No es un tema nuevo en el escenario copiapino lo de las fiestas clandestinas que desde marzo han tenido que lidiar los vecinos del sector del Pueblo San Fernando, incluso, conocíamos este lunes que, los vecinos cansados de la nula respuesta de las instituciones que deberían estar comprometidas con estos hechos de seguridad pública, recurrirán a la Justicia para interponer un recurso de protección.
Consultado sobre la situación al delegado presidencial de Atacama, responsable de la seguridad pública en la región, sostuvo que están al tanto de las denuncias, y que, a través de distintas instancias como el Plan Regional de Fiscalización se pretende recuperar espacios públicos.
Una tarea que deberá ser abordada a través de un trabajo asociativo interinstitucional, y de acuerdo a palabras de la autoridad regional, con un incremento en esta dirección, situaciones de este tipo no se volverán a repetir.
Si bien un tema importante es el trabajo fiscalizador, la situación debe machar paralelamente con la prevención, y en ese sentido con las condiciones que existen para que hayan proliferado estas fiestas clandestinas.
Para contextualizar, los terrenos donde ocurren estas incivilidades ocurren en terrenos que han sido traspasados desde el Ministerio de Bienes Nacionales al de Vivienda, y a través del SERVIU se desarrolla un trabajo de urbanización del sector para emplazar luego viviendas. En sentido, es esta última institución la que debería velar para que extraños no ingresen a estos terrenos donde se desarrollan los trabajos.
Frente a esa inquietud, desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Atacama sostuvieron que, “la primera etapa de urbanización del terreno Llanos de La Candelaria concluyó con la recepción de las obras de agua potable, alcantarillado y pavimentos, por la Ilustre Municipalidad de Copiapó; lo que permitirá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo iniciar la construcción de más de 2 mil viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, impulsado por el gobierno”.
En relación a las denuncias por ruidos molestos, Serviu Atacama agrega que, “realizó múltiples gestiones, entre las que se cuenta, la solicitud de mayor presencia policial en el sector; ya que, una vez finalizadas las obras, las vialidades se constituyen como bienes nacionales de uso público, por lo que ya no son propiedad del Servicio y no está dentro de sus facultades prohibir el acceso y la circulación de personas y vehículos; lo que hace necesaria la intervención de otras instituciones para velar por la seguridad y el orden público”.
