Lorayne Finol, Abogada, académica de la Universidad central Región Coquimbo
Cuando se cumplen 13 años de la promulgacióndel cuerpo legal – conocido comoley de transparencia- se cuestiona que su eficacia se evalúepor la cantidad de requerimientos de información en el portal de transparencia, tanto a nivel de gobierno central como local. Conforme a ello, un característico incremento de requerimientos de información, cuantificado en 172% interanual, podría interpretarse como favorable a la obligación de transparencia del gobierno, consecuencia de la gran cantidad de solicitudes de acceso a la información, que actualmente son más de 1.300.000, pero en desmedro de la calidad, apertura, confianza y reutilización de la información pública.
Una rápida revisión de los principales indicadores sobre el tema podría pensarse que poco o nada se ha logrado, dado que las últimas mediciones indican que la percepción de transparencia del país no mejora, con un estancamiento que impide superar el escaño Nº 27 del Ranking Global de Transparencia, reflejado durante el periodo 2017-2021, aunado al deterioro considerable de la confianza pública expresado en un 54% de la población que considera que la corrupción se ha incrementado en los últimos 12 meses.
Por otra parte, también es importante reconocer que esta legislación marcó un hito importante en el sistema interamericano, porque ella misma representa el cumplimiento de una obligación internacional del Estado, cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el año 2006 condena a Chile por negar el acceso a información relativa a inversiones internacionales al sur del país. Este caso, identificado como la Sentencia Claude Reyes y otros contra Chile, de 19 de septiembre 2006, como mecanismo de no repetición exhorta promulgar una normativa capaz de garantizar efectivamente el acceso a la información pública, dando inicio al reconocimiento progresivo de un nuevo estándar del derecho a la información.
Ahora bien, considerando que los presupuestos fácticos que motivaron su promulgación han cambiado y en el marco de una reforma profunda, es importante reconsiderar nuevas dimensiones, a la luz de las investigaciones recientes, que incorporan nuevos principios e indicadores de gobernanza abierta, derecho a la buena administración y prácticas de buen gobierno.
