Este jueves 6 de julio, el Ministerio Público abrirá una nueva indagatoria a raíz de eventuales irregularidades en convenios con fundaciones. Esta vez, se trata de un convenio firmado en 2023 por la Gobernación Regional de Arica, liderada por Jorge Díaz Ibarra (DC), y la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones, domiciliada en La Serena.
El objetivo del convenio es dar financiamiento directo a personas que tienen ideas de negocios, pero que no pueden acceder a la banca formal, y busca beneficiar a 1.600 personas de la región en condición de vulnerabilidad o pobreza
Según constató Mega Investiga, el costo del proyecto aprobado asciende a casi $2.600 millones, pero sólo se han transferido $1.300 millones hasta ahora.
Llama la atención que la fundación no cuenta con página web ni perfil en redes sociales. Tampoco hay noticias vinculadas a su trabajo y en el Registro de Colaboradores del Estado, no reporta ninguna otra transferencia por convenios o subvenciones de organismos públicos de ninguna región más del país.
“Es mucha cercanía”
Fue la Gobernación de Arica la que propuso ante el Consejo Regional que esta fundación de La Serena recibiera los fondos del convenio. Luego de cuatro horas de sesión, los cores aprobaron el financiamiento, aunque no sin críticas.
El consejero regional Iván Paredes (PS) cuestionó el alto monto del programa. “Creo que es un error, y lo digo con todo cariño al gobernador, plantear un proyecto de esta naturaleza a esos montos. Me hace ruido que sean $2.500 millones para entregarle a una institución privada, así como así”, dijo en el Consejo del 23 de febrero pasado.
Los cuestionamientos llegaron incluso a quien es el coordinador general del proyecto en la fundación. Se trata de Marcelo Islas, a quien identifican como un militante de la Juventud Demócrata Cristiana.
“Hay cosas que a uno le generan cierto prurito, en el sentido de que es mucha cercanía”, advirtió Paredes.
La defensa a Islas vino desde uno de los cores de la DC, Daniel Linares. “Entiendo que seguramente hay personas que tienen dudas, y eso está bien, pero en la comisión se explicó que la persona encargada, Marcelo Islas, claramente había sido director del Fosis, tiene la experiencia y sapiencia para manejar un proyecto como este”.
El gobernador Díaz zanjó la discusión: “¿Qué es más importante? ¿A quién dirigimos nuestro esfuerzo? ¿Qué nos interesa más, el ejecutor o el beneficiario? Y frente a eso, en mi caso, me interesa más el beneficiario, que el ejecutor”, dijo en el Consejo.
La propuesta del gobernador para aprobar el convenio
Para disminuir las aprehensiones respecto a la iniciativa, el gobernador propuso en el Consejo Regional una fórmula de entrega de recursos escalonada. La fundación recibiría $1.300 millones en 2023, sólo mil pesos en 2024, y casi $1.300 millones nuevamente en 2025. Si la ejecución del programa en 2023 cumplía con los criterios y expectativas de la gobernación y del Consejo Regional, se aprobaría el saldo completo para 2024. “En su defecto, si no es así, simplemente lo dejamos en un peso y buscamos a otro ejecutor que sí cumpla”, dijo el gobernador Díaz.
Finalmente, se firmó el convenio con el presidente de la fundación, Roberto Pizarro Díaz.
Tras los cuestionamientos públicos, el gobernador emitió un comunicado donde descarta irregularidades en la entrega de los dineros. “Estos recursos fueron votados y aprobados por el Consejo Regional previo proceso de admisibilidad y legalidad respectivamente, y posteriormente se realizaron dos tomas de razón de la Contraloría General de la República, máximo organismo fiscalizador del país”, se lee en el documento.
El senador de Arica José Miguel Durana (UDI) cuestiona que el convenio haya sido visado por la Contraloría regional de Arica. “¿Cómo llega a tomar razón de un proyecto de estas características?”. Su compañero de partido, el senador de La Serena Sergio Gahona (UDI), añade: “Lo que nosotros nos preguntamos es si efectivamente, existiendo el Sercotec, existiendo el Fosis, existiendo Corfo ¿por qué se le entregan $2.500 millones a una fundación que no tiene ninguna experiencia en estas materias y que además es de otra región?”.
Ahora será la Fiscalía el organismo encargado de determinar si hubo o no algún delito en la firma de este convenio.
FUENTE MEGANOTICIAS
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