Tamara Miranda Gómez, Terapeuta Ocupacional, académica UCEN Región Coquimbo
Habitualmente cuando una familia tiene un niño, niña o adolescente con un diagnóstico de salud mental, debe enfrentar diversos desafíos. Entre ellos; el proceso del duelo, la búsqueda de la mejor intervención, cambios de colegios, el convivir con conductas disruptivas, discriminación familiar, entre otros factores, pero finalmente, hay una meta que todas las familias persiguen, y son los avances en la rehabilitación y bienestar del niño o niña.
La rehabilitación infanto-juvenil, es una parte esencial de la cobertura sanitaria universal, junto con la promoción, prevención y el tratamiento de enfermedades.
La Organización mundial de la Salud (OMS), menciona que gran parte de las necesidades de rehabilitación no están atendidas. En algunos países de ingreso bajo y mediano, más del 50% de las personas no reciben los servicios que precisan y actualmente además están entre los más afectados por la pandemia de COVID-19.
Contar con presupuesto, infraestructura y personal necesarios para tratamientos de rehabilitación eficaces es una exigencia de protección social. Los diversos diagnósticos en niños, niñas y adolescentes deterioran la calidad de vida, y significan para los padres, madres y cuidadores, un costo económico y social.
Es alta la brecha existente en nuestro país, entre la alta prevalencia de diagnósticos de salud mental infantil y el escaso presupuesto público destinado a su tratamiento.
Los recursos que ofrece la salud en Chile, son insuficientes para alcanzar los objetivos señalados en materia de promoción, prevención y tratamiento de diagnósticos infantiles, específicamente desde la rehabilitación de salud mental, por esta razón padres, madres, cuidadores y especialistas del área, solicitan diversas peticiones, entre ellas, la obligatoriedad en la red asistencial de protocolos para detección y diagnóstico temprano, capacitaciones en instituciones y la incorporación de centros especializados de tratamiento.
Actualmente, los niños y niñas, frecuentemente son apoyados en sus colegios por el Programa de Integración Escolar (PIE) del establecimiento. Sin embargo, adicionalmente como en la mayoría de los casos tienen que asistir a sesiones particulares con neurólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psiquiatra y psicólogo para otorgarles una mejor calidad de vida.
Nuestro país y región, necesita una política pública en esta materia; y no sólo de salud, sino también en educación para la comunidad, políticas que incluyan planes de desarrollo e investigación, clarificación en la cantidad de usuarios, tipos de diagnósticos, instituciones para realizar terapias; y listas de profesionales especializados en el área.
A ello habría que agregar estadísticas claras, reales y actualizadas sobre la prevalencia e incidencia, lo cual nos permita como país y región diseñar planes de rehabilitación acertados para los diversos diagnósticos y protocolos que sean utilizados por el Ministerio de Salud y que aseguren la atención temprana del equipo de profesionales, mejorando el pronóstico para nuestros niños y niñas y la disminución de la brecha a nivel económico como social.
En conclusión, centros públicos que ofrezcan un equipo completo de profesionales expertos, con precios accesibles para todas las familias de Chile y sus regiones.
