La educación es un elemento central en la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa. Como legisladores y legisladoras, tenemos la obligación de promover el bienestar y el mejor desarrollo integral de las futuras generaciones.
En este sentido, no podemos estar ajenos al complejo escenario al que se enfrentan las comunidades educativas y en especial las niñas, niños y adolescentes del territorio nacional ante el profundo déficit de una Nueva Educación Pública que no ha sido capaz de garantizar el derecho a la educación de calidad para todos y todas.
Por eso, como representantes de las Bancadas de Senadores, Senadoras y Diputados de la Democracia Cristiana insistimos en pausar el proceso de implementación de la Nueva Educación Pública, no para retroceder, no para volver a la municipalización.
Es pausar para evaluar, corregir lo que está en crisis en materia de aprendizajes, infraestructura y gestión administrativa; reformar y orientar las acciones tendientes a superar el actual estado de crisis y mejorar la educación pública. Es hacer las cosas bien para tener una educación pública de calidad.
Hemos sido testigos de las movilizaciones de comunidades educativas que han removidos al país, no son sólo por búsqueda de soluciones a las riesgosas e indignas condiciones de infraestructura y falta de materiales pedagógicos de los establecimientos educacionales, sino también por la falta de expectativas de progreso de nuestros estudiantes que se alejan cuando existen administraciones negligentes; por la falta de planificación y programación del gasto que se traduce en déficit presupuestarios, por el uso incorrecto de recursos destinados a los estudiantes y por otras fallas en la gestión. Por los serios problemas de corrupción que han tenido los traspasos de algunos de los servicios locales de educación pública dependientes de la Dirección de Educación Pública.
Esto lo señala el propio informe final de la Contraloría General de la República del 18 de octubre de 2023, en donde evaluó los traspasos a los servicios locales e instruyó una serie de sumarios, indicando los graves problemas detectados: Falta de control administrativo, Contrataciones irregulares, sumado a aumentos de grado a funcionarios de manera arbitraria, con déficit financieros que son realmente muy complejos para la educación pública en nuestro país.
En ese escenario llegamos a la discusión del Presupuesto 2024 destinado a Educación. Y por eso, el día de ayer, desde la Comisión Mixta de Presupuestos, rechazamos las partidas de la Subsecretaría de Educación, de la Dirección de Educación Pública y de los Servicios Locales de Educación Pública a través de una mayoría transversal de parlamentarias y parlamentarios que pedimos suspender los traspasos a los SLEP y corregir para tener un real plan de recuperación de la Educación Pública.
Llegamos aquí luego de recibir una propuesta, tardía, del Ministerio de Educación que no recoge los cambios necesarios que apunten a mejorar el actual sistema que estructura el proceso de funcionamiento de la educación pública del país.
Estamos todas y todos comprometidos con que la educación pública le vaya bien, que una pausa a la Nueva Educación Pública para evaluar y mejorar el funcionamiento de los Servicios Locales es el camino para ese propósito.
No seremos complacientes cuando han habido administraciones negligentes en los actuales servicios locales de educación pública. No podemos aprobar un presupuesto destinado a hacer caer la educación pública de Chile si no hay un compromiso de mejorar una gestión que ha llevado a una situación indeseable en los servicios locales que hoy día están en funcionamientos.
FUENTE Oficina Senadora Yasna Provoste Campillay
