Por Andrés Millar, director de inclusión social Hogar de Cristo
“Plan para erradicar las carpas y rucos” titulaba un medio sobre la iniciativa del gobierno para recuperar los espacios públicos del eje Alameda-Providencia. Lamentable, porque lo que debemos erradicar es la extrema pobreza y exclusión de nuestra sociedad.
“Recuperar el espacio público” es un eufemismo para aludir a la eliminación de las personas en situación de calle que se han instalado en el sector.
El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ha señalado que las personas “erradicadas” serán trasladadas a albergues y residencias y se les brindará una respuesta integral. Como Hogar de Cristo estamos de acuerdo con prestar ayuda a las personas, pero la situación de quienes viven en carpas o rucos no se resuelve con albergues ni con iniciativas asistenciales, que ha sido la respuesta del Estado siempre. Esos son simplemente “parches” para un problema complejo que muchas veces invisibilizamos, porque nos parece inabordable.
La real solución al problema de las personas en situación de calle –y la evidencia internacional lo afirma– pasa por contar en primer lugar con una vivienda y, luego, con acompañamientos psicosociales e incluso con apoyo terapéutico.
Vivir en situación de calle es, sin duda, una de las mayores expresiones de vulneración de derechos humanos, ya que se trata de personas privadas de hogar, techo, red de apoyo, salud, trabajo, educación, alimentación, abrigo, higiene… El dolor, la vulnerabilidad, el miedo, la discriminación, la violencia e incluso la muerte, son parte del día a día de estas personas. Muchas viven en esa realidad debido a traumas complejos que se arrastran desde la infancia, historias de violencia, maltrato y desamor. En ese contexto, el consumo de alcohol y drogas sirve para adormecer la angustia y la frustración; es una medida de escape e incluso de autocuidado.
Es posible superar la situación de calle, pero para ello se requiere de una voluntad política y social decidida que no vemos. Un indicio de esto es que no contamos siquiera con un catastro actualizado de cuántas personas están viviendo en la calle, lo que es básico ya que las soluciones son diversas para un grupo heterogéneo, donde conviven hombres y mujeres solos, niños, familias, migrantes, adultos mayores, jóvenes. La diversidad de edades, condiciones físicas y mentales, tiempo de permanencia en calle, es enorme. El Registro Social de Hogares señala que hay unas 20 mil personas en todo el país; nosotros estimamos que son más de 30 mil.
Para abordar seriamente el tema, el Estado debe integrar sus servicios y actuar de manera coordinada, lo que la mayoría de las veces no ocurre. Esto no es solo tarea del Ministerio de Desarrollo Social, también involucra a los ministerios de Vivienda, Salud, Educación, Trabajo, Interior y Exterior. En cada territorio, los municipios deberían ser claves en privilegiar en sus servicios a la población más excluida y deberían tener las herramientas para proyectar soluciones habitacionales integradas a escala y trabajar con organizaciones del tercer sector en una estrategia de superación, con metas definidas para que un tiempo ojalá próximo nadie más duerma en la calle o al menos se disminuya de manera considerable esta vergonzosa situación. Y para ello no es el asistencialismo añejo el que nos ayudará, sino políticas basadas en estándares mínimos de derechos humanos y de reconocimiento de la dignidad de todo ser humano.
