Expertos afirman que la medida por sí sola no resolverá la comisión de delito, pues Chile también se enfrenta altos niveles de ingreso y producción ilegal de armamentos.
“La violencia armada no será tolerada en nuestro país. Nuestro Programa Menos Armas, Más Seguridad, propone la limitación radical de su acceso legal”. Dijo el miércoles el Presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública, instancia donde también solicitó el apoyo del Congreso para avanzar en una normativa que forma parte de dicho plan.
Esto, porque la estrategia propone otros ocho objetivos adicionales, entre ellos, la creación de la Unidad de Control de Armas; el aumento de incautaciones con apoyo de Carabineros y la PDI; operativos de fiscalización en armerías; adelantamiento del plan anual de fiscalización de armas de fuego (en julio); la modernización al sistema de control y registro; el fortalecimiento de campañas de entrega de arma en territorios; e indicadores territoriales para monitoreo del uso de armas de fuego.
Así, la idea es llegar a una prohibición total de tenencia de armas y fortalecer la institucionalidad a cargo de la fiscalización. Todo ello, bajo el argumento que el Ministerio del Interior expresa en el detalle del plan: el “freno” a la circulación de armas de fuego, podría “disminuir la cantidad de delitos violentos“.
“La evidencia a nivel mundial ha dejado claro que el aumento de este tipo de delitos (violentos) está asociado al acceso de amas de fuego. Es por ello que este plan busca cumplir un rol clave en su control”, complementa la cartera.
El tema genera debate. El Presidente Boric, durante su mensaje en cadena nacional del miércoles, y consciente de las reticencias que provoca el tema en algunos sectores, afirmó que “algunos creen que una sociedad con barrios repletos de armas podría solucionar algo. Se equivocan profundamente. Las armas son fuente de riesgo, violencia, delincuencia y muerte. Lo son en Estados Unidos y lo son también en Chile. No queremos llegar a eso”.
¿Hay punto de comparación?: Las cifras de Chile
Según el portal Small Arms Survey -con datos especializados en armas y violencia armada, con sede en Suiza-, en 2020 en Estados Unidos había 120,5 armas cada 100 habitantes, y se estima que 393 millones de armas están en posesión de civiles. En Europa, países como Finlandia tendrían 1,7 millones de armas en manos de civiles y 32,3 promedio cada 100 personas; y en Islandia, hay 106 mil armas en posesión de civiles y 31,74 cada 100 personas.
¿Y en el caso de Chile? Según el mismo portal, se estima que hay 2.200.000 armas en posesión de civiles en Chile, de las cuales 1.456.818 no están inscritas. Cada 100 personas, 12,12 tienen un arma.
Por eso, para Iván Navas, académico de derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, el diagnóstico que hace el Presidente Boric “es errado”, pues las cifras de Chile distan mucho de las de otros países, especialmente Estados Unidos.
Por otro lado, recuerda que hay un tema cultural relevante, que incluso se expresa en lo que la constitución estadounidense establece, donde el porte de arma “está garantizado como un derecho, mientras que la tradición chilena siempre ha sido restrictiva. No es buena idea compararse con Estados Unidos, que es el peor ejemplo en la materia.”.
En la misma línea, Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab, también afirma que “fue llamativa” la analogía con Estados Unidos, pues no sólo el uso de armas es parte de la formación de su Estado, sino porque se trata de una potencia con una fuerte injerencia del lobby de armamentos. “Lo interpretaría como un llamado a la seguridad, pero tenemos que analizar nuestra realidad y aquí es clave el tema de la institucionalidad, tras conocer nuestras falencias y preguntarnos cómo estamos como Estado frente a la situación de violencia que atravesamos”, remarca.
Por su parte, Daniel Johnson, director de Paz Ciudadana, afirma que sí existe una correlación donde “países que tienen más armas suelen tener más condiciones de violencia”, y por esa razón “no recomendamos las armas para prevenir ser víctimas de delito, por una serie de argumentos: no son preventivas, sino que se usan cuando alguien ya entró a una vivienda, y además pueden tomar una serie de medidas como poner protección, iluminar, o alarmas comunitarias, entre otras”.
Mejorar gestión y fortalecer institucionalidad
¿Soluciona la restricción de armas el problema de fondo de los delitos violentos? Los expertos afirman que la medida por si sola no lo resuelve, y aunque todos mantienen matices en sus argumentos, creen que mejorar la institucionalidad y la gestión para el control, es clave.
Un ejemplo concreto: el informe final de la Auditoría realizada por Contraloría General de la República a la Dirección General de Movilización Nacional (2021), detectó una serie de falencias entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018. Se hallaron 1.083 armasen manos de menores de edad; 72 civiles con RUT válido que figuraban con armas inscritas antes de su fecha de nacimiento; se advirtieron 22.987 casos de civiles con antecedentes penales con posesión de armas; había 10.677 armas agrupadas con “RUT cero”, imposibilitando la identificación de su tenedor.
También se detectó que de un total de 5.762 civiles y 27 personas jurídicas que inscribieron armas en Chile a 2013, sólo 2.505 renovaron su acreditación a diciembre de 2018, quedando un 56,73% sin concretar el trámite que establece que toda persona que tenga un arma inscrita hace más de cinco años debe realizarlo. En tanto, 132.921 personas fallecidas figuran en los registros con 182.898 inscripciones vigentes de armas.
“Esto da cuenta de un problema por parte de quienes autorizan estos permisos y, por supuesto, hacen el control. Esto está en manos de Carabineros, pero probablemente requiere una reformulación de la unidad, o tener una unidad específica para elevar los estándares. Todas las iniciativas que busquen mejorar la gestión se deben apoyar”, plantea Navas.
Por su parte, Jonhson afirma que “las armas se adquieren para controlar ciertos mercados delictuales, pero también se usan para ajustes de cuenta, para mostrar poder, y en la operación de bandas criminales. Entonces, pensar por restringir el arma de uso legal se va a controlar la situación de base y no va a solucionar el problema; hay otras fuentes de armas que van a seguir operando. Y por eso el Presidente anunció otras medidas para la persecución del crimen organizado“.
Las dudas ante la “tolerancia cero”
Para los expertos, quedaron ciertas dudas instaladas tras el anuncio, las que de todas formas, se deberían resolver cuando se conozca el contenido del proyecto de ley.
“Genera dudas que se señale que el foco es avanzar a un Chile sin armas”, plantea Navas. Esto, porque a su juicio “esta prohibición no es aceptable cuando existe en nuestro país territorios a los cuales el Estado ni siquiera puede ingresar, como Temucuicui o poblaciones en la RM. Por eso, no tiene el derecho de prohibir a los ciudadanos que se puedan autodefender, cuando el propio Estado no pude entregar esta defensa”, argumenta Navas.
Para Lizana, “lo que llama la atención es la limitación radical de las armas legales, porque lo que tenemos como un gran problema es la importación de armas de fogueo, incluso la fabricación de éstas con impresoras 3D. Tal vez la pregunta que queda es si esto será acotado sólo a armas legales y ¿Qué pasa con el otro tipo de armamento que se detectan en decomisos, protestas o enfrentamientos?“.
A su juicio, más que pensar en este momento si la iniciativa “sirve o no”, es importante ver “si aporta modificaciones al proyecto presentado por el ex Presidente Piñera o si incorpora restricciones para que las armas del mercado legal caigan en mano de delincuentes”.
Johnson reitera que el control debe ser global, incluyendo a las Aduanas para “ver qué se está ingresando al país para evitar que estos mercados sigan operando en Chile”, sumado a la fiscalización a tornerías ilegales o a la fabricación de armas hechizas.
Fuente: Emol
