La Fiscalía de Atacama mantiene vigente distintas investigaciones en la comuna de Caldera que dicen relación con el delito de “usurpación no violenta” y que se refieren a la toma ilegal de terrenos por parte de particulares que no tienen permiso para concretar esta ocupación, lo que en este sector de la región afectan principalmente a terrenos de propiedad del Estado.
Respecto de este delito de carácter penal, desde la Fiscalía de Atacama su vocera regional, Rebeca Varas Guevara, indicó que este ilícito está contemplado en la Ley por lo que frente a su comisión y denuncia la institución debe iniciar las respectivas indagatorias y comunicar los cargos a los involucrados.
Sobre las causas vigentes se indicó que en la actualidad existen cinco casos que están en investigación por acciones destinadas a la toma de terrenos en distintos sectores de Caldera, como es el caso de Pampa Bellavista, Quebrada Seca en Barranquilla, Pampa Caracoles, además del último intento en las inmediaciones del denominado Mirador de Charito.
“La comunidad debe tener claridad que la Ley impide y sanciona las tomas irregulares de terreno, por lo que frente a nuevos intentos de este tipo de actividades y ante la recepción de denuncias, la Fiscalía debe cumplir con su rol persecutor y solicitará las audiencias respectivas para proceder con la formalización de las causas”, indicó Varas.
Imputados
La vocera agregó que de las personas investigadas en las causas antes mencionadas a la fecha suman 13 involucrados, siete de los cuales corresponden al último caso ocurrido en la comuna de Caldera en que personas intentaron ubicarse en el sector denominado Mirador de Charito, lo que fue impedido a partir de la acción de personal de Carabineros y las autoridades regionales. Fijando el Juzgado de Garantía, luego de la solicitud de la Fiscalía, audiencia de formalización para el mes de septiembre de este año 2022.
Finalmente, se indicó que, respecto a las tomas actuales, el Estado por medio de la Resolución Exenta 612 del Ministerio de Bienes Nacionales de mayo del año 2019 aprobó el plan de normalización y gestión del borde costero de la región de Atacama, en el que configuró por medio de un “dron” los polígonos de ocupación irregular que serían tolerados para un proceso de regularización que sigue en curso. Toda ocupación fuera de tales polígonos se encuentran fuera de toda autorización o posibilidad de regularización futura, conforme a la misma resolución.
