Pronto, el pleno de la Convención Constitucional deberá debatir las normas propuestas por la Comisión de Sistemas de Justicia y que contiene una serie de medidas, siendo la más polémica, la creación de un Consejo Superior, designado por el poder político.
Hecho que, según varias asociaciones de fiscales, vendría a permear el sistema judicial, haciendo que varios trámites sean mucho más burocráticos, engorrosos e incluso dando pie a la corrupción al interior del Ministerio Público.
Al menos tres personas de este consejo serían designados por el poder político, algo que instauraría conflictos en la toma de decisiones, en una institución que debería ser neutral. Así dio cuenta Renán Gallardo, consejero de la Asociación Nacional de Fiscales y fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Copiapó, para quien, “El remedio es peor que la enfermedad”.
Pese a que los fiscales también pueden ingresar a este Consejo Superior, deben ser electos por votación popular, algo que vendría a instalar la política interna y los distraería de su principal función, impartir justicia.
Pese a este rechazo transversal a la creación de este nuevo organismo, las distintas organizaciones de fiscales ven con buenos ojos que el Fiscal Nacional deba dar cuenta de sus decisiones y la creación de una norma que señale que los fiscales regionales deban tener, al menos, 5 años de experiencia.
Estas agrupaciones también le proponen a la Convención Constitucional, la creación de una escuela de capacitaciones para los fiscales, así podrían adquirir más herramientas y mayor experiencia al momento de ejercer cargos.
Además, que cada comuna tenga su fiscal, algo que, por ejemplo, podría beneficiar a los vecinos y vecinas de Alto del Carmen, quienes a día de hoy, no cuentan con un fiscal propio.
