No importaban las capturas, solo “los muertos”. Cuando en 2006 llegó a comandar una fuerza élite del ejército colombiano contra el secuestro, el mayor Gustavo Soto siguió esa directriz “instigado”, según él, por el alto mando que le exigía resultados.
Confiesa que premió a sus tropas por matar a civiles que hicieron pasar por guerrilleros o delincuentes. Así, asegura, se inflaron resultados en un conflicto que empezó en los años sesenta. La práctica se conoce como “falsos positivos” y es el mayor escándalo en la historia militar de Colombia.
“No fui yo el que inicié eso (…), los soldados sabían cómo presentar las muertes, cómo hacerlo”. Ya en la operación, “se cogía a la persona, en una captura, pero la orden era darlo de baja, presentarlo como muerte en combate”, detalla en entrevista exclusiva con la Agence France-Presse.
De 48 años y cortado al rape, el oficial en retiro sostiene que presenció una ejecución y, en otras, facilitó las armas que los militares ponían en manos de los muertos.
“El dinero que yo debí haber utilizado (…) en buscar a las personas secuestradas, me tocó utilizarlo para comprar armas y pagar a muchos reclutadores” de civiles, que fueron conducidos a la muerte con engaños de un “trabajito”.
Los soldados eran premiados. “Tenían cinco días de permiso (…) Y a mí me dieron, por estar entre las diez mejores unidades, quince días en la ciudad de Quito en 2007”. Ese año Soto fue detenido.
En 2018 recobró temporalmente la libertad como parte de un arreglo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a partir del acuerdo que desarmó y transformó en partido a los antiguos rebeldes de las FARC.
Soto se comprometió a contar la verdad y reparar a sus víctimas, para obtener una pena alternativa a los 32 años de cárcel que le esperaban por homicidio y secuestro.
Es la primera vez que Soto habla con la prensa sobre lo que le dijo a los magistrados que juzgarán los peores crímenes cometidos en una guerra que deja ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
“Todo el mundo callaba”
Entre mayo de 2006 y octubre de 2007, Soto estuvo al frente del cuerpo élite contra el secuestro y la extorsión (Gaula) en el departamento de Casanare, en el noreste colombiano.
Asumió el mando con un resultado operacional de 10 a 14 bajas (fallecidos), y salió de esa unidad con un récord de “83 muertes”. “Por ahí unas cuatro o cinco fueron operaciones totalmente legales, las demás son muertes ilegítimas”.
La fiscalía ha documentado 2.248 “falsos positivos” entre 1988 y 2014 en varios puntos del país. El 59% de los casos se produjo en el gobierno del ahora senador Álvaro Uribe (2002-2010), que combatió sin tregua a los grupos rebeldes.
El 48% de las víctimas de los militares eran jóvenes entre 18 y 30 años. Varias de las 200 unidades del ejército de la época recurrieron a esa práctica.
Según Soto, como comandante hizo varias operaciones con el extinto cuerpo de policía secreta DAS, disuelto en 2011 por una trama de espionaje a periodistas, jueces y políticos.
“Los del DAS fueron los que me enseñaron (…) El fiscal tampoco era que me dijera: ‘Bueno, mayor, hermano, qué está pasando aquí’. Nada, como que todo el mundo se callaba, nadie decía nada, sabían que todo era ilegal”.
“Dispare y recoja”
Durante un tiempo los soldados lograron encubrir sus crímenes extraviando los documentos de identidad de las víctimas. “Tampoco dije nada de eso, lo vi normal, permití que eso sucediera. En aquel entonces no sentía remordimiento porque yo veía que en la brigada ese era un resultado operacional”.
Soto se sintió “blindado”. Afirma que el entonces comandante del ejército, general Mario Montoya, medía los resultados operacionales “en muertos”.
“A él no le interesaban las capturas (…) fui testigo de (una vez que) un mayor de apellido Rodríguez no tenía ningún muerto. Llegó el comandante del ejército y le dijo: ‘¿Mi mayor, es que en (el municipio de) Barrancominas no hay guerrilla?””.
Para espetarle luego: “Lo que tiene es que colocar un batallón en línea y dar la orden: ‘disparen’. Y vaya y recoja, como quien dice (a) lo que dispare (…) ya es ganancia, eso es muerto”.
Aunque no ha sido condenado, Montoya está ofreciendo su versión a la JEP. Su defensa negó a la AFP los señalamientos. “En ningún momento existió una directiva o directriz al ejército para hechos tan atroces”, sostiene el abogado Andrés Garzón.
Ahora Soto teme por su vida. “Esta verdad que yo estoy diciendo seguramente que puede (tener) un precio”, se resigna el oficial, que dentro de poco deberá encarar a las familias que enlutó. Su abogada, Tania Parra, también ha recibido amenazas.
Fuente: Biobiochile.cl
