De forma unánime, el pleno tomó la decisión de presentar una acción judicial en contra del exjefe comunal, Renato Sepúlveda, Domingo Prieto, Antonia Larraín y los contadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva, por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y distracción indebida.
Un nuevo interviniente en el caso sumará la investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte en contra del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba. A las defensas, el Ministerio Público y la municipalidad como querellante, ahora se sumará el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Así lo decidió el pleno del organismo, el que la tarde de este jueves de forma unánime resolvió querellarse en contra de Torrealba y parte de su excírculo de confianza -Renato Sepúlveda, Domingo Prieto y Antonia Larraín-, además de los contadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva, que habrían emitido boletas falsas. Todos están relacionados en la causa que sigue el ente persecutor por los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos, desde junio del 2021. Al exjefe comunal se le indaga como imputado por presuntamente haber desviado fondos, a través de las corporaciones de derecho privado “Vita”, tanto a sus cuentas personales como mediante sobres con efectivo.
El CDE decidió, además, querellarse por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y distracción indebida.
“La decisión unánime del órgano colegiado se funda en los antecedentes que, a la fecha, ha tenido a la vista de la carpeta investigativa y que darían cuenta de la ejecución de diversos mecanismos para la sustracción de cuantiosos recursos fiscales, propósito para el cual los querellados habrían actuado concertada y reiteradamente”, informó la institución en un comunicado.
Era, justamente, este uno de los puntos que tenía en suspenso la resolución del CDE, dado que había abogados del consejo que estimaban que al ser las corporaciones de derecho privado, no se trataría de fondos públicos malversados. Sin embargo, se resolvió que sí había recursos públicos comprometidos, dado que “Vita” recibía anualmente subvenciones por parte del municipio.
Ya el viernes 23 de diciembre, el comité penal del organismo encargado de velar por los intereses económicos del Estado ante la justicia había resuelto que era necesario querellarse en la causa, en una votación que también fue unánime.
En la decisión, se inhabilitó el consejero Alberto Espina (exministro y militante RN) “por causa legal para conocer de este asunto, en conformidad al Artículo 12, número 3, de la Ley 19.880, esto es, por vínculo de amistad con uno de los querellados”, se informó desde el CDE.
Fiscalía al CDE: “Aparecen como responsables el exalcalde(…) y otros funcionarios”
Los antecedentes del caso no son nuevos para el CDE. El 9 de septiembre del 2021, el fiscal del caso, Francisco Jacir, remitió al consejo un oficio donde daba cuenta del caso que había comenzado a investigar y donde estaban involucrados exfuncionarios públicos.
En el oficio -dirigido a la procuradora del CDE en la Región Metropolitana, Ruth Israel-, el fiscal le informaba de la causa en trámite, pues “de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Defensa de Estado, y por verse afectado el patrimonio fiscal, por cuanto los hechos afectarían la Municipalidad de Vitacura, y en la que además aparecen como responsables el exalcalde de dicha comuna Sr. Raúl Torrealba del Pedregal, como asimismo otros funcionarios municipales”.
Además, Jacir dio cuenta de que en la causa se investigaban “los delitos de malversación de caudales públicos (Artículo 233 del Código Penal), fraude al Fisco (Artículo 239 del Código Penal), cohecho (Artículo 248 del Código Penal), falsificación de instrumento público (Artículo 197 del Código Penal) y el delito de lavado de activos (Artículo 27 de la Ley 19.913)”.
Como la indagatoria, por entonces, estaba con secreto por la Ley de Lavado de Activos, no le fue posible remitir copia del expediente. Ahora, como querellante en la causa, el CDE tendrá todas las facultades para pedir diligencias, solicitar declaraciones y, en una eventual formalización, solicitar medidas cautelares.
Fuente: La Tercera
