Andes Iron acusa que “con el fin de “abultar” el número de participantes, algunos de los asistentes figuran hasta con cuatro cargos distintos, dando la apariencia de una participación ciudadana ajena a la realidad”, se señala en la querella contra la autoridad regional.
La existencia de distintas irregularidades de parte del seremi de Medio Ambiente de Coquimbo, Leonardo Gros, que tienen por finalidad impedir que se haga el proyecto minero-portuario Dominga, denunció Andes Iron en una querella donde acusa a la autoridad regional de prevaricación administrativa y falsificación por ocultación de documento oficial e instrumento público.
En la acción judicial, que fue admitida a tramitación por los tribunales, la compañía que impulsa Dominga señala que el seremi Gros seleccionó para la etapa de participación ciudadana del proyecto de creación de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Archipiélago de Humboldt a la consultora Geam Chile y que se “desconoce cuál fue el mecanismo de selección utilizado para asignar la elaboración de este informe a dicha empresa”.
“Gros aprobó mediante acto administrativo el contrato de elaboración del informe ya mencionado”, denuncia la compañía.
Según la querella, “los talleres de socialización de la propuesta de creación de la AMCP- MU Archipiélago de Humboldt, contaron con una baja participación de las comunidades y caletas locales, en algunos casos, con apenas siete actores locales, como en el caso de la reunión de Chañaral de Aceituno, de 26 de noviembre de 2022”.
El documento agrega que “llama la atención que, con el fin de “abultar” el número de participantes, algunos de los asistentes figuran hasta con cuatro cargos distintos, dando la apariencia de una participación ciudadana ajena a la realidad. Es el caso de doña Teresa Reyes, quien figura en la actividad del 23 de noviembre de 2022, con cuatro cargos distintos”.
El proyecto Dominga -que fue rechazado de forma unánime por el Comité de Ministros el pasado 18 de enero, decisión que será reclamada por la empresa ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta- supone una inversión de US$ 2.500 millones y se emplaza dieciséis kilómetros al norponiente de la localidad de La Higuera, donde se encontrarán la planta, los dos rajos, el depósito de estéril y el depósito de relaves espesados.
La iniciativa considera una planta que se conectará con el terminal de embarque y la desaladora en el borde costero a través de tres ductos subterráneos de veintiséis kilómetros, que llevarán agua y mineral de hierro.
Dicho terminal estará emplazado en la localidad de Totoralillo Norte, lugar en el que se ubicó el primer puerto minero de la comuna. Para la construcción del terminal de embarque y la desaladora, “la Comisión Regional del Uso del Borde Costero (en adelante “CRUBC”) se manifestó favorable a que el Proyecto Dominga fuera titular de la concesión marítima en la bahía de Totoralillo Norte, la que fuera otorgada mediante Decreto Supremo 405 de 18 de julio de 2012, del Ministerio de Defensa Nacional”, señala Andes Iron.
Según Andes Iron, Gros y otras personas ligadas al proceso administrativo de aprobación del AMCP-MU, “han utilizado la tramitación administrativa de esta Área Protegida, para en definitiva amagar o limitar severa o incluso totalmente el desarrollo de las futuras actividades productivas del proyecto Dominga”. Entre otras cosas, la querella sostiene que el seremi omitió que el proyecto minero contaba con concesión marítima y ello también se suprimió en el informe de la consultora Geam Chile.
FUENTE DIARIO FINANCIERO
