El reglamento Interno de Convivencia Escolar debe integrar protocolos para actuar frente a distintas situaciones y debe contener la descripción de las distintas faltas, su tipificación y las medidas formativas y sancionatorias asociadas a cada falta.
30 expulsiones por faltas de carácter gravísimo y 24 cancelaciones de matrículas, son parte de las cifras que ha dejado la aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, conocido por sus siglas RICE, en Santiago durante este 2023, año marcado por los constantes episodios de violencia por parte de estudiantes, principalmente de los considerados liceos emblemáticos.
Pero ¿Qué es el RICE? y ¿Cómo funciona? En Emol te respondemos aquellas interrogantes.
El reglamento Interno de Convivencia Escolar es un instrumento que todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación deben contar, según establece la actual legislación.
Debe integrar una serie de protocolos para actuar frente a distintas situaciones y debe contener la descripción de las distintas faltas, su tipificación y las medidas formativas y sancionatorias asociadas a cada falta.
En otras palabras, RICE establece las normas y procedimientos por los cuales se rige una comunidad educativa, que incluye a estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación, padres y apoderados. Son los directores quienes deben aplicar este instrumento.
Al respecto, el director de Educación de la Municipalidad de Santiago, Rodrigo Roco, agrega: “Los Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE) tienen un foco esencialmente formativo, lo que por cierto incluye posibles sanciones de diverso tipo, las cuales se gradúan de acuerdo con la falta cometida y con los factores que corresponda ponderar en cada situación particular (agravantes o atenuantes, por ejemplo)”.
“Dentro de los objetivos formativos, la sanción es una herramienta, porque la impunidad daña a las comunidades y también a quien se está educando; pero en ningún caso puede ser la herramienta prioritaria y en general, debe estar acompañada de medidas de apoyo y precedida siempre de acciones formativas”, afirma Roco.
En el caso de faltas graves y gravísimas se realiza un proceso el cual debe estar regulado en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Cualquier estudiante o integrante de la comunidad educativa que haya cometido una falta en el establecimiento o sus inmediaciones, o bien respecto de otro integrante de la comunidad educativa, debe ser objeto de un debido proceso establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE).
Las sanciones, dependiendo de su gravedad, van desde la suspensión, cancelación de matrículas y expulsión.
Además, se establecen medidas formativas o de apoyos, como compromisos, mediación y derivación ya sea a la red de salud, Oficina a Protección de Derechos o al Servicio Mejor Niñez.
Rodrigo Roco apuntó que en caso de hechos ocurridos dentro o en las inmediaciones de los establecimientos y que constituyan delitos, por ejemplo, situaciones de abuso o acoso a menores, o cuando encapuchados u overoles manipulan y lanzan artefactos incendiarios, destruyen bienes o amenazan a personas; en esos casos se debe siempre realizar también la denuncia ante el Ministerio Público o ante Carabineros.
Desde la Dirección de Educación de Santiago señalan que RICE contiene toda la legislación que existe para regular procesos como las faltas gravísimas. “Nuestro quehacer se orienta a que en cada Liceo y Escuela se apliquen los procedimientos que el sistema escolar posee, a que las faltas sean abordadas de manera correcta, con mecanismos justos y transparentes que son los que corresponden al debido proceso”, dijo Roco.
Respecto a las críticas que han surgido hacia el Municipio, particularmente quienes señalan que la alcaldesa tuvo “un giro” en su política de convivencia escolar, el director de Educación señaló: “Se está desconociendo una realidad importante, pues cuando asumimos la administración, uno de los problemas graves que debimos enfrentar es que había en varios liceos de Santiago en que no se hacían los procedimientos, o bien, se llevaban a cabo de manera deficiente, cuestión que derivó en que la Corte Suprema anulara expulsiones por ejemplo, o que la Superintendencia de Educación aplicará multas por procesos mal realizados, que vulneraron derechos”.
“Es importante reiterar que la potestad de acción y sanción ante las faltas que puedan cometer estudiantes u otros integrantes de una comunidad educativa legalmente está alojada a nivel de la dirección de cada establecimiento”, concluyó.
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