Hace unos días, desde el Gobierno se anunció la implementación, a partir de septiembre de este año, del plan Copago Cero del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que incorporará a los pacientes de los tramos C y D. Según lo informado por el presidente Gabriel Boric, se espera que la medida beneficie a 5.388.907 personas menores de 60 años pertenecientes a los mencionados tramos y supondrá un ahorro en copago de $265.000 por familia al año.
La decisión del Gobierno generó sentimientos encontrados para los pacientes que necesitan dializarse pues, por un lado, celebran la decisión, pero por el otro les “genera mucha preocupación lo recientemente anunciado, pues hay patologías que se están dejando de lado, entre ellas, la enfermedad renal crónica. El año pasado se aprobó el presupuesto 2022 y entre las glosas, el dinero que Fonasa ejecutaría para la atención con diálisis de los pacientes con ERC y, lamentablemente, no se ha ejecutado”, denunció Francisco López, representante de la Alianza Diálisis es Vida y presidente de la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile, Asodi.
López además comenta que “como pacientes aplaudimos la decisión del Gobierno con relación al copago cero en Fonasa, pero queremos nuevamente levantar la bandera de que los pacientes con problemas renales estamos frente a una situación de crisis del ecosistema de diálisis del país.
Debido a la inexplicable decisión de Fonasa de no reajustar para este año 2022, los aranceles de Modalidad de Atención Institucional (MAI) para los centros de diálisis que a la fecha atienden al 90% (más de 22.000) de los pacientes en terapias de hemodiálisis del país. En este escenario, un 42% de los centros de diálisis privados en Chile están en situación económica crítica y, por ende, está en riesgo su sostenibilidad, según un estudio de FK Economics sobre centros de diálisis privados de este año”.
“Desafortunadamente, esta crisis no es algo lejano, pues ya los centros han comenzado a reflejar las consecuencias de estas decisiones. La semana pasada cerró el primer centro de diálisis en Viña del Mar, que tenía más de 30 años de funcionamiento ininterrumpido y atendía a más de 60 pacientes en hemodiálisis”, explica Miguel Vargas, representante del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Pacientes Trasplantados y en Situación de Trasplante (Claycop) e, igualmente miembro de la Alianza Diálisis es Vida.
Por su parte, el doctor Rene Clavero, nefrólogo del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar y presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología, afirma “la crisis actual del ecosistema de diálisis de Chile se traduce en que al menos en la V región, ya comenzó el deterioro del funcionamiento de la red de atención de los centros de diálisis. Y, si esta realidad se extiende al resto de los centros de diálisis en Chile, esto finalmente afectará a los pacientes y a su estado de salud vital, de los más de 24 mil enfermos renales que necesitan diálisis en nuestro país”.
Asimismo, los representantes de los pacientes denunciaron que a lo anterior se suma una nueva dificultad “derivada de las mismas decisiones, que es la problemática de transporte que están experimentando los pacientes”, asegura López. “Además, hay un incumplimiento de la Guía Ges y No Ges por parte del sistema de salud público. Pues, los pacientes nos han informado que han recibido notificaciones del cese del servicio de transporte para recibir sus atenciones. Según las guías GES y No GES, este servicio le corresponde al hospital derivador”, informó Vargas. El mencionado documento establece que, entre las responsabilidades de los establecimientos de atención, el “centro de origen (derivador)” está: “Realizar los traslados de pacientes, y sus acompañantes cuando corresponda, con calidad y oportunidad”.
El doctor Clavero precisó que el problema de traslado desde y hacia los centros de diálisis se debe resolver oportunamente, pues “la diálisis lo que permite es eliminar las sustancias dañinas de la sangre cuando los riñones dejaron de funcionar, por ello el no asistir a hemodiálisis de forma periódica trisemanal, puede conllevar un importante deterioro de la salud de los pacientes y constituye un riesgo que aumenta su morbilidad y su mortalidad”. “Esta nueva arista (la de transporte de los pacientes) implica que les resulta cada vez más difícil a nuestros pacientes el recibir su terapia de diálisis de manera oportuna y continua. Como médicos nos preocupa esta situación, porque todas las instituciones gubernamentales deben velar ahora y siempre por el cabal y fiel cumplimiento de esta Garantía Explicita de Salud”, sentenció el nefrólogo.
Por ello, los representantes de los pacientes plantean tres prioridades para resolver la crisis que está afectando tanto a los centros de diálisis como a los pacientes: conformar la mesa de trabajo que ha ofrecido la ministra de Salud, incluyendo a todos los actores relevantes que participan en el ecosistema, para alcanzar acuerdos y concretar iniciativas que permitan resolver la problemática que hoy afecta gravemente a esta atención; la ejecución por parte de Fonasa del presupuesto 2022 comprometido para diálisis; y plantear en las discusiones presupuestarias 2023 la necesidad de tener ajustes del arancel adaptados a la situación actual del sistema de salud y a la economía del país, con el objetivo de que está situación de insostenibilidad no vuelta a ocurrir.
Fuente: Kreab
