Inadvertido a los ojos de la opinión pública ingresó, el 12 de mayo, a Contraloría un documento de total importancia para La Moneda y, en especial, para el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno: se trataba del decreto N°12 que creaba la “comisión asesora contra la desinformación”, firmado -primero- por la titular de la cartera, Camila Vallejo, y -segundo- por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry.
Fue la primera acción para que el decreto cumpliera con los requisitos legales para ser publicado, algo que finalmente se concretó el 20 de junio al ser estampado en el Diario Oficial. Pero, antes, el proceso estuvo marcado por un periplo que duró casi un mes.
En el primer documento ingresado por el Ejecutivo se señalaba que entre las funciones que tendría la comisión estarían abarcar el “a) impacto de la desinformación en la calidad de la democracia. b) Educación y desinformación: alfabetización digital. c) Desinformación en plataformas digitales. d) Buenas prácticas internacionales/experiencia comparada. e) Políticas públicas y desinformación”.
Para el cumplimiento de esto se especificó que esta instancia -compuesta por representantes de universidades estatales y privadas, fundaciones y una organización de fact checking- deberá proponer “al Ministro o Ministra las medidas y/o elementos de política pública sobre la base del análisis de los distintos conocimientos asociados a la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia”.
Ministra Camila Vallejo, cuyo ministerio impulsó el decreto
Fue en este último punto donde Contraloría hizo la primera observación. En el oficio original sólo se habla de “ministro o ministra”, no se especifica cuáles son estos titulares de cartera. Enseguida, se señala en el decreto ingresado el 12 de mayo que la comisión deberá “asesorar técnicamente la participación del Ministerio Secretaría General de Gobierno en el Hub de Desinformación de la OCDE y en las instancias internacionales relevantes para la temática de la desinformación y su impacto en la democracia”.
Acá vino la otra corrección de fondo: esta función sólo consideraba a la Segegob, pero no al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), encargado de las instancias internacionales del gobierno.
De ahí en más, el resto de las observaciones fueron de carácter técnico, por lo que las principales correcciones se solicitaron de los dos puntos relativos a las funciones y roles.
Para modificar estos párrafos, el Ejecutivo retiró el decreto el 18 de mayo. En La Moneda se tomó nota de las prevenciones de la Contraloría y se volvió a imprimir otro de estos documentos, y, era de esperarse, el definitivo.
Así, seis días después, el decreto para crear la “comisión contra la desinformación” volvió a ingresar, esta vez, el 24 de mayo.
Las correcciones
El decreto ya corregido incorporó las observaciones del organismo dirigido por Jorge Bermúdez. Así, lo relativo a quiénes son los ministros o ministras fue especificado con más detalle: “Recomendar a los Ministros o Ministras de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Secretaría General de Gobierno, las medidas y/o elementos que contribuyan al desarrollo de la política pública sobre la base del análisis de los distintos conocimientos asociados a la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia”, dice el documento.
En el apartado segundo también hubo modificaciones, donde se precisó el rol del Minrel. “Asesorar técnicamente la participación del Ministerio Secretaría General de Gobierno en el Hub de Desinformación de la OCDE y en las instancias internacionales relevantes para la temática de la desinformación y su impacto en la democracia. Sin perjuicio de las atribuciones que le corresponda ejercer al Ministerio de Relaciones Exteriores”.
La comisión contará con una Secretaría Técnica,”la cual será dirigida por una funcionaria o funcionario que designe la Ministra o Ministro Secretaria(o) General de Gobierno”, y le corresponderá, entre otras funciones, coordinar y registrar las sesiones de la comisión, apoyar su trabajo en materia de solicitudes y recopilación de información, síntesis de discusiones, redacción de documentos, entre otras funciones.
Con la nueva redacción de estos puntos, más los cambios técnicos sugeridos, el decreto ya había pasado el filtro legal de la Contraloría, donde no detectaron inconvenientes legales respecto del documento, pues no se advirtieron elementos que contravengan lo normativo, ya que la comisión sólo tiene un rol asesor, de recomendación, pero no vinculante a nada. El cuestionamiento político, dicen quienes conocieron el proceso, es otra cosa.
Por lo mismo, es en ese escenario que la oposición busca activar algún tipo de ofensiva. El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke señaló que pedirá citar a la Comisión de Constitución a la vocera Vallejo, autoridades y gremios para “conocer explicación de abrupta creación de comisión de gobierno que determinaría que es o no verdadero, composición, financiamiento, ámbito acción y garantía derechos fundamentales a la expresión”.
Finalmente, la toma de razón del decreto se concretó el 8 de junio, y 12 días después fue publicado en el Diario Oficial. Antes de agosto los integrantes de la comisión deberán ser elegidos y luego tendrán que evacuar su primer diagnóstico referente al “estado del arte” de la desinformación, lo que sin duda volverá a generar ruido en una convulsionada contingencia.
FUENTE LA TERCERA
