Cerca de ocho sujetos llegaron la noche del pasado sábado a una cafetería en Providencia, para intentar llevarse a dos personas; sólo consiguieron llevarse a una mujer de nacionalidad venezolana, quien 24 horas después apareció en la comuna de San Bernardo y “en buenas condiciones de salud”, según la PDI.
El hecho no es aislado. Esta semana, Mega dio a conocer la denuncia de una mujer quien afirma haber sido secuestrada por dos sujetos en automóvil mientras se dirigía al cementerio Metropolitano, 24 horas más tarde y tras mantenerla encerrada, la liberaron en Estación Central.
Así la lista de este tipo de hechos, suma y sigue, y si bien este delito no es nuevo, desde hace algunos años ha venido en aumento en distintos puntos del país. Según cifras de la PDI, sólo en la Región Metropolitana, en 2021 se registraron 26 secuestros reales, mientras que hasta mayo de los que va del año, van 13. De ellos, 5 son de carácter narco/extorsivo, y 8 “con otros fines”.
Respecto a las cifras, el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, comenta a Emol que “el delito de secuestro se da más por estadística acá en la Región Metropolitana que en otras regiones, por la cantidad de habitantes y por la dinámica de la ciudad”.
Pero el secuestro además, hoy presenta un mayor grado de complejidad, precisamente por la instalación del crimen organizado en el país, como Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua; esta última, una de las más asiduas a la práctica de extorsión y secuestro como herramienta básica de su operación ilegal y financiamiento temprano para alcanzar su propósito de establecerse en Chile.
Por eso, los expertos en seguridad advierten que es urgente tomar acciones concretas para enfrentarlas, pues ya una vez instalados en Chile, es mucho más compleja la persecución penal para desarticular y erradicar un cartel o una organización criminal transnacional.
Los autores: Bandas y crimen organizado
“Siempre el secuestro estuvo asociado a las bandas de tráfico de drogas que habían en Chile. Hoy, sobre todo con la llegada del Tren de Aragua, estamos viendo una agrupación criminal que se dedica al secuestro y extorsión; por lo tanto, también ha ido cambiando el objetivo de esta práctica”, afirma Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab.
Dicho objetivo ya no se centra en secuestrar para “enviar un mensaje” a la banda rival; sino que el crimen organizado busca personas para obtener información sobre sus víctimas. “Por eso el Tren de Aragua está tan vinculado con la prostitución, pues a través de ellas consiguen datos de las víctimas. Estamos viendo otro tipo de actividad criminal en Chile“, complementa la investigadora.
Según el subprefecto Barrientos, los últimos casos registrados en el país han estado relacionados con personas extranjeras, tanto víctimas como autores. “Y eso tiene mucho que ver con la mayor cantidad de migrantes, sobre todo en la RM; la existencia de delitos de secuestros se han ido asociando un poco a criminales provenientes del extranjero“, afirma.
Sin embargo, aclara que no necesariamente todos ellos están asociados al crimen organizado, puesto que en este escenario también conviven bandas asociadas al microtráfico de drogas, “que secuestran a otras personas extranjeras, usualmente coincidentes en nacionalidad, quienes reciben información entre ellos sobre temas de su interés, como dinero obtenido de negocios ilícitos, que compiten por ciertos territorios o para demostrar su fuerza”.
Así, las personas de nacionalidad extranjera se convierten en un blanco óptimo para los integrantes de estas bandas puesto que presumen que, al estar en una situación irregular en el país, no harán la denuncia. En efecto, señala el subprefecto, “muchos que no se denuncian, hay una cifra negra respecto a secuestros que no son denunciados“.
Los móviles detrás del delito
¿Qué hay detrás de cada secuestro? El ex subsecretario de Carabineros y secretario general de la Universidad Central, Neftalí Carabantes, plantea que si bien es un delito que tiene un fin económico, “el motivo principal de los secuestros en Chile sigue relacionado con ámbito narco, es decir tienen como móvil la ‘narco-extorsión'”.
Es decir, las bandas criminales ligadas al narco o microtráfico utilizan este delito para dos fines: “el primero, marcar territorio, extorsionando a algún integrante de otra banda rival a la que quieren someter; y el segundo, obtener una ganancia por medio del rescate“.
En ese sentido, plantea que hasta el momento “no hay evidencia que den cuenta de forma tendencial que el secuestro se extendió hacia víctimas o personas comunes y corrientes“, no obstante cree que “lo coherente y responsable es tomar medidas a estas alturas, pues ahora es cuando se deben implementar medidas y estrategias precisamente para que este tipo de delito no aterrice con fuerza en Chile”.
Pero junto a la disputa territorial de las bandas delictuales, Lizana cree que los integrantes del crimen organizado también podrían estar llevando adelante su propia batalla por zonas de Chile. “Hay que recordar que hoy estamos viendo otras actividades delictuales asociadas al crimen organizado, como el aumento de homicidios, lo que abre la hipótesis de que estén peleando territorio”, comenta.
Modalidad más compleja
Los expertos coinciden en que la este tipo de delito se ha ido complejizando en su modus operandi. “Antes los secuestros solían ser ejecutados por una o dos personas, en cambio hoy es realizado por bandas, las cuales operan con mayor frialdad y violencia“, dice Carabentes.
Ese incremento en la violencia contra las víctimas obedece a que una de las finalidades “es hacer más crudos los mensajes o videos extorsivos, para luego obtener dinero por el rescate. Además, quienes resultan ser condenados y privados de libertad, llevan estas crueles y violentas practicas a las cárceles para mantener el control e incluso la operación comercial intra y extra muros”, complementa.
En el caso específico del crimen organizado, dice Lizana, el mecanismo de secuestro, efectivamente es mucho más complejo. “Los miembros del Tren de Aragua no siguen esta modalidad de llevar a una persona a un cajero para sacar $200 mil y al otro día girar el resto; sino que pueden trasladar a las víctimas y mantenerlas en un lugar, y muchas veces pueden herirlas o asesinarlas”.
A todo ello, se suma otro riesgo: que bandas locales sean absorbidas por las células del crimen organizado, o que aprendan de la forma de operar del crimen extranjero y adquieran mayor complejidad en su actuar, “lo que nos llevaría a un panorama más avanzado en este tipo de criminalidad, que no es algo con lo que estemos familiarizados en Chile”, complementa.
Llamados a la prevención
Desde la PDI afirman que, junto al Ministerio Público, están “en alerta” frente a este tema. “Tenemos cruce de información, como PDI además manejamos policía internacional y todo aquello vinculado a ingreso y salida migratoria. Sin embargo, el problema se genera porque hay mucho ingreso clandestino, y allí hay información que cuesta recuperar“, afirma el subprefecto Barrientos.
De todas maneras, recalca que el haber afinado la coordinación con el resto de actores intervinientes “es lo que nos está permitiendo investigar estas bandas criminales y esta dinámica delictual utilizada en este último tiempo”.
Para Carabantes, junto con fortalecer el trabajo de la Fiscalía en contra de la nueva criminalidad, “se debiese seriamente evaluar la designación de a lo menos, un Fiscal con dedicación exclusiva y de carácter permanente en materia de narcotráfico y crimen organizado, en lo posible a cargo de una macrozona del país donde exista evidencia de la operación de una o más de este tipo de organizaciones criminales”.
Agrega que “quizá llegó el momento de abrirnos a aprobar leyes especiales con especial foco en el crimen organizado, con un doble objetivo, primero armonizar la legislación penal vigente en el combate al crimen organizado en sus diferentes facetas y segundo aportar el trabajo técnico científico de la inteligencia como una contribución a la investigación criminal”.
Lo anterior, con la finalidad que el Ministerio Público y las policías “obtengan los medios probatorios necesarios para aportar al proceso penal, con el propósito de que los jueces puedan contar con prueba técnica y científica y lograr así, la mayor cantidad de sentencias condenatorias en contra de los integrantes de las organizaciones del crimen organizado, hasta ojalá alcanzar su desarticulación”, complementa.
Fuente: Emol.com
