Por Carolina Cortés Henríquez, directora Sename Atacama.
Este 8 de junio se cumplen 16 años de la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), N° 20.084, que regula precisamente la responsabilidad de las personas -entre los 14 y 17 años- que han cometido delitos, el procedimiento para el establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones y la forma en las que éstas se ejecutan. Ley que se creó teniendo como fundamento el otorgar una protección especial a los y las adolescentes, aplicando los principios de igualdad y de protección, pues la diferente situación jurídico-social del adolescente y su calidad de persona en pleno proceso de desarrollo, lo hacen merecedor de una mayor protección jurídica de sus derechos.
Así las cosas, uno de los mayores cambios fue pasar de un sistema tutelar a un sistema de garantías de persecución y respuesta penal especial a adolescentes por los actos infractores que cometen. Una medida mucho más concordante con los estándares establecidos en la Convención de Derechos del Niño, instrumento que nos determina en el accionar cotidiano, pero que hoy, luego de más de 30 años de haberla ratificado como país, se está generando la estructura que debiera permitir su implementación.
Nos encontramos, en el área de responsabilidad penal adolescente, ad portas de un proceso que modificará ciertas medidas establecidas en esta ley, constituyéndose en una pieza más de las medidas tomadas a la fecha, lo que determinará una mayor coherencia y contribución a la conformación definitiva del Sistema de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Los cambios que, a partir de estas modificaciones se pueden generar en las trayectorias de jóvenes en conflicto con la justicia penal, son un aliciente importante en aspectos relativos a la seguridad pública, una preocupación relevante en la ciudadanía. Pero más relevante aún, son las transformaciones y la apuesta a una intervención centrada en las y los jóvenes y pertinente a su condición, realidad y contexto, haciéndonos responsables como sociedad de las consecuencias de un sistema que, estructuralmente, no ha dado una respuesta eficiente y consciente de las inequidades, segregación y la permanente exclusión social de niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad social.
Promover el abandono del delito, la restitución de derechos y la plena inclusión social es una tarea que se puede lograr con un abordaje intersectorial y con una estructura robusta. Asimismo, las modificaciones realizadas a la ley 20.084, previa evaluación de su implementación en estos años, complementan los cambios necesarios y posibles para la disminución de toda conducta delictiva.
