Por David Rodríguez C. – Past President Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA)
Con gran pesar, hemos sido testigos de los devastadores efectos de las lluvias en la zona central de nuestro país. Si bien un fenómeno natural inusual y de esta magnitud genera siempre una situación de emergencia que escapa al alcance humano, revela situaciones que sí eran previsibles y cuya gestión permitía -al menos- aminorar la gravedad de las consecuencias.
A las lluvias se suma la crisis habitacional y catástrofes en zonas urbanas que, a pesar de sus diferencias, comparten dos elementos comunes.
En primer lugar, la proliferación de vertederos y asentamientos informales en espacios naturales, como las quebradas, que contribuye a que las crecidas de los ríos busquen vías de escape fuera de sus cauces originales, provocando desastrosos escenarios.
En segundo lugar, el nulo cumplimiento de la planificación urbana y de sus normas respecto a la construcción en concordancia a las características geográficas de las zonas donde se emplazan. Existe una total permisividad para el uso de terrenos que, a pesar de estar expresamente restringidos para uso urbano en los planos reguladores, son tomados con precarias autoconstrucciones sin ningún tipo de control.
Ambos elementos confluyen en la falta de un decisivo pronunciamiento de la autoridad, cuya responsabilidad recae en generar políticas públicas sostenibles para el tratamiento de los escombros y poner en práctica los planes urbanos para impedir que se ocupen y habiten zonas públicas de riesgo.
Es urgente que el Estado haga uso de sus planes y el aparataje técnico que posee el conocimiento sobre uso eficiente del territorio, si es que no queremos volver a lamentar los desafortunados resultados que en estos días presenciamos en el desarrollo de nuestras ciudades y el resguardo de sus comunidades.
