El gremio plantea darle iniciativas de apoyo a la pequeña y mediana minería, pero también, acelerar el aumento de producción de grandes proyectos, que en el corto plazo podría sumar un millón de toneladas de cobre extra.
Siete medidas son las que tiene el documento elaborado por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) que fue presentado hace unos días a las autoridades económicas del país, con el objetivo de superar el estancamiento en el que se encuentra la producción minera.
Dentro de los antecedentes presentados por el gremio minero, se apunta a que entre 2010 y 2012 Chile logró tener el 32% de la producción mundial de cobre, pero desde 2013 a 2022 esta participación disminuyó con una variación anual promedio del 4%, alcanzando actualmente un valor del 23%. Así las cosas, incluso alertan de que este año hasta la fecha se ve una nueva caída, la que si se proyecta con las cifras actuales llevaría el indicador a 5 millones de toneladas.
En cuanto a las razones de esta tendencia, desde Sonami apuntan a al menos tres elementos. El primero es el envejecimiento de los yacimientos, que trae consigo una caída en las leyes de mineral; en segundo lugar, destacan que hay factores externos como la incerteza jurídica, que impide que ingresen nuevos proyectos que aporten nueva producción. Y, por último, tal como se viene advirtiendo desde hace años, existe un cuello de botella asociado a temas de “permisología” que dificulta el desarrollo de otras
iniciativas.
Las propuestas
El documento de Sonami comienza solicitando una diferenciación para los distintos segmentos de la industria ante la autoridad ambiental, proponiendo un modelo similar al que se usa para el royalty minero, que fija que la pequeña minería queda comprendida en el tramo de producción de 0 a 12.000 toneladas de cobre fino por año. Desde la Sonami aseguran que esta condición impide un crecimiento mayor de este grupo de compañías.
“Con esta medida estimamos que se podría incrementar la producción en a lo menos un 40% respecto de la condición actual, lo que generaría una mayor contribución de este segmento de US$ 15 millones en Impuesto a la Renta, más todo lo relativo a gastos que se requieren en las zonas de operación que pueden generar unos US$ 75 millones adicionales”, asegura Cristián Argandoña, vicepresidente de Sonami.
Asimismo, plantean asignar fondos públicos para realizar labores de exploración en la propiedad minera de la pequeña minería, a través de Enami, además de elevar el presupuesto de fomento de la estatal, pasando de US$ 8 millones a US$ 20 millones por cada año. En ese sentido, y también respecto a Enami, proponen crear un plan de trabajo con la pequeña y con la mediana minería para la explotación de propiedad minera que esta empresa posee, la que hoy supera las 314.000 hectáreas.
Agilizar proyectos
Otro de los elementos revelados se asocia con los proyectos de mediana minería, los que tienen una vida útil entre cuatro a seis años, por lo general, la que se va extendiendo conforme se siguen desarrollando trabajos de exploración.
Por esto, proponen que las renovaciones de vida útil debieran presentarse a través de pertinencias ambientales o declaraciones juradas, salvo cambios significativos en el proyecto original, en cuyo caso, a juicio de Sonami, debiese existir un procedimiento simplificado, acotado a las modificaciones relevantes.
“No resulta lógico que, en cada extensión de vida útil, se obligue a estos proyectos a entrar nuevamente al sistema y volver a someterlo al escrutinio de la autoridad. Se trata de la misma mina, la misma planta, el mismo proceso y los mismos trabajadores; en definitiva, los mismos efectos e impactos sobre el medio ambiente y la comunidad”, comenta Argandoña.
En términos de magnitud, la propuesta más relevante es la que busca un impacto inmediato en las operaciones de cobre y litio, por lo que se pone sobre la mesa la idea de permitir el incremento por una vez, por un período de cinco años, de hasta el 20% de la capacidad de tratamiento de los planteles productivos del país a través de la presentación de declaraciones juradas o pertinencias ambientales.
Según los cálculos del gremio, esto podría generar en el plazo de cinco años un incremento de un millón de toneladas en la producción de cobre del país, llegando a unos 6,3 millones de toneladas. En ese sentido, ven que esta medida significaría una mayor recaudación de US$ 1.268 millones anuales, a lo que se sumaría el efecto multiplicador en las localidades en las que se insertan los proyectos.
Por último, y ante la dificultad hídrica, desde Sonami requirieron dar celeridad máxima a los proyectos que buscan extraer agua del mar (en estado natural o desalada), que permita reemplazar el uso de las aguas continentales y destinar estas a los consumos humano
y agrícola.
Fuente: El Mercurio
