En una nueva sesión del Comité Regional para la Gestión de Riesgos de Desastres de Atacama (Cogrid), se aprobó la actualización del Plan Regional de Emergencias. Se trata de un instrumento de gestión del riesgo de desastres que comprende la coordinación general de las capacidades del Sistema Regional para la Prevención y Respuesta ante Desastres durante la Fase de Respuesta y establece una estructura de gestión operativa de las emergencias, disponiendo con claridad las líneas de autoridad y responsabilidad en la gestión territorial de estas.
Sobre ello, el delegado Presidencial Regional, Gerardo Tapia, indicó que “hemos sesionado como comité regional para la gestión del riesgo de desastres de Atacama en Fase Preparatoria, con el fin de poder ir revisando los lineamientos y la preparación ante eventos que nos pudieran traer eventos en la región. En esta oportunidad, además, se aprobó el plan de riesgo para esta región junto a todos los miembros del comité, con quienes desarrollamos un trabajo permanente, para anticiparnos a cualquier evento que pudiese ocurrir en nuestra región”.
Por su parte, el director de Onemi Atacama, Roberto Muñoz, señaló que “este instrumento nos permite regular y dejar en un marco procedimental la convocatoria, los lugares y cuándo actúa y se activa el plan, actualizando todos los hitos que nos permiten actuar de manera eficiente y eficaz a nivel regional. Este plan fue aprobado por unanimidad por todos los integrantes del Cogrid y será puesto a prueba en el simulacro de sismo y tsunami que se realizará el próximo 10 de noviembre en Atacama”.
Cabe indicar que el plan considera además el trabajo con equipos multidisciplinarios e interinstitucionales, y la utilización eficiente y oportuna de los medios disponibles, mediante el uso o movilización gradual y escalonada de recursos humanos, técnicos y materiales con el objeto de atender y gestionar la seguridad de las personas, sus bienes y el medio ambiente.
Asimismo, debe considerar las particularidades de cada comunidad, abordando los grupos de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por género identidad de género o cualquier otra característica que utilicen para definirse a sí mismas, raza, etnia, nacionalidad, edad, discapacidad y condición social, lo que implica una preparación y respuesta ante emergencias con enfoque de derechos humanos. Lo anterior, con el objeto de disminuir las barreras del entorno que dificultan el acceso a ciertos grupos de individuos y/o hacen que producto de una emergencia o desastre su situación de vulnerabilidad se vea agravada y sus derechos fundamentales vulnerados.
