Se acerca el cierre del Mes de la Minería y también, de la primera fase de discusión en el Senado del proyecto de ley que propone la aplicación de un royalty de un 3% sobre las ventas a la minería privada del país. En este contexto, la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA) realizó el seminario “Royalty: Una mirada desde Atacama”, el cual se enfocó en analizar los efectos que podría tener la hipotética aprobación de esta medida en la región y la macrozona norte.
De acuerdo con Daniel Llorente, presidente de Corproa, “estamos en un momento trascendental para Atacama. Se pueden generar muchos cambios, dados los planteamientos legislativos”, señaló agregando que “Atacama es la capital de la pequeña y mediana minería. Tenemos también operaciones de gran minería que se pueden ver afectadas por la ley que se discute en el Congreso”. Añadió que un 96% de las exportaciones de la región de Atacama se explican por la minería.
Cabe recordar que la propuesta de royalty, además de aplicar un 3% de recaudación sobre las ventas, considera tasas que se incrementan a medida que el precio de los minerales aumente. En el caso del cobre, con los actuales precios por sobre los US$ 4 la libra, la carga tributaria podría llegar a más de un 80% para cada empresa minera. Con esto, Chile tendría una tributación superior al doble que las demás jurisdicciones mineras.
Impactos a la región
El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, realizó la primera ponencia en el seminario. Se enfocó en desmitificar ciertos lugares comunes que se generaron desde que comenzó la discusión del proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, ante la idea de que la minería no es debidamente fiscalizada, explicó que las fiscalizaciones tanto en Chile como en el extranjero son múltiples y que no hay ocultación de información en la minería. En ese sentido, hay exigencias internacionales para la transparencia de la industria en su conjunto.
Asimismo, Villarino precisó que “la minería privada ha pagado US$45.000 millones en los últimos 20 años en impuestos dentro de Chile”. Lo anterior es una cifra lo suficientemente contundente como para reforzar la idea que la minería ha aportado a las arcas fiscales y el desarrollo nacional.
En otro punto, aclaró que el Impuesto Específico a la Minería sí corresponde desde el punto de vista técnico a un royalty ya que, efectivamente, promueve una compensación al Estado por la extracción de minerales que son propiedad de este último. Es más, “el Impuesto Específico de Minería es un royalty que se ajusta a los márgenes operacionales. Con los precios actuales de cobre, se pueden triplicar las ganancias para el Estado”, dijo Villarino, subrayando que este modelo fue destacado por el Banco Interamericano de Desarrollo dada su capacidad de equilibrar el atractivo de inversión con la recaudación para el fisco.
“Se ha faltado a la verdad de manera sistemática en la discusión por el proyecto de ley de royalty minero”, enfatizó el presidente ejecutivo del Consejo Minero
Motor regional
Por su parte, desde Minera Candelaria -operación controlada por la canadiense Lundin Mining- su gerenta de Administración, Karina Briño, explicó que la faena es verdaderamente “un motor económico para la región. El 98% de los trabajadores y trabajadoras son de Atacama”. Y la compañía no deja de lado medidas para una transformación laboral profunda con el compromiso de duplicar la participación femenina, que hoy es de un 10%.
Respecto del royalty tal como está planteado actualmente, puntalmente para la operación podría significar que no prospere su plan de expansión para 2040 y que la operación solo consiga funcionar hasta 2030, comentó Briño.
Adicionalmente, Paulina Contreras, subgerente de Impuestos de Candelaria hizo hincapié en que “la actividad minera deja mucho más que los impuestos. Hay más contribuciones en empleos, apoyo a las comunidades, etc. Estamos a favor de una discusión técnica en especial para apoyar desarrollo de Atacama”.
Respecto de los puntos anteriores, el presidente ejecutivo del Consejo Minero puntualizó que en total 160.000 trabajos tendrían riesgos frente a la aplicación de la moción parlamentaria que fue aprobada en la Cámara de Diputados.
Además, Villarino se refirió al cambio climático y a las oportunidades que tiene Chile de aportar minerales para fortalecer la transición energética que requiere el planeta. “El calentamiento global está imponiendo una migración hacia una matriz energética con fuentes más limpias y en todo esto el cobre y litio cumplirán un rol fundamental”, indicó.
