El lunes 16 de julio se cumple un mes desde que se conoció el llamado “Caso Convenios”, polémica que hasta la fecha continúa enredando al oficialismo y que ha dejado a varias figuras políticas en una compleja posición, especialmente en el bloque del Presidente Gabriel Boric, el Frente Amplio.
Fue pasadas las 20.00 horas del 16 de junio cuando el medio digital Timeline destapó el reportaje que daba cuenta que en dos meses la fundación de la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), se había adjudicado $426 millones en convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Se trataba de “Democracia Viva”, fundación que era liderada por Daniel Andrade, y que se convertiría en la pieza inicial de un puzzle que está lejos de terminar de armarse. Y es que la serie de investigaciones, sumarios, y denuncias asociados a convenios que se han iniciado amplían el espectro de responsabilidades judiciales y políticas en el caso.
Lo anterior, sumado a que casi con una periodicidad semanal, han surgido nuevas investigaciones u oficios a raíz de traspasos millonarios desde ramas ministeriales -principalmente de Vivienda y de Desarrollo Social- hacia fundaciones.
La tónica se repite en varias oportunidades: los traspasos generalmente se hicieron de manera fragmentada, por menos de 5 mil UTM ($316.315.000), para evitar la revisión previa por Contaloría; varias de las fundaciones en la mira han iniciado actividades hace pocos meses y otras tienen un giro distinto al foco del proyecto adjudicado, o iniciaron giro posteriormente a adjudicarse proyectos.
En tanto, varias de las figuras políticas -de una u otra forma involucradas-, estuvieron o son parte de Revolución Democrática, ejercicieron cargos como asesores o ex jefes de gabinete, y otros hoy son autoridades del actual Gobierno. A continuación, la cronología del caso, desde antes de su destape hasta ahora.
2 de mayo: el correo a la ex subsecretaria de Vivienda
El 2 de mayo, la Asociación de Funcionarios del Serviu envió un correo a la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y a otras autoridades del Minvu, alertando por Democracia Viva.
En la carta, la dirigenta advertía que “la fundación Democracia Viva, actualmente posee 02 convenios cuyo director -quien firmó los convenios- es la pareja de la Diputada Srta. Catalina Pérez, lo que nos parece complejo puesto que el seremi es del mismo partido político. A su vez, dicho director celebró estos convenios en el mes de octubre de 2022, mismo mes en el cual ya era asesor del Ministerio de Defensa”.
7 de junio: Oficio de diputada Ahumada (PDG)
El 7 de junio, la diputada Yovana Ahumada (Ind ex PDG), envió un oficio fiscalizador al Gobierno, donde pide que se informe “sobre el convenio celebrado con la Fundación Democracia Viva, indicando si la forma de seleccionarla se realizó por medio de concurso público, existiendo más de un participante o se realizó de manera directa y el criterio que permitió priorizar la entrega de recursos a una institución de la Región Metropolitana y que, según los antecedentes disponibles, carece de experiencia en el área”.
En el documento, la parlamentaria también pidió que se señale “los avances y beneficios a la fecha, derivados de este convenio para los habitantes de la Región de Antofagasta y si existe postulación o proceso pendiente en el cual la mencionada organización se encuentre solicitando nuevos recursos”.
16 de junio: destape mediático por Democracia Viva
Ese día, y luego de haber recibido previamente información anónima y el mail enviado a Rojas, el medio Timeline decide publicar la investigación sobre el caso Democracia Viva.
En conversación con ADN, el director del medio regional, Jorge Ortiz, comentó que lo que les resultó llamativo en ese momento fue que los consultados estaban “más o menos coordinados, porque las respuestas llegaron como en el mismo tono, casi al mismo tiempo (…) además, porque todos pidieron que las preguntas fueran escritas, y hubo preguntas que nunca respondieron que siguen dando vuelta en el aire que son super sencillas: si este convenio nunca fue público, sin licitación, quién llamó Democracia Viva”.
17 de junio: renuncia de Carlos Contreras
Al día siguiente de la publicación, el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, renunció a su cargo. En un comunicado de prensa, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo lamento “la situación de duda que se ha generado por un convenio en particular en la Región de Antofagasta, suscrito por Carlos Contreras para atender la línea de trabajo de campamentos”.
Contreras puso su cargo a disposición ante el ministro de la cartera, Carlos Montes, quien aceptó su renuncia “debido a las interpretaciones que la opinión pública pudiera hacer de dicho convenio como un posible conflicto de interés”.
Asimismo, el ministerio informó la apertura de una investigación para “despejar dudas y establecer responsabilidades en la región sobre este tema”.
19 de junio: Diputada Pérez intenta resistir
El lunes 19 de junio, la diputada Catalina Pérez -hoy suspendida de RD-, descartó renunciar a la mesa directiva de la corporación frente a la moción de censura que había anunciado la oposición tras la polémica por la firma de convenios entre la Seremi de Vivienda y una fundación representada por su entonces pareja.
“No me parece bien. No estoy disponible a aceptar que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que cometen terceros”, dijo Pérez, y agregó que “uno renuncia cuando ha cometido un error, cuando no ha obrado bien y creo en este caso no ocurre ninguna de las dos cosas”. “Yo no he cometido ningún error y no tengo ninguna responsabilidad que asumir”, zanjó.
20 de junio: Pérez suspende su participación en la testera
En medio de las presiones que aumentaban en torno al caso, la diputada Pérez anunció el 20 de junio que había decidido suspender su participación como vicepresidenta de la Cámara, tras lo cual la UDI decidió retirar la censura en contra de la mesa de Vlado Mirosevic (PL).
Previo al inicio de la sesión de Sala de la Cámara donde se votaría la censura de la mesa, la diputada Pérez indicó que “estos días han sido sumamente duros en que se me ha buscado endosar a mí, una responsabilidad que yo no tengo por actos que son de terceros, y por los cuales yo creo firmemente no debiese asumir ninguna responsabilidad”.
Ese día, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, abordó la incipiente crisis a raíz del caso Democracia Viva y afirmó que “con los datos que tengo se trata básicamente de un descriterio, de haber hecho las cosas sin medir las consecuencias de lo que se hacía”, pero planteó que “irregularidad, hasta el momento, no tenemos detectada”.
22 de junio: Latorre afirma que Montes sabía del caso y luego recula
El presidente de RD, senador Juan Ignacio Latorre, se convirtió en blanco de críticas tras afirmar que la entonces subsecretaria Tatiana Rojas había puesto en alerta al ministro Carlos Montes sobre la irregularidad por Democracia Viva.
Sin embargo, esa misma tarde, el ministro desmintió los dichos del parlamentario: “el presidente de Revolución Democrática se equivocó, entiendo que va a ser una aclaración próximamente, si ya no la hizo en este rato, pero la subsecretaria cuenta con nuestra confianza plena y ella va seguir siendo” funcionaria de la partición, indicó.
Más tarde, el senador cambió el tono, y respaldó las decisiones que ha tomado la cartera desde que se destapó el caso. “Estamos completamente en sintonía con el Ministerio de Vivienda encabezado por el ministro Carlos Montes y la subsecretaria (Tatiana) Rojas. No vamos a aceptar ningún acto que esté reñido con la ética, la probidad, la confianza pública, con los recursos públicos y con la corrupción. Por tanto saludamos las medidas que ha tomado el Ministerio de Vivienda”, manifestó el senador a través de una declaración pública.
El senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, es una de las figuras políticas cuya imagen ha resultado más dañada en el Caso Convenio, a raíz de sus contradictorios planteamientos. Foto: Aton.
23 de junio: Allanan Seremi de Vivienda en Antofagasta y sede de Democravia Viva
En el marco de la indagatoria iniciada por la Fiscalía Regional de Antofagasta, el jueves 23 de junio se concretaron diligencias de registro e incautación en las oficinas de Democracia Viva ubicadas en Ñuñoa, así como de las dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta.
“La diligencia fue desarrollada en forma simultánea por personal de la Brigada de Delitos Económicos de Antofagasta y Santiago de la Policía de Investigaciones, con la debida autorización del Juzgado de Garantía de Antofagasta, solicitada por el fiscal Cristian Aguilar Aranela”, indicó el Ministerio Público a través de un comunicado. Según detalló, el objetivo era “reunir elementos que permitan corroborar la existencia de los hechos investigados, en los términos de configurar o no un delito”.
24 de junio: renuncia de Tatiana Rojas
El sábado 24 de junio, la hasta entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, reconoció que sí tuvo conocimiento del caso Democracia Viva y que “no alcanzó” a advertir a Montes antes de que explotara el caso.
Luego de esto, el propio Presidente Gabriel Boric le solicitó la renuncia y en su lugar asumió, de manera subrogante, Carlos Araya Salazar, quien se desempeñaba hasta entonces como jefe de la División Política Habitacional del Ministerio.
El 24 de junio, la entonces subsecretaria de Vivienda renunció a su cargo tras reconocer que tenía conocimiento de irregularidades por el convenio de Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Foto: Aton.
28 de junio: Arista “Urbanismo Social”
El 28 de junio, la Fiscalía abrió una investigación de oficio por los convenios otorgados por la Seremi de Vivienda del Maule a la fundación Urbanismo Social, vinculada a militantes de RD.
De acuerdo a los antecedentes que se conocieron, dicha fundación fue encabezada hasta el año pasado por Rodrigo Hernández, miembro de RD y quien actualmente ahora ejerce como seremi de Vivienda del Maule. Sólo entre octubre y diciembre de 2022, la fundación habría recibido un total de $577 millones a través de ocho donaciones de la repartición estatal.
Pero las esquirlas de la nueva arista también llegaron hasta la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, también militante de RD. Esto, porque Dredsner fue jefa de gabinete de la diputada Pérez entre 2018 y 2020, pero también porque la actual delegada -y su ex jefe de gabinete, Vicente Guzmán-, desempeñaron labores en Urbanismo Social.
30 de junio: RD expulsa a Andrade y Contreras
Los dos primeros nombres que fueron eliminados de las filas de RD fueron los de Daniel Andrade y Carlos Contreras. Esto, luego que el Tribunal Supremo de la tienda tomara la decisión -por unanimidad- de expulsarlos de la militancia. De todas formas, el día anterior, Andrade ya había comunicado su renuncia a la colectividad.
En el texto público, la colectividad señaló que “continuaremos poniendo a disposición los antecedentes del caso ante el Tribunal Supremo, para que tome las decisiones que considere pertinentes, reafirmando nuestro compromiso de actuar con tolerancia cero frente a los hechos que dañan a la fe pública”.
Ese día se inició una causa en la fiscalía de Atacama, para indagar un traspaso realizado desde la Seremi de Vivienda de la región a la Fundación Comprometidos, que se ha vinculado al PRO. La indagatoria surgió luego de que la diputada Sofía Cid (RN) presentara una denuncia luego de que se supiera que la ONG recibió $190 millones para entregar agua en los campamentos de Copiapó.
3 de julio: Licencia médica de diputada Pérez
El lunes 3 de julio -y luego de la semana distrital- la diputada Catalina Pérez presentó una licencia médica que la mantendría alejada al menos por una semana de sus labores parlamentarias.
Esto, luego que dos días antes, y tras varios días en silencio, publicara en sus redes sociales un video donde abordó el caso de Democracia Viva, donde aseguró que seguiría siendo diputada de RD por “respeto a mi historia política y a quienes represento en Antofagasta”. “Voy a buscar fuerza para recuperarme de la traición y del dolor. Luego me voy a reintegrar de frente como siempre lo he hecho”, dijo en la oportunidad.
Esa misma jornada, la senadora de la DC, Yasna Provoste, ingresó una denuncia a la Contraloría por la asignación de recursos por $160 millones desde la seremi de Desarrollo Social de la Región de Atacama a la Fundación Visible en el marco del programa “Noche digna”, en su componente “Albergue protege Copiapó”.
Dos días antes de presentar una licencia médica, la diputada Catalina Pérez reapareció en un video donde afirmó que no renunciaría a RD. Foto: Captura.
4 de julio: senador Latorre reconoce haber manejado información
El martes 4 de julio, Latorre reconoció haber manejado antecedentes sobre el polémico convenio entre Contreras y Andrade, antes de que el caso se diera a conocer por la prensa. Esta información la obtuvo mediante una reunión por Zoom donde participaron integrantes de la directiva regional en Antofagasta y algunos miembros del equipo de la diputada Pérez.
“Lo que sale hoy día en un medio de comunicación da cuenta de una información parcial que recibimos como directiva nacional, no solo yo, como directiva nacional completa”, dijo Latorre. Consultado respecto a si notificó a los titulares de Vivienda y Desarrollo Social sobre esa información, Latorre reconoció que “no, para nada (…) nosotros no le informamos ni al ministro Jackson ni al ministro Montes“.
5 de julio: el “enredo” de Boric y la “auditoría nacional” de Contraloría
Durante su viaje a El Maule, el Presidente Gabriel Boric emitió declaraciones que aumentaron las críticas por el momento en que se “conoció” la información sobre irregularidades por las millonarias transferencias. Esto porque el Mandatario dio a entender que se enteró del convenio suscrito entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva días antes de que éste fuera publicado por la prensa.
“Acá el medio Timeline publica la noticia si mal no recuerdo el 16 de junio y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio -el conocimiento de que había una investigación- que envía la diputada Yovana Ahumada, que es la semana anterior”, señaló el Presidente.
La tarde de ese miércoles, la Contraloría General de la República anunció el inicio de una auditoría nacional a todas las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones, entre los años 2021 a la fecha.
Ese día, además, se abrió una nueva arista en el caso, luego que parlamentarios de RN solicitaran a la a Contraloría indagar un convenio por más de $629 millones, entre el Gobierno Regional (Gore) de Antofagasta y la fundación Procultura, centrado en la recuperación de fachadas en la ciudad. Según la denuncia, la función encomendada no se ajustaba al giro que la fundación declaraba en el SII.
6 de julio: RD suspende militancia de Pérez
El 6 de julio, el Tribunal Supremo (TS) de RD, suspendió la militancia de la diputada Catalina Pérez. A través de un comunicado se informó que “se declaró admisible la petición acordada por el Consejo Político Nacional, imponiendo la medida cautelar correspondiente a la suspensión de militancia de la diputada, mientras dure el procedimiento”.
Dicha resolución fue aprobada con “votación unánime, por parte de las y los ministros en ejercicio”, agregaron en el texto.
10 de julio: Seremi de Antofagasta dicta resolución por Democracia Viva
El jueves, el ministro de Justicia, Luis Cordero, detalló que el lunes 10 de julio, la Seremi de Antofagasta dictó una resolución contra Democracia Viva, para “efectos de terminar los tres contratos que tenía con el Ministerio de Vivienda”.
Además, detalló que en esa resolución “no sólo se pone término al convenio sino que además se ordena la restitución de los dineros y la liquidación del contrato. Dicha liquidación se debe realizar en los próximos cinco días -contando desde el lunes- y Democracia Viva tiene un plazo de 30 días para la restitución de los fondos en arcas fiscales”.
Sede de la fundación Democracia Viva, en Ñuñoa. Foto: El Mercurio.
11 de julio: Allanan domicilio del ex seremi del Maule
El 11 de julio se concretó la solicitud del fiscal Cristián Aguilar al Juzgado de Garantía de Antofagasta, de orden de entrada y registro para allanar las dependencias del Gobierno Regional del Maule, las oficinas de la Urbanismo Social en Santiago y el domicilio del exseremi Rodrigo Hernández (RD).
En tanto, la PDI realizó un allanamiento a la Gobernación Regional de Antofagasta por un millonario acuerdo con la Fundación Procultura, diligencia incluida en las indagatorias por el Caso Convenios. El procedimiento se enmarca en la investigación contra el organismo regional por un contrato firmado con la ONG por $629 millones, destinados a la “recuperación de fachadas en la zona de conservación histórica”.
13 de julio: Servel inicia procedimiento sancionador
El 13 de julio, el Servel envió un oficio a la Cámara -en respuesta a una solicitud de información de la bancada UDI- sobre eventuales irregularidades en el cumplimiento de normas relativas a los plazos, forma y oportunidad para hacer campañas electorales, a raíz de Democracia Viva.
En el oficio del Servel se da cuenta de que “se detectaron hallazgos entre la contabilidad registrada y los montos declarados ante este servicio por dicha organización, donde las partidas registradas en contabilidad correspondiente a aportes ascienden a un monto superior a los aportes declarados ante este servicio. A su vez, de la revisión de los recibidos, se observan aportes declarados en sistema, sin individualizar correctamente a los aportantes” de esos recursos.
14 de julio: Democracia Viva deberá devolver $391 millones
El ministro Montes precisó ayer viernes que los montos a restituir por Democracia Viva alcanzan a los $391.768.516, de los $426 millones transferidos originalmente, lo que corresponde al 92%, esto porque “a la fecha de la liquidación, los recursos correctamente rendidos, no observados y ejecutados por parte de la fundación, alcanzan, justamente, un 8% del total”.
En esa línea, el titular de Vivienda precisó que “el 21 de junio, a los pocos días de conocerse este caso, públicamente solicité a la fundación poner fin al convenio y que restituyera los dineros asignados, porque necesitamos todos los recursos disponibles para mejorar la vida de quienes viven en campamentos”.
“Estos hechos deben ser investigados, porque dañan a la fe pública y enlodan a personas e instituciones. Por eso hemos entregado todos los antecedentes a la Fiscalía y a la Contraloría, para aclarar estas situaciones e implementar las medidas suficientes para evitar que se repitan”, agregó.
Fuente: Emol.com
