Más de una complicación ha atravesado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric en su año y tres meses de administración. La apertura de flancos ha venido en ocasiones de la mano de disculpas públicas de parte de las autoridades comprometidas, mientras que otros casos han derivado a la instrucción de investigaciones sumarias para esclarecer los hechos detrás de los desaciertos.
El último de ellos fue la omisión del enlace con la Clínica Las Condes de parte del Ministerio de Salud, para efectos de constatar la disponibilidad de camas UCI pediátricas. Un hecho que se dio a conocer tras el deceso de una menor de tres meses producto de complicaciones relacionadas al virus sincicial en la comuna de San Antonio, que terminó con la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, y el desembarco del Osvaldo Salgado (PS) en su reemplazo.
Ante la desbordada situación del Minsal, fue el propio Presidente Boric quien asumió la primera línea de la crisis, anunciando en el set de prensa de La Moneda la desvinculación del médico cirujano, ex directivo del Colegio Médico y simpatizante del Frente Amplio. “Las responsabilidades por cierto tienen que hacerse valer”, sentenció en ese entonces.
Un día antes de su salida, Araos anunció la presentación de una investigación sumaria para dilucidar las responsabilidades del caso. En el Minsal no entregaron una versión sobre el estado de este proceso.
Los días más oscuros de Jara
Antes de que la cartera de Salud estuviera en el centro del escrutinio público, era en el ministerio de Trabajo donde se concentraban los cuestionamientos. La incertidumbre sobre la salida del subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín -comunicada por presidencia el pasado 26 de mayo- se aclaró parcialmente el lunes 29, cuando trascendió por la prensa la presentación de una denuncia formal de acoso sexual en contra del ingeniero comercial.
El episodio terminó por complicar a una de las ministras mejor evaluadas del gabinete, Jeannette Jara, quien debió enajenarse de la celebración del despacho a ley del aumento del salario mínimo para dar explicaciones a la prensa y anunciar un sumario tardío para esclarecer los hechos que se le imputan al exsubsecretario. Dicho proceso, según indican desde la cartera, tiene carácter reservado y está a cargo de un jefe de servicio de alto rango.
La salida de Larraín tuvo impacto en la discusión de la reforma previsional, tanto por los cuestionamientos que manifestó la oposición sobre la salida de un actor que consideraban clave en la negociación de la reforma, como por las diferencias que el propio exsubsecretario transparentó con Jara.
“Dejó de hablarme cuando señalé que las cuentas nocionales no tenían mayoría parlamentaria“, afirmó Larraín a La Tercera, relatando que el pasado 9 de mayo la secretaria de Estado le espetó: “‘¿Por qué hiciste estas declaraciones? No corresponde que las haga un subsecretario, y te tienes que quedar callado'”.
Así las cosas, el capítulo se vino a cerrar este viernes con la designación de Claudio Reyes (PPD) como nuevo subsecretario de Previsión Social, en una nueva inclinación del Gobierno al mundo de la ex Concertación para efectos de reforzar a sus equipos.
La filtración que remeció a Cancillería
La polémica filtración que esta semana involucró al diputado RN, Miguel Mellado, con el Presidente de la República, no es el primer caso de estas características que afecta al Gobierno. La situación fue de hecho una reminiscencia del revés comunicacional que remeció al ministerio de Relaciones Exteriores en enero pasado.
En ese entonces, la canciller Antonia Urrejola, junto a altos funcionarios del ministerio, fueron víctimas de la filtración de una reunión privada en la que abordaban los dichos del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, respecto al rechazo unánime del Comité de Ministros al proyecto minero portuario Dominga.
El registro, que incluía garabatos y alusiones al senador Jaime Quintana (PPD), fue aquilatado como un bochorno internacional y decantó en la renuncia de la Directora de Comunicaciones del ministerio, Lorena Díaz; la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público y la apertura de un sumario administrativo para “esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades”.
Consultados por esta última medida, en la cartera indicaron que el sumario sigue en curso y “es secreto hasta que deje de serlo”.
El cataclismo de los indultos
Al margen de los debacles electorales que ha sufrido el Gobierno en el plebiscito del 4 de septiembre y en las elecciones de consejeros constitucionales del pasado 7 de mayo, la crisis más grande que se le adjudica a esta administración es la que desembocó con los indultos otorgados por el Presidente en diciembre del 2022.
Si bien el Ejecutivo informó que se entregó el beneficio a diez de los condenados en el marco del estallido social, junto al exfrentista Jorge Mateluna, horas después rectificaron la cifra, indicando que el Mandatario indultó a 13 personas en total, sumando al listado a Alejandro Carvajal Gutiérrez y a Matías Rojas Marambio.
Complejizando aún más el escenario, medios de comunicación dieron a conocer un informe de Gendarmería del 12 de diciembre, dos semanas antes de los indultos. El documento advertía un alto riesgo delictual de Luis Castillo, quien mantenía un prontuario criminal antes del 18 de octubre, y de Matías Rojas, de quien la institución realizó un informe desfavorable.
Con la presión de la oposición sobre los hombros, donde abandonaron la mesa por el acuerdo transversal por la seguridad a la que había convocado la ministra del Interior, Carolina Tohá, el Mandatario reconoció el 7 de enero que “hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos”.
Ese mismo día, el jefe de Estado aceptó la renuncia de los dos funcionarios de Gobierno que estuvieron a cargo del proceso político y administrativo de los indultos presidenciales: la ministra de Justicia, Marcela Ríos y el estrecho colaborador del Mandatario, Matías Meza-Lopehandía, quien asumía como jefe de gabinete de Boric.
La pregunta respecto a si se presentaría o no un sumario administrativo para dar con la trazabilidad del error en la gestión de los indultos fue uno de los primeros asuntos que zanjó el recién asumido ministro de Justicia, Luis Cordero. El pasado 12 de enero, el nuevo titular de la cartera indicó que la presentación de un sumario es “algo que por ahora no forma parte de la discusión”.
Gabinete “Irina Karamanos”
Fue el pasado 22 de junio del 2022 que, a través de una nueva Resolución Exenta, la Presidencia de la República oficializó el cambio de nombre de la institución de “Primera Dama” para llamarlo “Gabinete Irina Karamanos”. La modificación le otorgaba al cargo que detentaba la socióloga de Convergencia Social atribuciones inéditas, como era “coordinar lineamientos estratégicos y definiciones programáticas para políticas públicas”.
Al trascender en los medios de comunicación y al concitar las crítica del mundo político, La Moneda anuló la resolución, reemplazándola por otra que bautizaba a la repartición de Karamanos como “Coordinación Sociocultural” y suprimía las atribuciones cuestionadas. Al respecto, la titular de Segegob, Camila Vallejo, apuntó que el hecho había radicado en un “error administrativo”.
“Entendemos que se haya procedido a hacer una modificación de la nominación, pero no era parte obviamente de la definición política que esto se personalizara”, complementó.
El vuelo fantasma de Izkia
Variados fueron los traspiés que protagonizó Izkia Siches en la conducción del ministerio del Interior. Uno de los más mediáticos fue la acusación que la expresidenta del Colegio Médico realizó en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara en abril del 2022, respecto a un vuelo de repatriación de ciudadanos venezolanos que había regresado a Chile con todos sus pasajeros. “Es una chambonada a nivel nacional”, aseveró, apuntando al Gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
Con el desmentido de su antecesor en el cargo, Siches rectificó sus palabras un día después, reconociendo que la información vertida era incorrecta. “En espíritu republicano pido mis más sinceras disculpas a Rodrigo Delgado y su equipo”, manifestó vía Twitter.
El Gobierno radicó la responsabilidad sobre la entonces directora subrogante del Servicio Nacional de Migraciones, Carmen Gloria Daneri. Según indican en el servicio, a pocos días de asumir la dirección del organismo, Luis Thayer ordenó una investigación sumaria respecto al rol de la funcionaria en el caso, la que derivó a una sanción de censura, mas no la presentación de un sumario administrativo. Hoy la involucrada se desempeña como encargada de relaciones internacionales del Servicio.
Los lamentos del gabinete
La apertura de flancos y los errores cometidos por parte de personeros del Ejecutivo, ha venido recurrentemente de la mano con disculpas por parte de los funcionarios involucrados.
Emblemático fue el caso del entonces ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, cuando extendió sus disculpas por WhatsApp a parlamentarios producto de las diferencias que el militante RD marcó entre el actual Gobierno con las administraciones anteriores. “Creo que me expresé mal, que en ese sentido no debí haber dicho algunas cosas de ideas políticas de la forma que lo dije”, sostuvo públicamente en el Congreso Nacional.
Otro episodio conocido fue el de la exministra del Interior, Izkia Siches, quien extendió sus lamentos por decirles a los diputados en plena sesión de la sala que se habían “golpeado la cabeza”. “Mi frase fue desafortunada”, admitió al salir del hemiciclo.
Fue en esa misma corporación que el titular de Educación, Marco Antonio Ávila, pidió perdón respecto a la discusión que tuvo con la diputada Viviana Delgado (PEV), quien posterior al desencuentro cayó en la enfermería de la Cámara producto de una descompensación. “Quiero ofrecer sinceras disculpas respecto de la manera en que condujimos ese diálogo”, sostuvo el ministro.
Cabe recordar que, a poco de andar el Gobierno, en marzo del 2022, el ministro de Economía, Nicolás Grau, pidió disculpas en nombre del Estado de Chile a los comerciantes de Santiago afectados por el estallido social. Cuestión que le valió críticas al Gobierno por no condenar la violencia que se suscitó en el marco de las movilizaciones sociales.
Otra polémica protagonizaría posteriormente el jefe de cartera de Economía, al afirmar que “a las pymes, a diferencia de las personas, la inflación le trae costos y beneficios”. Una declaración que luego Grau reconoció como “una mala frase”.
A lo anterior, hay que sumar el caso protagonizado por el propio Presidente Gabriel Boric. “Le pido disculpas al pueblo de Iquique que quedó fuera del desfile, porque no es algo que sea mi instrucción, ni menos mi voluntad”, manifestó por la prohibición que se impuso a los iquiqueños de asistir a la ceremonia de la Armada por la conmemoración del 21 de mayo.
En antecedentes más recientes, la Ministra de la Segegob, Camila Vallejo, reconoció haber extendido las disculpas del Gobierno a los senadores de Demócratas, Ximena Rincón y Matías Walker. Ello por una minuta de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) sobre la crisis financiera de las Isapres que apuntó directamente contra ambos parlamentarios y los acusó de por haber levantado una reforma constitucional que “pretende eludir el fallo de la Corte” Suprema.
“Yo personalmente y en nombre del Gobierno me he comunicado con esos dos senadores para entregarles las disculpas correspondientes, porque nuestra batalla es de ideas y nunca en contra de personas en particular”, sostuvo.
En tanto, este este martes la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli y el ahora exsubsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, ofrecieron sus disculpas a las autoridades de la administración anterior por los comentarios realizados mientras eran oposición a raíz del manejo de la emergencia sanitaria por el Covid-19. “Ellos decían que sus críticas fueron exageradas y reconocieron que el manejo de este tipo de situaciones no es fácil”, relató el exministro de Salud, Enrique Paris.
Fuente: Emol.com
