A casi dos años que se cumpla el plazo legal para la indagatoria, aún no hay culpables de la muerte del menor. Ayer, la Fiscalía del Biobío solicitó al tribunal agendar una nueva audiencia para reformalizar al único imputado.
Para este próximo viernes 10 de marzo quedó fijada la audiencia de cierre definitivo del caso Tomás Bravo, el menor de 3 años desaparecido el 17 de febrero de 2021 y hallado nueve días después en el sector de Caripilún, Región del Biobío.
Esto, pese a que la audiencia ya se había fijado para este jueves 2 de febrero y que, por quinta vez, el Tribunal de Garantía de Arauco rechazó la solicitud de la Fiscalía de aplazar la indagatoria, debido a que prontamente se cumplirá el plazo legal de dos años desde que se abrió la causa que hasta la fecha no tiene a ningún condenado.
La reciente decisión del tribunal fue duramente cuestionada por defensor penal público, Pedro Aguilera, y representante del único imputado en la causa -por homicidio calificado-, el tío abuelo del menor, Jorge Escobar. El abogado tildó la decisión de “un sinsentido”, y expresó que pedirán “de manera urgente” que se adelante la fecha de la audiencia “al estimar absolutamente improcedente dilatar esta situación”.
El llamado “caso Tomás” ha sido altamente mediático; movilizó a funcionarios policiales, voluntarios de Bomberos e incluso contó con aviones especializados de la Fuerza Aérea de Chile para la obtención de imágenes de la zona donde desapareció Tomás. Sin embargo, toda la investigación ha estado sometida a fuertes cuestionamientos: desde la real prolijidad de la búsqueda y las pericias, así como de la propia imputación de Fiscalía.
Y es que desde que se inició la investigación, el 2 de marzo de 2021, por parte de la Fiscalía y la PDI, la causa ha sido ampliada en cuatro oportunidades. La última fue el pasado 31 de enero de este año.
Fiscalía busca reformalizar al único imputado
La jornada de ayer se conocieron nuevos antecedentes en el caso, vinculados a la decisión de la Fiscalía del Biobío de solicitar que se agende una nueva audiencia para reformalizar al imputado Jorge Escobar, esta vez, por el delito de abandono de menor.
La decisión fue informada previamente a los padres de Tomás a tra´ves de una reunión vía Zoom, luego que a eso de las 18.00 horas del martes 28 de febrero llegaran los últimos resultados de las pericias enviadas al Instituto de Ciencias Forenses “Luis Concheiro”, de la Universidad de Santiago de Compostela, en España.
El análisis, busca “establecer o descartar” la participación de tres sujetos de interés en la investigación por la muerte de Tomás, entre ellos, el imputado Jorge Escobar. Se trata de nuevos resultados, de los cuales no se entregaron mayores antecedentes, pero que llevaron a que el ente persecutor determinara dicha reformalización, de manera de evitar que el caso sea cerrado.
De hecho, en esa reunión telemática, la fiscalía comunicó a la familia de Tomás que “la investigación para esclarecer los hechos que afectaron al niño y la búsqueda de él o los responsables de los mismos, continúa vigente y abierta, con diligencias en desarrollo”.
Los peritajes y un testimonio desconocido
Tras la formalización de Jorge Escobar por homicidio calificado, la Fiscalía había pedido prisión preventiva en su contra, lo que fue rechazado por el tribunal en marzo de 2021. “No es posible acreditar la acción homicida en la forma que formalizó el Ministerio Público”, señaló la jueza Perla Roa en tal fecha.
En las cuatro oportunidades anteriores que se solicitó ampliar el periodo de investigación, el Ministerio Público solicitó más diligencias, la última fue un peritaje de pruebas con material genético a España, el cual difirió del realizado por el Servicio Médico Legal (SML), permitiendo conclusiones distintas, pero que no aludirían a responsabilidades.
En efecto, fue en diciembre de 2022 cuando la Fiscalía comunicó a los padres del menor el resultado de dicho peritaje, del cual se podrían desprender diligencias que necesitarían más tiempo, por ende, se debería solicitar un nuevo plazo de investigación por 30 días, lo que fue rechazado.
Durante esa ocasión, el abogado por la madre de la víctima, Pelayo Vial apuntó sin dar mayor detalles que las conclusiones del peritaje, “difieren de antecedentes que se tenían hasta ahora en relación al caso, (…) pero no creo que sean suficientes en principio“.
Esta semana se conoció también la versión de un voluntario de Bomberos que encontró, el viernes 26 de febrero de 2021, el cuerpo sin vida de Tomás. Según reveló esta semana un reportaje de T13, el voluntario declaró el pasado 29 de abril de 2021 que hubo complicaciones relacionados a los trabajos de búsqueda.
“Bomberos no sabía a dónde iba a salir a buscar. Todos siempre partían en el puesto de mando. Siempre iba un líder o dos líderes USAR y decían dónde buscar (…) pero no eran expertos en lugares abiertos con esta geografía“, sostuvo el voluntario.
Cabe recordar que los restos del menor fueron hallados en una zona que no había sido periciada y próxima a un galpón del sector, ubicado aproximadamente a dos kilómetros del lugar donde había desaparecido. Fue posterior a ese hallazgo cuando se ordenó la detención de Jorge Escobar Escobar, como sospecho de homicidio simple.
Las dudas y “errores” en el caso
Por cierto, el caso de Tomás Bravo -altamente mediático- es considerado “complejo” para quienes tienen experiencia en la persecución penal; tanto por lo que se consideran “errores” en una imputación “apresurada”, como en la principal duda que queda abierta en esta causa: determinar la causa de la muerte del menor; sin eso, no se puede atribuir un homicidio.
Así lo plantea a Emol, Manuel Guerra, ex fiscal y académico de la Universidad San Sebastián, quien agrega que “sin duda lo que pasó con el menor, con Tomás, es un asunto que no es fácil para para ningún investigador, pero creo que además sin duda hubo errores desde el inicio, con una formalización muy temprana por un delito de homicidio, sin tener la causa de la muerte, me parece a lo menos, aventurado”, sostiene.
“Creo que fue un error del Ministerio Público en ese momento el tomar esa medida de formalización que se debe hacer cuando existen antecedentes que dan cierta plausibilidad o cierta razón”, complementó. A su juicio, fue esto lo que terminó por condicionar la investigación, “cuando pudieron hacerse las cosas de manera distinta”.
Según comentó Guerra -horas antes de que se conociera la decisión de la Fiscalía Regional de agendar una nueva audiencia para reformalizar al imputado-, “se podría haber llegado a otro tipo penal, como por ejemplo un abandono de persona desvalida, en este caso, de un menor de 3 años, que la ley también lo tipifica como delito cuando se genera la muerte con una pena severa”.
Asimismo, Guerra cree que quizás la mediatización del caso, “la presión pública, haya jugado en contra del Ministerio Público y eso es lo que no debería ocurrir. Por eso emerge también la duda, ¿por qué formalizaron con una prueba tan básica y luego empezaron a investigar?“.
Posibles escenarios
Si bien hasta ahora se desconoce si el tribunal accederá a la petición de la Fiscalía Regional del Biobío de agendar una audiencia de reformalización, el ex fiscal Guerra comenta que si efectivamente llegara la fecha de plazo máximo el día 10 de marzo, el único imputado “queda libre completamente y se deben alzar las medidas cautelares”.
Ahora, en caso de que el Ministerio Público haga la acusación, “esto se puede llevar a un juicio, pero la defensa siempre puede pedir el sobreseimiento definitivo y creo que en ese sentido, tiene un escenario esperanzador para su pretensiones”.
Esto, explica el ex persecutor, “porque por lo que hemos sabido, no hay pruebas concluyentes respecto a la causa de la muerte, ni tampoco para atribuirle una actividad homicida al tío abuelo”, cerró.
Fuente: Emol
