Además de impulsar inversiones provisorias para enfrentar la sequía y abastecer a la población en lo inmediato, expertos urgen a implementar una “nueva política a largo plazo” en materia de obras hidráulicas a cargo del Estado.
Bajo alerta se encuentra Uruguay, en medio de la grave crisis hídrica que enfrenta el país sudamericano. En cuestión de una semana a diez días, se estima que el agua que saldrá por las canillas de los hogares del área metropolitana no será potable, y si bien las lluvias registradas recientemente dieron cierta esperanza, expertos advierten que no son suficientes para paliar la emergencia.
Esto, considerando que las reservas de Paso Severino, que abastece a Montevideo y sus alrededores, se encuentran en mínimos históricos -por debajo del 2%-, sin precipitaciones significativas pronosticadas para las próximas horas. Debido a la escasez de este elemento vital, las autoridades han debido recurrir al Río de la Plata, y lidiar con los elevados porcentajes de sal para el servicio diario.
Se trata de una sequía histórica, la peor en más de ochenta años, que ha obligado al gobierno de Luis Lacalle Pou a declarar dos emergencias en menos de un año: la primera de ellas agropecuaria, para mitigar sus efectos sobre el principal motor de la economía; y hacia fines de junio una hídrica, que afecta principalmente a capital uruguaya y la zona metropolitana.
A mediados de marzo, la Agencia Americana de Océanos y Atmósfera (NOAA, por sus siglas en inglés) había anunciado que el fenómeno climático La Niña -que se unió a la sequía y empeoró la situación de Uruguay- había terminado, y que iniciaría una fase neutral que permitiría normalizar las precipitaciones. Sin embargo, a la fecha las lluvias son todavía bastante escasas, provocando que varias zonas del país tengan dificultades de acceso a agua potable, lastrando, de paso, el crecimiento económico.
Un informe publicado en abril por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), proyectaba que el Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay anotaría una expansión de 2% en 2023, cifra que hoy suena por demás optimista. Lo anterior, dado que un mes después el gigante brasileño Itaú -difundido por el diario uruguayo El País- pronosticó que el PIB crecería 1% en el año.
“Los riesgos a la baja ahora están más equilibrados en comparación con el escenario anterior, ya que los principales indicadores de actividad se expandieron en el primer trimestre y al comienzo del segundo trimestre. Aún así, una severa sequía y una economía argentina más débil frenan la expansión de la actividad”, anticipó la entidad.
En la misma línea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expuso en un reporte de mediados de mayo que “los principales riesgos macroeconómicos -de Uruguay- se derivan de un empeoramiento de las condiciones financieras externas, el deterioro de las tensiones geopolíticas internacionales y el impacto de la sequía”.
Los sectores más afectados
Respecto de cómo la crisis hídrica presiona a la economía, Enrique Guerra, abogado uruguayo y catedrático de Derecho Agrario de la Universidad de la República, menciona que el escenario es bastante dispar según las zonas y modalidades de actividad.
“Las cosechas de soja en las zonas de tierras más fértiles y productivas -oeste u suroeste- se encuentran prácticamente perdidas, y si bien las compañías aseguradoras, en especial la estatal, se han visto obligadas a indemnizar sumas nunca antes reportaron, la sequía ha dejado un fuerte endeudamiento de agricultores. No sucede lo mismo en las zonas más al norte y en el este del país, donde es menor la cantidad de tierras afectadas, aunque también son menores las siembras. En definitiva se está experimentando una importante baja de las exportaciones en dicho rubro”, dijo el doctor en Derecho.
Eso sí, explicó que existen otros cultivos, como el arroz, que han tenido resultados satisfactorios, como consecuencia de una infraestructura de riego adecuada.
En relación a la ganadería, especialmente la de cría, Guerra señala que “acusa un descenso en los niveles de preñez por falta de agua y verdeo en los campos, aunque los resultados que se están observando son un poco más satisfactorios de los esperados. En buena medida se explica porque la zona norte del país, donde hay más ganadería, ha sido la menos afectada por la escasez de lluvias”.
“La falta de aguas también se ha hecho sentir en el sector de la granja y la producción de frutas y verduras, localizadas en el sur y zonas próximas a la capital, aunque ello repercute en el mercado interno. En términos generales, puede decirse que la sequía, sin duda, habrá de dejar sus huellas en el sector y por tanto en la economía nacional, estimándose a nivel oficial que las pérdidas alcancen el entorno de los US$2.000 millones”, añadió.
En efecto, Fernando Mattos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, ha manifestado que las pérdidas este año serían de alrededor de US$2.000 millones.
Por su parte, Carlos Esse, director del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (IIDS) de la Universidad Autónoma, sostuvo que “la escasez de agua puede aumentar los costos operativos para las empresas de servicios. Además, el turismo podría verse afectado si la escasez de agua resulta en restricciones de agua -para el funcionamiento de hoteles y restaurantes, por ejemplo- o afecta la belleza natural del país. Actividad muy importante para ese país”.
Esse también apuntó que “si bien Uruguay ha invertido mucho en energías renovables como la eólica y la solar, la energía hidroeléctrica sigue siendo una fuente importante de energía. La escasez de agua podría reducir la capacidad de generación de energía hidroeléctrica. En general, los efectos también podrían estar impactando la calidad de vida en términos de productividad y costos de salud”.
El académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Juan Nagel, aseguró que “la crisis hídrica presenta un reto importante para el Uruguay. Uruguay exporta alrededor de US$15 mil millones, de los cuales alrededor de la mitad, unos $8 mil millones, representan productos agrícolas y pecuarios. Es de prever que la crisis hídrica afecte a estas industrias debido al alza en los costos de la comida para animales y del riego, lo cual eleva los costos de producción de la economía, e incluso podría hacer inviables algunas cosechas”.
¿Cómo enfrentar la sequía?
Felipe Garrido, ingeniero hidráulico UC y miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), declaró que “en el corto plazo se deben hacer inversiones provisorias para la emergencia que permitan aportar el agua dulce que se requiere para abastecer a la población. Lo que se podría hacer es instalar plantas desaladoras modulares para contar con suministro de emergencia. Esto se puede hacer desde ahora, invirtiendo e implementando estas plantas”.
Luego, como medida a largo plazo, comentó que “se requiere continuar el plan de desarrollo sanitario que tenía el país. El diseño debe contemplar fuentes de agua que den seguridad y planificar con un horizonte de 30 años, considerando eventos hidrológicos extremos”.
Guerra fue más allá, afirmando que “para enfrentar este problema es necesario introducir una nueva política a largo plazo en materia de obras hidráulicas a cargo del Estado, ya que hasta el momento el desarrollo de las obras para riego agrario queda en manos de los particulares en base a políticas de estímulos”.
“No puede pedirse al sector privado que se haga cargo de eventos climáticos tan extraordinarios y que exigen otro tipo de planificación territorial para que el agua le llegue al productor y no sea éste que tenga que enfrentar en solitario las dificultades de ir a buscarla. Es auspicioso el anuncio del Gobierno de que habrá de comenzar a trabajar en este sentido. En definitiva, el Uruguay tiene en su sector agrario uno de los recursos genuinos de su economía y debe preservarlo”, cerró el académico uruguayo.
