamente, lo que no ocurrió.
Además, el organismo fiscalizador señaló que, en este caso, el trato directo fue consecuencia de una negligencia previa respecto de los llamados a licitación que debieron realizarse tomando en cuenta el tiempo necesario para llevar a cabo el proceso y las consecuencias que podrían sobrevenir de la suspensión del servicio dada su naturaleza.
Finalmente, el concurso público se realizó el segundo semestre de 2019, con un plazo de funcionamiento de seis años, que además contemplaba un período de 130 días para su instalación.
A pesar de que la firma que se ganó la licitación es la misma que ha operado en los últimos años, la municipalidad nuevamente le dio un contrato por trato directo por 120 días para su instalación. Esta situación “podría conllevar la superposición de dos contratos con la misma prestación a servir”.
La indagatoria de la Contraloría se realizó a partir de una denuncia presentada por una concejala de la Municipalidad de Copiapó. La respuesta se materializó en el pronunciamiento jurídico N°34.205/2019.
FUENTE Contraloría Regional de Atacama – Imagen Copiapo.cl
