El análisis apunta a factores como la incertidumbre ante las reformas y el complejo escenario delictual, los que no sólo incentivan el éxodo, sino que harían menos atractiva la incorporación a la institución.
Preocupación generó en la opinión pública el llamado “éxodo” de funcionarios de Carabineros en los últimos seis meses. Entre enero y el 20 de julio de este año, se retiraron 703 policías -entre oficiales y suboficiales-, mientras que en el mismo periodo de 2021, llegaban a 560.
Así dio cuenta un artículo de La Tercera, donde además, distintos ex funcionarios que decidieron acogerse a retiro, afirman que las razones son la incertidumbre institucional, el exceso de carga laboral y la amplia oferta que se dio en el sector privado.
Hace poco más de un año, en junio de 2021, el citado medio había revelado el escaso interés por ingresar a las Escuelas de Carabineros; en aquella fecha, sólo se había alcanzado un 14% del promedio anual de los últimos diez años: si el promedio anual del último decenio era 15.341 inscritos, hasta dicho periodo sólo habían 2.154 interesados e interesadas.
La alerta dentro y fuera de la institución no es baladí. Hoy, el escenario delictual se ha complejizado con el aumento de los hechos de violencia y la llegada del crimen organizado al país. A ello, se suma lo que para muchos abre un manto de incertidumbre frente al desarrollo del proceso constitucional y la reforma a la institución.
Así, el diagnóstico es multifactorial, y aunque para algunas voces hay algunos más controlables que otros, es hay consenso en que hay condiciones que se deben revisar y mejorar, y también cómo se comporta la sociedad y la propia clase política frente al respaldo de la función policial. Todo ello, con la directa repercusión que implica a la seguridad de las personas.
Condiciones laborales
Una de las principales causas que motivarían la salida de los funcionarios obedecería a las condiciones laborales y el desarrollo de la carrera funcionaria. “Estamos frente a una excesiva carga laboral, con jornadas extenuantes de más de 12 horas al día, y prácticamente sin fines de semana libre para el personal, días que por esencia están dedicados a la familia”, comenta a Emol Neftalí Carabantes, ex subsecretario de Carabineros y secretario general de la Universidad Central.
A su juicio, esto ha redundado en un “uso excesivo de licencias médicas en el personal”, que además trae como consecuencia que otro funcionario deba asumir las tareas de quienes han hecho uso de esta licencia a raíz de “la presión psicológica y los servicios que se realizan en terreno”, comenta.
A ello, Jonh Griffiths, ex jefe del Estado Mayor General del Ejército y jefe del área de Estudios en Seguridad y Defensa de AthenaLab agrega que esta situación se da incluso en dinámicas como los traslados del personal policial a otras zonas, donde no sólo afecta al funcionario, sino que también a sus familias. “Ellos también viven en esta institucionalidad”, comenta.
El senador José Miguel Insulza (PS), presidente de la comisión de Seguridad Pública del Senado, es partidario de revisar las condiciones laborales y salariales de las policías, además de la propia carrera policial, “que es larga y sin muchos beneficios. A pesar de que se dice que se puede pasar a suboficial o oficial, la verdad es que las condiciones en las que pasan no son las mejores”, sostiene.
Fuga al sector privado
Otra de las razones que determinarían la fuga policial es que los funcionarios ven mayor incentivo en trabajar para las empresas privadas, puesto que lograrían incrementar sus remuneraciones; lo que Insulza califica como “la grúa de las empresas de seguridad privada“.
Por eso, también surge la idea de revisar el incentivo a Carabineros después de los 30 años de servicio. Si bien la carrera tiene un tope de 35 años, Carabantes propone que el sistema de bonos que comienza desde los 30 años pueda incorporarse a la remuneración de los funcionarios. “De ser así, no sólo mejorará el sueldo, sino que también podrá optar a una mejor pensión”, comenta.
Esto, a su juicio, permitiría lograr mantener al personal en la institución y evitar, en parte, las fugas hacia el sector privado. “Creo que no es bueno que, un profesional que tanto le ha costado al Estado formar y capacitar, se aleje cumpliendo los 30 años”, complementó.
En la misma línea, el senador Insulza cree que efectivamente existe una “incertidumbre por la reforma” en la institución, pero “dejando de lado aquello de la refundación, es cierto que hay muchas cosas que se pueden hacer para disminuir la carga de trabajo, perfeccionarse y las condiciones para mejorar y salir adelante”.
Aumento de la delincuencia
Los expertos concuerdan en que uno de los factores externos que desincentiva la permanencia de las policías en la institución es el escenario delictual que hoy enfrenta el país. “La realidad es que hay aumento de delitos violentos“, dijo ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lo que respaldó con datos.
“Si uno comparara la totalidad de los delitos de mayor connotación social que van a la fecha de 2022 versus 2019, no podría decir que hay un aumento como conjunto, pero sí tendría que afirmar sin duda, que los robos con violencia y homicidios han aumentado. Hoy, cerca del 60% de homicidios que se cometen en Chile, son con armas de fuego“, expresó la autoridad.
En esa línea, Carabantes plantea que efectivamente “no es lo mismo salir a trabajar sabiendo que existe una gran cantidad de armas en circulación y en poder de la delincuencia; por lo tanto, el funcionario de Carabineros sabe que corre un riego real de perder la vida, tal como sucedió con el cabo David Florido”, sostiene.
Reforma a Carabineros
“Avanzar en la reforma a Carabineros es una de las alternativas para mejorar y fortalecer la función policial. Ya llevamos para dos administraciones y creo que no resiste, una institución permanente de la República, mantenerse en una permanente evaluación, cambio e incertidumbre”, dice Carabantes.
Dicha reforma, plantean algunos, debe estar alejada de dos cosas: primero, del ánimo de “refundación”, según comenta Insulza, y en segundo lugar, “de los gustitos personales”, dice Griffiths. Esto último, complementa el investigador, a raíz del carácter de “no militar” que plantea el artículo 297 del Capítulo VIII de la propuesta constitucional.
“Las transformaciones hay que hacerlas, pero desapasionadamente. Hay que sentarse con las instituciones para ver cómo se generan mejores propuestas que efectivamente le brinden mayor seguridad a los ciudadanos, porque ese es el foco. Cuando nos damos gustos personales, echamos a perder las buenas normas, y afectan el accionar de estas instituciones; no se trata de pasarles una aplanadora”, complementa el experto.
Respaldo social y político
“Lo que estamos viendo, en definitiva, es el efecto de un excesivo desprestigio institucional, que ha llevado a que la gente en Carabineros sienta que la sociedad no le está dando un respaldo para su accionar, lo que incluye al mundo político para apoyarlos en hacer efectivo el cumplimiento del estado de derecho”, resume Griffiths.
Esto, recalca, también es decidor cuando se miran las cifras de ingreso a la institución: en definitiva “no hay interés”, que además, dice, escasea fuertemente por la discusión política y social que se ha dado en el país en el último año. “Mantener el orden público es una labor compleja, y finalmente los que terminan pagando son las instituciones y no las autoridades políticas que disponen del uso de la misma”, complementa.
A modo de ejemplo, el investigador plantea que en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania o España muy difícilmente alguien se atrevería a lanzarle una bomba molotov a un funcionario policial, precisamente, “porque tienen el reconocimiento de la sociedad y el respaldo de la clase política (…) pero en Chile se ha relajado la norma, a tal punto que se les patea y se les agrede y no hay detenidos”.
Y agrega: “en otros países, las sanciones son elevadas porque, cuando agredes a un policía, también agredes al estado de derecho de ese país, a lo que él representa, y eso es lo que se sanciona fuertemente”. Y al final del día, señala, ese deterioro, afecta “al ciudadano que requiere seguridad para cumplir con sus funciones diarias”.
Fuente: Emol
