Por Karla Lara Vargas, Académica Trabajo Social, U. Central
Como sociedad estamos siendo testigos de una de las mayores crisis que ha vivido la humanidad. Los actuales patrones de producción y consumo han generado un problema climático global, que tiene entre sus principales consecuencias una creciente escasez de agua. Esta situación nos pone en la encrucijada de privilegiar su uso para el consumo humano y el funcionamiento de los ecosistemas, o destinarla al sustento de procesos de desarrollo y crecimiento económico.
Nuestro actual proceso constituyente no está ajeno a esta problemática. Prueba de ello es que más de 30 iniciativas populares de norma tenían al recurso hídrico como principal protagonista. Dos de ellas han logrado reunir las firmas requeridas y deberán ser discutidas con la posibilidad real de ser integradas en la propuesta de nueva Constitución. La primera, ‘Agua para la vida’, defiende que los usos y la gestión del agua deben basarse en los principios de justicia ecológica y social, en pos de asegurar la vitalidad y buen funcionamiento de los ecosistemas, lo que contribuiría a mejorar la calidad y la disponibilidad del agua para el consumo humano, fines ecosistémicos y otros usos que sostienen cualquier modelo de desarrollo posible.
La segunda, ‘Certeza jurídica para el uso del agua’, por contra partida, aboga por priorizar primeramente el derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de las aguas en tanto bienes, sin consideraciones de tipo ecológico, social o de justicia. Esta propuesta, parece desconocer y pasar por alto las últimas innovaciones y modificaciones regulatorias en temáticas hídricas que han buscado priorizar el uso del agua para el consumo humano, y de las prácticas que se han estado instalando recientemente en la institucionalidad, como por ejemplo, los pilotos de gestión integrada de cuencas.
Estas dos propuestas parecen seguir replicando la división social y de pensamiento en nuestro país. Lamentablemente la urgencia que implica tomar decisiones con respecto a declarar constitucionalmente el derecho al agua potable y saneamiento como un derecho humano, debe estar por sobre todos los ismos, los partidismos y los individualismos. ¿Sabe usted que, a nivel de la región, sólo 2 de las 20 cartas fundamentales no declaran este derecho explícitamente?, una de esas es la chilena.
Nuestro modelo de gestión del recurso hídrico ha sido y sigue siendo cuestionado por organizaciones internacionales, movimientos ciudadanos (incluidos los indígenas) y organizaciones de la sociedad civil. Si bien hoy el gran problema de la escasez hídrica que azota al país es también producto del cambio climático y la disminución de las precipitaciones, una de las causas fundantes es la privatización del agua y su sobre otorgamiento bajo una gestión centrada en el modelo extractivo. En este contexto, resulta urgente pensar y centrar las bases en un modelo de desarrollo que ponga la vida de las personas y los ecosistemas en el centro, ya que de lo contrario será imposible asegurar un futuro sostenible para nosotros y las futuras generaciones.
