Como antesala a una transferencia gratuita definitiva, actualmente en trámite, la Seremi de Bienes Nacionales de Atacama, otorgó un permiso de ocupación a favor de la Compañía de las Hijas de la Caridad del Colegio San Vicente de Paul; esto, respecto de un inmueble fiscal de más de 3.000 metros cuadrados, ubicado en calle Miguel Grau entre Ceferino Salinas y Covadonga, Población Ampliación Prat, comuna de Copiapó, el cual es colindante con dicho establecimiento educacional.
La autorización tiene como propósito el dar inicio a un proyecto de mejoramiento del entorno, tendiente a lograr una accesibilidad universal para el establecimiento, considerando espacios regulados y seguros para peatones y vehículos, zonas de descanso, áreas verdes e iluminación, garantizando con ello un beneficio directo o indirecto para más de 700 familias de los sectores altos.
Tras la entrega, la Seremi Mónica Marín aseguró sentirse “reconfortada de cumplir el mandato del Presidente Gabriel Boric, de dotar de mayores seguridades a la comunidad educativa del San Vicente de Paul, a los niños y niñas y a sus familias, así como a los vecinos del sector Ampliación Prat y Arturo Prat, para que puedan tener mayor resguardo, tanto en el acceso al colegio, como en la protección de los alumnos que se mantienen en el establecimiento educacional”.
La secretaria regional indicó que el proyecto “pretende recuperar los espacios públicos a través de áreas verdes y más iluminación, dotando de estacionamientos adecuados a los furgones escolares que vienen a dejar y a recoger a los niños, niñas y adolescentes que forman parte de la comunidad educativa”.
Por su parte, el director de la escuela San Vicente de Paul, Rigoberto Barrera, destacó que “fueron bastantes años los que estuvimos tramitando este proyecto, para hacer uso del terreno denominado ´lote B´, que da con la calle Miguel Grau, que es donde se encuentra el colegio; fundamentalmente, porque estamos sin acceso formal, y es una comunidad grande, donde confluyen muchos apoderados, niños y vehículos. Este permiso nos sirve para regularizar nuestro acceso, y también para intentar ser un aporte al entorno de nuestras poblaciones, que son un poco estigmatizadas por temas de seguridad”.
Barrera argumentó que la mayoría de los alumnos pertenecen a poblaciones cercanas. “Tenemos una alta vulnerabilidad escolar; al menos 9 de cada 10 alumnos están en situación de vulnerabilidad, y atendemos a 862 alumnos, de pre-kínder a octavo año básico, lo que significa, más o menos, atender a 700 familias del sector”.
Por todo lo anterior, concluyó el docente, “estamos realmente contentos, sobre todo por la gestión que se ha hecho en este Gobierno, a través de la gente del Ministerio de Bienes Nacionales, la gentileza de la señora Mónica Marín, de estar con nosotros, y hacernos entrega de este documento de autorización de uso del terreno. Ahora nos pondremos en campaña para cercar, y empezar con este anhelado sueño que tenemos”.
Cabe recordar que este centro educacional vicentino, funciona mediante modalidad particular-subvencionada, pero con carácter gratuito.
