Desde noviembre que la multitienda esta inmersa en un escándalo, luego de que Under Armour la acusara de vender ropa falsificada, desatando una investigación por parte del Ministerio Público y también al interior de la firma.
La saga de La Polar y la ropa falsificada dio un nuevo giro. La firma ligada a Leonidas Vidal, mediando un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), afirmó que realizó una investigación interna y que detectó “situaciones puntuales” en que la multitienda “fue víctima de un fraude o engaño por los proveedores”.
La empresa sostuvo que la documentación de trazabilidad respecto de ciertos productos de Under Armour, Adidas y Wrangler era falsa y que se querellará contra dos proveedores: Global Brands y KIKI Imports.
“Lamentamos que este hecho haya afectado la confianza y relación con nuestros clientes, debido al actuar fraudulento de ciertos proveedores. Es por esto que estamos tomando todas las acciones judiciales correspondientes para perseguir a los responsables de este fraude”, indicó la compañía.
Cronología del caso
Todo estalló a fines de noviembre del año pasado, luego de que Carabineros infomara del allanamiento de ocho de sus tiendas tras una denuncia presentada por Forus, empresa que opera la reconocida marca estadounidense Under Armour, en la que acusó a la multitienda de vender ropa falsificada. En ese entonces, se incautaron más de $18 millones en prendas de vestir, y el Ministerio Público comenzó a investigar una posible infracción a la ley de propiedad intelectual por parte de la sociedad.
Como era de esperar, el hecho causó revuelo en redes sociales, y varios mensajes en Twitter apuntaron que desde hace un tiempo hasta aquella fecha hubo reclamos por supuesta ropa falsa que vendería La Polar, y no solo de Under Armour, sino que también se hablaba de marcas como Nike, Adidas, entre otras.
Con el paso del tiempo la polémica fue escalando, y otras marcas interpusieron acciones judiciales en contra de La Polar -entre ellas Adidas, Nike, Columbia y Wrangler- cuyo sustento era el mismo: la comercialización de productos que no eran originales.
A fines de enero de este año, el Servicio Nacional de Aduanas expuso que desde septiembre hasta ese entonces se habían incautado cerca de 70 mil prendas de vestir que ingresaban a Chile a nombre de La Polar o de sus proveedores, por un valor de más de $779 millones. Esto, luego de determinar que se trataba de mercancías que presuntamente infringían la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual.
Pese a lo anterior, La Polar siempre refutó las acusaciones, recalcando que todos los productos originales en sus tiendas eran originales. Es más, la empresa presentó una demanda en contra de la marca internacional Under Armour y la chilena Forus, denunciando a ambas de competencia desleal.
Sin embargo, dicha contraofensiva alcanzó a durar solo cuatro meses, luego de que el 30 de marzo pasado la sociedad oficializara el desistimiento de aquella acción legal ante el 22 Juzgado Civil. “Empresas La Polar S.A. desiste en este acto, de manera pura y simple, y en todas sus partes, de la demanda interpuesta en este juicio”, dice el escrito legal.
Los cuestionamientos comenzaron a repercutir en los balances, y a fines de febrero la multitienda anunció la salida de 135 personas de su casa matriz, atendiendo a la baja en las ventas que afectó al sector del retail en general. La medida equivalía a una reducción de un 29% de los cargos gerenciales corporativos, y no afectó a la red de tiendas.
En una comunicación interna, Loreto Rossler, gerenta de personas de La Polar, explicó que la empresa enfrentaba “la necesidad de implementar una serie de medidas que permitan dar sustentabilidad a La Polar en el largo plazo”.
“Estas implican un ajuste en los gastos administrativos y una reducción en el número de personas que se desempeñan en la casa matriz, en especial atención al complejo contexto del mercado en el que la compañía se desenvuelve”, agregó.
De acuerdo a los registros de la CMF si al segundo trimestre de 2022 los ingresos consolidados de La Polar habían aumentado 5,7% respecto a igual periodo de 2021, totalizando $184.505 millones, al cuarto la realidad ya era otra.
De la mano con la explosión de la polémica por ropa falsa -y el logro de un acuerdo con AFP Capital tras la demanda realizada por la administradora, que buscaba una indemnización de perjuicios por las repactaciones unilaterales que salieron a la luz en 2011-, la sociedad anotó pérdidas por $20.197 millones, y en el consolidado anual las bajas alcanzaron los $40.155 millones.
Además, los ingresos del cuarto trimestre cayeron 29%, hasta los $103.684 millones, respecto del mismo periodo anterior. “La disminución en ingresos se explica por una baja en la actividad a nivel industria durante los últimos dos trimestres, una alta base comparativa del año 2021 y un complejo mes de diciembre de 2022. A nivel acumulado, los ingresos disminuyeron un 15,3%”, dice el análisis razonado de la empresa.
Por otro lado, si hasta noviembre entre sus principales accionistas se encontraba LarrainVial, que acumulaba el 47,3% de los papeles, ahora la corredora concentra el 45,06%; mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago pasó de tener 9,10% a 8,71%; en tercer lugar está Banchile Inversiones que anotaba un 7,65% y ahora un 7,85%; entre otros.
El escándalo de 2011
Recordar que en 2011 La Polar protagonizó uno de los escándalos financieros más complejos del país, que derivó en el descubrimiento de balances alterados y entrega de información falsa al mercado. Esto, luego de que la multitienda enviara un hecho esencial reconociendo un serio problema de provisiones, tras haber repactado unilateralmente la deuda de alrededor de un millón de clientes.
La polémica se destapó luego de que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentara una demanda colectiva contra la firma por repactaciones unilaterales, lo que llevó al directorio a informar sobre prácticas en la cartera de crédito que no habían sido autorizadas.
En resumen, la firma nunca había tenido utilidades, lo que derivó en el desplome de sus acciones, que pasaron de caer poco más de 42% cuando estalló el escándalo -nunca antes visto en una empresa que formara parte del IPSA hasta ese entonces- a desplomarse casi 63% en el lapso de unas semanas.
Por esas fechas además, se informó que las repactaciones habían afectado a 418.826 clientes desde hace más de seis años y que era necesario realizar provisiones adicionales por US$892 millones.
Fuente: Emol
