Una serie tratos directos que realizó el Hospital Regional de Antofagasta con empresas que no contaban el giro adecuado para su contratación en el área de salud, reveló un nuevo informe de la Contraloría Regional.
Según consignó El Mercurio de Calama, “el fenómeno repite observaciones similares que la misma Contraloría halló en investigaciones realizadas en el Gobierno Regional y en el Servicio de Salud durante el 2020”.
En detalle, el texto manifiesta que de las 14 empresas contratadas en trato directo en 2020, cuatro proveedores habían modificado sus giros comerciales luego de la emisión de las órdenes de compra. Y, las otras diez, cambiaron su giro durante el año mencionado.
“La Contraloría determinó que el hospital no entregó antecedentes que permitieran dilucidar la razón para solicitar cotizaciones a dichos proveedores”, puntualiza el medio.
Respecto a los gastos realizados por el hospital durante la emergencia de la pandemia de covid-19, el informe mostró que la cifra alcanzó los $3.884.010.056, de los cuales $1.262.708.670 (el 33%) fue desembolso con empresas que no acreditaban experiencia en salud.
Versión del centro hospitalario
“En los procesos, siempre se ha dado cumplimiento a la Ley 19.886 y su reglamento, que establece y garantiza la libertad de oferentes y la libre concurrencia, en donde no se le pueden poner mayores barreras de entrada a los oferentes que las establecidas en los cuerpos legales citados. Es importante destacar que los servicios se prestaron en su totalidad y los vienes adquiridos fueron entregados para cumplir con los fines que se tuvieron en cuenta”, acotaron desde el centro.
Adicionalmente, según precisó el medio, hubo una parcialización de compras de mascarillas y pecheras, “no existiendo documentación que acreditara las razones de la fragmentación”.
Desde el centro hospitalario explicaron que “esta volatilidad de precios no hacía recomendable hacer un convenio permanente, ya que los convenios fijan un valor por un plazo determinado, por lo que al alto valor de los insumos en ese momento no fomentaban ni hacían convenientes procesos en donde la vigencia sea mayor a tres meses, ya que se esperaba que en un momento determinado los valores se estabilizarían”.
Por otro lado, el informe también destaca que el hospital deberá entregar en los próximos 30 días la documentación que respalde la entrega de servicios por una suma de $37 millones, que no fueron respaldados al momento de la investigación.
Con todo, el diputado de la zona Esteban Velásquez, dijo que “se observa poca prolijidad en resguardad las platas dirigidas a los ciudadanos en razón de beneficiar a ciertos proveedores que no cumplen con los atributos para prestar servicios a los hospitales”.
Agregó que “hay un modus operandi que se repite, que lo único que busca es hacer negocio con las platas de los hospitales sin el más mínimo interés en el resguardo que corresponde para estos tiempos”.
Fuente: Emol.com
