A casi dos semanas de que se concretara el acuerdo entre el Gobierno y algunos partidos políticos por un plan de emergencia para enfrentar los efectos de la pandemia, varios son los temas que por estos días generan diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso, acrecentando la tensión entre ambos poderes del Estado.
Fue el lunes recién pasado, cuando el Presidente Sebastián Piñera sorprendió al anunciar que convocará a un grupo de ex parlamentarios, académicos y expertos para proponer perfeccionamientos a los criterios y procedimientos con que el Congreso determina la admisibilidad de las iniciativas. Esto con el objetivo evitar la presentación de proyectos inconstitucionales, que desde el Ejecutivo aseguran que han proliferado desde el estallido social de octubre y con la llegada del coronavirus.
La situación además había generado roces al interior de Chile Vamos, debido a la presentación o el apoyo que algunos de sus parlamentarios han dado a este tipo de iniciativas. Pero fue la tensión producida por los proyectos de suministros básicos y posnatal de emergencia, la que llevó a La Moneda a intervenir en esta problemática que afecta a la institucionalidad vigente.
Diferencias por comité
El anuncio de Piñera fue duramente criticado por la oposición, quienes calificaron la creación de un comité como “una pérdida de tiempo” y recordaron que la Constitución le otorga facultades en caso de que considere que un proyecto de ley es inadmisible o inconstitucional.
El tema también causó molestia en la mesa del Senado, liderada por su presidenta, Adriana Muñoz (PPD) y el vicepresidente, Rabindranath Quinteros (PS), quienes a través de una declaración pública señalaron que las declaraciones de admisibilidad es una prerrogativa de los parlamentarios y que el Gobierno tiene otras herramientas como ir al Tribunal Constitucional (TC).
“En medio de la crisis generada por la pandemia, no parece adecuado ni oportuno intentar modificar estas reglas, nos gusten o no”, aseveraron, lamentando que el Presidente busque “perseverar y profundizar una discusión sobre los procedimientos”.
Desde la Cámara, en tanto, su presidente, Diego Paulsen (RN), precisó que “la única sede donde se debe discutir cualquier enmienda al proceso de declaración de admisibilidad de los proyectos de ley es el Congreso Nacional”, añadiendo que “el Congreso Nacional es un poder independiente del Ejecutivo”.
Respuesta que llevó al Ejecutivo a aclarar que la idea es materializar su propuesta en un proyecto de ley que deberá ser visado por el Congreso. “Al final del día es el propio Parlamento quien deberá decidir si acoge o rechaza la propuesta del Ejecutivo como colegislador”, recalcó el titular de la Segpres, Claudio Alvarado.
Servicios básicos
Ruido causó esta semana en Palacio algunas versiones de prensa y de parlamentarios de oposición que aseguraban que el Gobierno vetaría la ley que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia, debido a sus reparos por la inconstitucionalidad de la medida.
Dichas informaciones generaron molestia entre algunos parlamentarios del bloque opositor, quienes han pedido a La Moneda promulgar la normativa que fue despachada por el Congreso el pasado 11 de junio, con un amplio apoyo transversal.
Desde el Ejecutivo han señalado que si bien comparten el fondo de la preocupación que originó esta iniciativa, han recordado que dichas materias fueron abordadas el pasado 27 de marzo, cuando Piñera anunció una serie de acuerdos con empresas de servicios básicos e Internet para ayudar a los usuarios durante la crisis sanitaria.
Pese a ello, el Gobierno optó por no llevar la medida al TC, decisión que generó molestia en algunos legisladores de Chile Vamos, aunque todavía está la posibilidad de enviar un veto.
Y pese a que el subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, indicó el miércoles en Twitter que “el Gobierno no ha ingresado un veto a la ley de servicios básicos”, también acotó que “aún se está dentro de los plazos legales para tomar una decisión, la que será comunicada por las vías formales correspondientes”. Algo que se espera se concrete en los próximos días.
Posnatal de emergencia
El miércoles, además, el Mandatario presentó un proyecto de ley que busca ayudar a las madres, padres y cuidadores de niños menores de seis años que estén sufriendo complicaciones económicas en medio de la crisis. Con esto, se persigue que las mamás que estén en posnatal durante la pandemia podrán tener acceso a la ley de protección del trabajo y al seguro de cesantía.
De esta forma, el Gobierno daba una alternativa a una necesidad que ha surgido durante la pandemia y que busca cubrir el proyecto de posnatal de emergencia, cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por La Moneda. Y pese de que algunas de las impulsoras de esta última iniciativa valoraron el anuncio del Ejecutivo, también lo calificaron como “insuficiente”.
Es más, legisladoras de la oposición y de RN avisaron que continuarán “empujando” la iniciativa que ya fue aprobado por la Cámara y que, tras haber sido declarado inconstitucional por el Senado, ahora está enfrentando una comisión mixta de diputados y senadores que deberá resolver su admisibilidad.
Retiro fondos AFP
También se puso sobre la palestra la posibilidad de que las personas puedan retirar el 10% de sus fondos de las AFP, idea que se abrió a analizar esta semana el timonel de RN, Mario Desbordes, afirmando que podría ser una opción para las familias de clase media que no recibirán las ayudas sociales generadas en la emergencia.
“A mí me asusta la desconexión con la realidad de un sector de la élite que no logra ver lo que está pasando con importante sectores de la clase media a los que no les va a llegar el IFE”, expresó Desbordes el jueves a Radio ADN.
La idea ha generado revuelo en Chile Vamos, siendo desestimada por sus socios de la UDI y Evópoli, así como también por algunos ministros del Ejecutivo. De hecho hoy, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, reiteró que aunque se trata de una medida “muy popular”, “estamos convencidos de que esa es una solución que daña las pensiones futuras”.
Esto se suma al proyecto se resolución -de la oposición- aprobado el martes en la Cámara para que el Mandatario patrocine una reforma constitucional presentado por parlamentarios, teniente a que las personas puedan precisamente retirar hasta el 10% de sus fondos de las AFP durante la pandemia.
Fuente: emol
