Claudia Soto, también conocida como “Gloria Bascuñán”, es dirigente de la toma 17 de mayo y a la vez, jefa del área de transformación digital de la cartera.
Un revelador reportaje presentado anoche en Canal 13 dio cuenta de la doble vida que una funcionaria del Ministerio de Las Culturas, Claudia Soto, llevaba en los últimos años, donde aparte de ostentar un cargo de relevancia en la cartera de Gobierno se desempeñaba, con otro nombre, como líder de una toma de terrenos en la comuna de Cerro Navia.
La información de reportaje de Canal 13 se entregó en el contexto de las negociaciones que un grupo de pobladores, liderados por Soto, conocida en el movimiento como Gloria Bascuñán, llevaba con autoridades de Vivienda y Serviu para hacerse con unos terrenos en el sector de 17 de mayo.
La doble vida de la funcionaria
“La funcionaria a honorarios del Ministerio de Las Culturas recibe un sueldo bruto mensual de más de dos millones de pesos ($2.263.466)” por sus servicios como jefa del área de transformación digital de la cartera, indicó el reportaje, que puso a Soto como una de las encargadas de liderar la toma, y a partir de 2020, en el Gobierno de Sebastián Piñera, como una de las funcionarias destacadas de la repartición cultural.
Un año antes de asumir en el ministerio, Soto lideró la toma de los terrenos en agosto de 2019. Tal como lo confesó minutos antes de pedir que se terminara la entrevista, inmediatamente después que el periodista de Canal 13 le preguntara si Gloria Bascuñán y ella eran la misma persona.
“En ese tiempo nosotros arrendábamos, hubo un desperfecto en la vivienda que arrendábamos y tuvimos que terminar viviendo con un amigo y supimos de la toma. Llegamos y nos informamos acerca del proyecto de vivienda y barrio digno que es la toma 17 de mayo y quisimos venir a aportar”, contó la dirigente vecinal y funcionaria pública.
Una vez descubierta, Soto insistió en su inocencia, asegurando que “no tengo nada que ocultar. No le he robado a nadie y no soy corrupta”.
“La participación de personas concurriendo a firmar un documento público falsificando su identidad ya nos lleva a aventurar algunas posibilidades de orden jurídico. Con la información que he recibido al respecto, voy a iniciar la investigación entendiendo que de acuerdo al menos al relato, los antecedentes que hay, evidentemente podrían configurarse algunas figuras de orden penal y en ese sentido es obligación nuestra proceder a una investigación”, reveló el fiscal Ezio Braghetto, una vez que se le entregaron los antecedentes del caso.
La respuesta de Cultura al reportaje
La reacción al reportaje fue inmediata también en la vereda del ministerio, que dispuso de una investigación para “determinar los cursos de acción pertinentes”.
“La profesional en cuestión presta servicios a honorarios desde el año 2020 a la fecha en esta institución, a cargo del Área de Transformación Digital. Como entidad pública, nos tomamos muy en serio cualquier acusación que involucre a nuestros servidores públicos”, inicia el comunicado de la repartición pública.
“Hemos conversado con la profesional y nos encontramos recabando todos los antecedentes disponibles para analizar de manera imparcial y objetivo la situación planteada, y determinar los cursos de acción pertinentes (…) la integridad y transparencias son valores fundamentales para nuestra institución, por eso todos nuestros funcionarios y funcionarias deben estar comprometidos con el servicio público y con el respeto a la legalidad”, afirmaron.
“Respetamos la libre expresión y las actividades privadas de nuestros trabajadores, siempre que no contravengan la normativa que nos rige como institución pública”, finalizaron.
FUENTE PUBLIMETRO
