El Ejecutivo y los senadores concordaron un protocolo que asigna US$ 350 millones a seguridad y el compromiso de reducir en un tercio el tiempo de tramitación de proyectos de inversión.
Con 38 votos a favor, dos votos en contra y una abstención, el proyecto de royalty minero fue aprobado ayer por la sala del Senado, quedando a un paso de convertirse en ley.
Solo falta su tercer trámite constitucional, esto es, su aprobación en la Cámara.
El proyecto establece una nueva carga tributaria potencial máxima de 46,5% sobre la renta imponible operacional para operaciones que produzcan más de 80 mil toneladas de cobre y de 45,5% para las empresas que producen entre 50 mil y 80 mil toneladas, que contó con el apoyo de 36 senadores , dos rechazos y dos abstenciones.
Además se acordó la aplicación de una tasa de 1% Ad Valorem para operaciones de más de 50 mil toneladas, artículo que fue rechazado por tres votos.
Entre los votos en contra estuvo el de Rojo Edwards (Republicano), la abtención de Luz Ebensperger (UDI), quien reclamó por el monto que llegará a las comunas mineras, que a su entender es muy bajo e impacta negativamente a municipios con poca población, como Huara. El senador gremialista, Iván Moreira, votó a favor de la norma, “sin complejos”, lo mismo que José Miguel Durana (UDI) y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, que calificó el proyecto de “razonable”.
Muchos de los apoyos a la iniciativa se explican ya que un tercio de la recaudación irá a las regiones, creándose tres fondos por un total de US$ 450 millones, que beneficiarán a en régimen, a 32 comunas mineras y a 309 municipios más pobres del país.
El senador Rafael Prohens (RN) dijo que con este impuesto “las regiones han sido compensadas”. Asimismo, destacó el ministro Marcel, la aprobación de este proyecto terminará con la incertidumbre que ha rodeado a las inversiones mineras, facilitando la materialización de las mismas.
Protocolo de acuerdo
Otro factor que viabiliza la aprobación del royalty fue el protocolo de acuerdo que surgió en el debate de las comisiones de Minería y Hacienda. El protocolo compromete medidas para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera.
Con los recursos del nuevo tributo se creará un Fondo Plurianual para la Seguridad Ciudadana en la ley de presupuestos de 2024, en que se aportará US$350 millones anuales por tres años a cuenta del royalty desde 2025.
Este documento considera que en la Ley de Presupuestos de 2024 -2025 se establecerá un fondo puente de apoyo a las regiones y municipios para 2024, por el 50% del aporte que éstos percibirán con cargo al royalty minero desde 2025.
Esto equivale a US$112,5 millones a beneficio de los Gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo; US$85 millones para el Fondo de Equidad a distribuir entre las comunas con mayor dependencia del fondo común municipal; y US$27,5 millones a beneficio del Fondo de Comunas Mineras.
También se creará un fondo trianual de recursos para apalancar proyectos de inversión en infraestructura productiva en las regiones Arica y Parinacota a Coquimbo. Para esto se contemplarán recursos por US$ 200 millones anuales en las leyes de presupuestos de 2024 a 2026.
FUENTE DIARIO FINANCIERO
