- Fiscalía de Atacama iniciará indagatoria para determinar si es que existe delito en estas acciones.
El bullado caso de los tratos directos entre el MINVU Antofagasta y algunas Fundaciones que tendrían lazos con el actual Gobierno, puso la voz de alerta en todo Chile, esto dado el alto nivel de dinero que se estaba traspasando a algunas organizaciones por determinados trabajos. Se comenzó así, a cuestionar este tipo de entrega de recursos, poniendo un manto de duda en la forma, las fiscalizaciones y las labores realizadas, además de los destinos reales de dichos trabajos encargados a organismos privados.
Es en este contexto que, para saber qué pasa en Atacama respecto de este escenario, Nostálgica conversó con autoridades regionales, pasando por la Seremi de MINVU Atacama, Rocío Díaz Gómez; el Gobernador Regional, Miguel Vargas y parlamentarios de Atacama.
Trabajo con Fundaciones y Municipios
La primera en responder a nuestro llamado fue la Seremi Rocío Díaz, la que, con documentos en mano, llegó hasta los estudios de nuestra emisora, “a dar cara”, como ella mismo lo mencionó antes de comenzar la entrevista.
La autoridad comenzó apuntando a la realidad de los campamentos en Atacama, donde existen actualmente 106 asentamientos, albergando a unas 17 mil personas, las que son atendidas por solo cinco funcionarios, encontrándose “sobrepasados” en sus labores y requerimientos.
Respecto del funcionamiento del traspaso de recursos a Fundaciones sin fines de lucro, desde el MINVU Atacama, Díaz Gómez, indicó que esto se efectúa en el contexto de la pandemia, donde era necesario entregar agua a los campamentos y teniendo como herramienta legal el subtítulo 33 de la Ley de Presupuesto.
En la actualidad, el MINVU Atacama tiene once convenios vigentes con cuatro organismos: Fundación Techo Chile (operativa desde 2015), Fundación Enred (desde 2021), ONG Enlace Urbano (desde 2021) y Fundación Comprometidos (desde 2017). Los recursos entregados a estas cuatro Fundaciones y ONG corresponden a mil 300 millones de pesos. Hasta la fecha se ha rendido el 56% de estos recursos al MINVU Atacama, según detalló Rocío Díaz.
En cuanto a los municipios de Atacama, existen 21 convenios vigentes, de los cuales 15 corresponden a Copiapó, 2 con Vallenar, 1 con Huasco, 2 con Chañaral y 1 con Diego de Almagro, los que suman en total mil 900 millones de pesos, donde se ha rendido el 51,1 % de estos recursos. En este ítem, la seremi MINVU de Atacama señaló que estos convenios de trabajo con los municipios son más complejos, comparado con lo que realizan las Fundaciones, donde se pueden nombrar acciones como: construcción de muros de contención, diseño de redes eléctricas, diseño de pavimentaciones, y por lo anterior, es que algunos de estos convenios pueden ser bianuales.
Para poder entender de mejor manera la forma en que se han tomado las decisiones de elegir a estas Fundaciones a las cuales se les han asignado trabajos específicos con sus respectivos recursos, le consultamos a Rocío Díaz, como es que opera este sistema, indicándonos que hay algunos casos en que se escogen desde el nivel central del SERVIU, por parte del Programa de Asentamientos Precarios, entre distintos organismos externos que desarrollan labores en áreas como: Trabajo Social, Campamentos, Urbanismo, donde se reciben las cotizaciones por los servicios requeridos y desde este mismo Programa de Asentamientos Precarios, se decide, según los valores señalados y acordes al mercado, a que Fundaciones se les asignan los trabajos, descartando de plano que sea una decisión que se tome solamente a nivel regional, sino que es con supervisión y control del nivel central del Ministerio.
Nuevos Antecedentes
Mientras en Nostálgica desarrollábamos este reportaje, apareció en el Diario La Tercera, una publicación que apuntaba a que una de las Fundaciones que fueron indicadas por Rocía Díaz como colaboradoras, llamada Comprometidos, esta tenía como giro “Actividades en producción de películas cinematográficas” y “actividades de clínicas veterinarias” y que posteriormente “cambió radicalmente en marzo de este año, cuando de acuerdo a la información tributaria de la entidad se añadieron dos actividades económicas más: “asistencia social” y “fundaciones y corporaciones”.
Según señala La Tercera, “la entidad se adjudicó un convenio de colaboración con la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Atacama para una colaboración para el plan “piloto de gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa El Cerro II, de la comuna de Copiapó”, por un total de $ 128 millones, en el marco del programa de asentamientos precarios.
Así quedó plasmado en la resolución exenta N°654 del 21 de diciembre de 2022 que aprobó el convenio de colaboración entre ambas entidades. El acuerdo, de hecho, fue plasmado dos días antes, el 19 de diciembre, lo que implicó que, al momento de la suscripción de dicho convenio, la fundación Comprometidos no contaba con un giro relacionado a los temas relativos a los campamentos, ya que este último giro se actualizó ante el SII recién el 7 de marzo de 2023.”
Frente a esto, desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Atacama, se emitió un comunicado que manifiesta que se instruyó “un sumario administrativo, por parte de la SEREMI MINVU Atacama, Rocío Díaz Gómez, además de elaborar un set con todos los antecedentes administrativos asociados al convenio en cuestión y remitirlos a la Contraloría Regional de Atacama para su fiscalización”. Se agrega que “Entendemos que las brechas del sistema, y a la urgencia de resolver con prontitud la solución de distribución de agua potable, el giro tributario de la Fundación no es prerrequisito para su suscripción del Convenio, sin embargo, es algo que observamos y por tanto fue corregido durante el proceso”.
Fundaciones y el Gobierno Regional
En otra arista, en el Gobierno Regional, también se traspasan recursos, pero el sistema es muy diferente. Para entender esto, Nostálgica conversó con el Gobernador Regional, Miguel Vargas Correa, el que precisó que el GORE Atacama tiene “un abanico bastante amplio de entidades colaboradoras del Gobierno Regional”, expresando que sin estas “difícilmente podemos atender las necesidades que se tienen en las comunidades, en el ámbito del deporte, la cultura, el desarrollo social, trabajo con personas mayores, prevención del suicidio, cuidadores, mascotas” entre muchas otras.
Vargas Correa mencionó que, junto al equipo de trabajo del Gobierno Regional, de manera voluntaria pusieron a disposición de la Contraloría Regional de Atacama, todos los antecedentes de los programas que han financiado con recursos públicos menores a 300 millones de pesos, ya que aquellos que superan dicho monto, por normativa, deben pasar a vista de la Contraloría.
El Gobernador manifestó que el Estado por si solo no tiene la capacidad de articular una cantidad importante de acciones y que resulta esencial y hasta estratégico que se efectúen estos trabajos por parte de las Fundaciones y ONGs:
Cómo se entregan los recursos por parte del GORE
Miguel Vargas fue consultado por la manera en que se entregan recursos a las distintas organizaciones sociales, indicando en una primera instancia estas pueden postular a fondos concursables, denominados de la “glosa del 8%”, de manera anual y con un tope máximo de ocho millones de pesos. Pero, aparte de estos fondos, existe una especie de “camino alternativo” que no es muy conocida por la comunidad en general, “la glosa 7.1” en donde las fundaciones y corporaciones pueden “presentar programas de trabajo” y en la cual le permite al Gobierno Regional “hacer transferencias, pero siempre” contra presentación de un programa.
A diferencia de los fondos concursables, que tienen montos definidos y con un máximo por proyecto, en la presentación de los programas, según dijo Vargas, “no existe límite, (ya que) el límite es el costo del programa”, partiendo este método reglamentario en el Gobierno de Sebastián Piñera, es decir son “mecanismos legales de asignación de recursos” y que, si se quiere terminar con estas prácticas, se debería legislar al respecto, estando dicho proceso en manos de los parlamentarios.
Quien también respondió la consulta de Nostálgica fue el CORE Max Barrionuevo, respecto de cómo funciona el sistema de asignación de recursos, indicándonos que se pueden optar por dos lías, siendo la primera donde las organizaciones “pueden postular a los concursos del 8% del FNDR o en su defecto cuando el ejecutivo del gore establece un programa de Interés Regional, pero en este caso cuando supera las 7.000 UTM debe ser aprobado por el Consejo Regional, a través de votación en el pleno donde debe existir una mayoría”.
Barrionuevo especificó que en el segundo caso “se hace a la transferencia de capital referente al Subtítulo 33 de las glosas presupuestarias, pero solo y a ciertas instituciones que indique la ley como por ejemplo las corporaciones municipales o fundaciones que tenga participación el Gobierno Regional”
En lo relativo a la fiscalización, Max Barrionuevo señaló que esta se efectúa por medio de la “Unidad de Control Interno del GORE” y que recientemente se pidió “un oficio fiscalizador al Gobierno Regional, solicitando estado y todo el proceso de los tratos directos que tenga con distintas fundaciones y corporaciones, el motivo principal es en base a nuestra función fiscalizadora y por la situación que acontece al país, decidimos como cuerpo colegiado oficiar al Gore para verificar y trasparentar cada proceso, haciendo cumplir nuestra función de fiscalizadores. Agregó que además que existe Fiscalización que realiza la Contraloría Regional.
Qué dicen los parlamentarios de Atacama
Nostálgica consultó a los cinco diputados y a los dos Senadores por Atacama, respecto de su parecer con respecto a este tema de los “tratos directos” entre MINVU Atacama y GORE con fundaciones, recibiendo algunas respuestas de los parlamentarios de la región:
Juan Santana, puso el énfasis en disipar todo tipo de dudas, sobre todo en aquellos recursos que van dirigidos hacia los sectores más desposeídos de la comunidad:
Por su parte, Sofía Cid fue categórica al calificar como “escándalo de corrupción” a los hechos detectados en Antofagasta, pero a su vez indicó que, respecto a Atacama, ya ofició a algunos organismos para que se efectúen las fiscalizaciones respectivas:
En tanto, Jaime Mulet, señaló que lo ocurrido en Antofagasta con Democracia Viva y el Serviu de esa región “es muy grave, y donde hay conflicto de intereses que son evidentes” pero que hay determinar que distancia existe entre el conflicto de interés y la comisión de un delito. Mulet indicó que se debe investigar a fondo y “hay que sancionar severamente si es que se han hecho más uso de los recursos… con cárcel si es necesario”:
Desde el Senado, Rafael Prohens, manifestó que “hay fundaciones que uno conoce y que el Gobierno Regional ha trabajado hace tiempo, como Levantemos Chile, que ha estado enfocado en sacar las listas de espera, en operaciones de rodilla y hernia” donde ha habido un buen trabajo y con rendición de cuentas a tiempo.
Al cierre de esta nota, desde la Fiscalía de Atacama se entregó información por parte del Fiscal Cristian González Carriel, el que señaló que se iniciaría una investigación respecto de los hechos denunciados como irregulares y si en esto existe o no delito.
