A inicio del año pasado diputados de la colectividad, incluyendo al Presidente electo, acudieron al TC buscando que se pronunciara en contra de parte de la normativa.
En medio de la crisis que se está viviendo en la Región de Tarapacá a partir de las protestas ciudadanas y de gremios por la migración descontrolada en la zona y los problemas de seguridad que se han generado en torno a ella, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, emplazó al próximo Gobierno a explicar si han cambiado de opinión respecto a este tema, recordando la postura que tomó el Frente Amplio con la nueva ley que regula el arribo de extranjeros al país.
“Esa herramienta que buscamos hace tanto tiempo, hubo 42 parlamentarios de oposición ligados al Frente Amplio, inclusive está dentro de ellos el Presidente electo, tres futuros ministros y tres subsecretarios que fueron al Tribunal Constitucional para que no existiese la reconducción”, dijo ayer el jefe de gabinete aludiendo a una “amnesia política”, luego de anunciar que hoy viajará a Iquique y que continuarán con las expulsiones.
Eso luego de que una hora antes la futura titular de su mismo cargo, Izkia Siches fuera consultada sobre el tema y ella respondiera que “hay que preguntarle al Gobierno. Creo que eso es lo que hay que hacer, ir a preguntarle al Gobierno, al ministro (Rodrigo) Delgado cuáles son las medidas que van a tomar, ojalá se puedan implementar”, señalando que la situación en el Norte del país “es un problema sensible”.
Al TC
Cabe recordar que el 2 de diciembre de 2020 un grupo de 41 legisladores de oposición, del Frente Amplio, Partido Socialista y Partido Comunista acudió al organismo por considerar inconstitucional 14 puntos del proyecto que finalmente fue despachado el 14 del mismo mes.
Entre los firmantes del recurso presentado ante el Tribunal estaba el Presidente electo, sus futuro ministro de la Segpres, Giorgio Jackson (RD); Defensa, Maya Fernández (PS) y Segebob Camila Vallejo (PC) además de los próximos subsecretarios del Interior Manuel Monsalve (PS) y de la Subdere, Miguel Crispi (RD).
Finalmente, el 20 de enero del año pasado el TC acogió parcialmente el requerimiento, declarando inconstitucional seis de los artículos de la norma: parte del inciso segundo del artículo 27, la segunda parte del inciso octavo del artículo 117, artículo 132, inciso cuarto del artículo 137, inciso tercero del artículo 135, la segunda parte del inciso primero y el inciso segundo del artículo 175, artículo 176 numeral 16.
Entre estos está el que regula el plazo de expulsión que existe para una persona privada de libertad (bajando de 72 a 48 horas) y el que regulaba el retorno asistido de niños, niñas y adolescentes.
Responsabilidad del actual Gobierno
Ahora bien, la vocera del próximo Gobierno (y firmante del requerimiento), Camila Vallejo, también se refirió al tema insistiendo que es la actual administración la responsable de lo que está ocurriendo, que considera a miles de personas, mayoritariamente de Venezuela, acampando en lugares públicos y enfrentamientos entre carabineros y extranjeros, lo que ha derivado en protestas que ayer incluyó que el aeropuerto de Iquique permaneciera paralizado.
“Para nosotros estas son situaciones de alta preocupación, son graves, son situaciones complejas, y si estamos donde estamos es porque también nos interesa gobernar de manera distinta estas situaciones para dar soluciones a la ciudadanía, pero para eso tenemos que prepararnos. Nosotros a partir del 12 de marzo vamos a ejercer las funciones de gobierno, por ahora estamos trabajando en la conformación de los equipos de las instancias correspondientes, para llegar a asumir esas funciones con total responsabilidad y porque además respetamos que el actual Gobierno siga siendo de Sebastián Piñera hasta el 11 de marzo y tiene un mandato constitucional”, dijo este lunes.
La militante del PC subrayó que “nosotros estamos trabajando, tenemos un programa de gobierno, estamos trabajando con nuestros equipos para preparar todo lo necesario para cuando nos toque ser gobierno y empezar a liderar políticas al respecto. Por el momento yo entiendo la ansiedad, pero el Gobierno de Sebastián Piñera tiene un mandato constitucional de gobernar hasta el 11 de marzo y nosotros respetamos esas funciones y ese deber que tiene el actual Mandatario”.
Asimismo, la próxima vocera de La Moneda comentó que “nosotros tenemos una opinión crítica y por eso los resultado que tenemos en el Norte, pero entendemos, insisto, que la responsabilidad del Gobierno y de ejecutar políticas publicas para dar soluciones o atender a la situación crítica que se está viviendo en el Norte es del Gobierno actual, y esperamos obviamente que se den respuestas inmediatas como también de largo plazo, entendiendo que esto es complejo, porque toca política migratoria, toca coordinación internacional con otros países y eficiencia en esa coordinación, toca temas de derechos humanos, toca temas de seguridad, toca varias aristas. Nosotros entendemos la integralidad del problema, creemos que es de suma gravedad, tenemos una mirada crítica, pero para poder dar solución a eso, tenemos que llegar nosotros a asumir el 11 de marzo”.
Postura del Presidente electo y su detalles de su programa
En ese sentido, cabe señalar que la página 189 del programa que está disponible en el sitio web boricpresidente.cl se refiere a la política migratoria del Mandatario electo a la que hizo alusión la nominada ministra de la Segpres. Ahí se reconocen cinco ejes sobre el fenómeno y se proponen la misma cantidad de soluciones.
Sobre el punto “migración regular” se plantea que “Chile tiene una frontera permeable y por lo mismo nuestro compromiso es mantener condiciones de control de frontera que eviten la migración irregular a través del combate a las redes de trata y tráfico de personas, y mediante mecanismos de empadronamiento y evaluación de la situación de quienes a pesar de los controles ingresen clandestinamente. Quienes hayan cometido delitos graves o tengan antecedentes penales no podrán permanecer en el país”.
Junto con un enfoque de derechos humanos se propone un “enfoque territorial”: “Los procesos migratorios tensionan los territorios, ninguna sociedad está preparada espontáneamente para incluir a las personas migrantes, por ello el Estado cumple un rol esencial en crear las condiciones para que las tensiones inherentes a la migración, no deriven en conflicto, violencia y un incremento de la vulnerabilidad. El apoyo a las comunidades y territorios de recepción es esencial y en esa línea nuestro programa fortalecerá las capacidades de los gobiernos locales y regionales para enfrentar la llegada y asentamiento de colectivos migrantes asegurando el bienestar de las comunidades receptoras”.
Junto con firmar el Pacto de Marrakech e iniciar un proceso de revisión de la actual normativa para adecuarlo a ese instrumento, se plantea que se debe “velar por una correcta implementación del Servicio Nacional de Migración en cada una de las regiones, promoviendo descentralizadamente la formación de sus funcionarios en derechos humanos, interculturalidad, el derecho al asilo y la no discriminación”.
Y otro punto que propone el programa del Presidente electo es “garantizar y ampliar los derechos políticos de chilenas y chilenos residentes en el extranjero, resguardando la protección frente a vulneraciones de sus derechos sociales y civiles, fortaleciendo su vinculación con consulados y otros servicios del Estado y creando condiciones para que puedan retornar al país, cuando así lo deseen”.
Asimismo se indica que plantea “desarrollar acciones nacionales, bilaterales y multilaterales para enfrentar la multidimensionalidad de las crisis humanitarias que ocurren en la región y su correlato en los procesos de migración masiva y de refugio” junto con que “como respuesta a la crisis migratoria y al crecimiento de la migración irregular proponemos realizar un empadronamiento de las personas que se encuentran en situación de irregularidad para iniciar una evaluación de cada caso, atendiendo las necesidades y capacidades de los mercados de trabajo locales y los compromisos internacionales que tiene Chile en materia de refugio y protección de la infancia”.
Ahora bien, previo a darse a conocer el programa del futuro Mandatario, él dio luces sobre cómo abordaría la materia, durante el periodo de campaña.
Así, antes de que se desarrollara la primera vuelta, manifestó que el actual Ejecutivo “abandonó a los migrantes” tras la invitación del Presidente Sebastián Piñera, formulada en Cúcuta en 2019, asegurando que “nosotros vamos a liderar un acuerdo a nivel regional, tal como sucede en otros continentes, para que el desafío de la migración pueda llevarse adelante de manera equilibrada con todos los países de América Latina. Eso significa establecer cuotas por países y tránsitos dignos. La migración es un fenómeno que no es nuevo y que no va a acabar”.
Adicionalmente, manifestó que esto significaría un cambio diametral respecto a la actual forma de enfrentar la dificultad, o al menos, una vuelta de tuerca hacia la política llevada a cabo por el actual Gobierno: “Nosotros vamos a tener una política diferente a la de Piñera, que es invitar y después abandonar. Vamos a hacernos cargo en conjunto con los otros países de la región, estableciendo condiciones de dignidad para todas las personas”, puntualizó.
En tanto, tras su triunfo en primera vuelta el Presidente electo intensificó su preocupación en la materia, planteando una postura más crítica.
“No podemos seguir permitiendo lo que ha sucedido durante los cuatro años de este gobierno, con una migración descontrolada, sin capacidad de controlar nuestras propias fronteras (…) Nos vamos a preocupar de cuidar y hacer respetar la ley en la frontera”, dijo el candidato.
“En esto vamos a trabajar en conjunto con los gobiernos regionales de pasos fronterizos para llevar a cabo este compromiso, porque si no hay migración ordenada, hay afectación para todo el territorio, quienes entran y quienes están”, agregó.
Fuente: Emol.com
