- En el marco de la Convención Anual del IIMCh, la consultora se refirió el proyecto de ley que prepara el Gobierno con el objetivo de facilitar la tramitación de las iniciativas de inversión, el cual debería ingresar prontamente al Congreso.
La especialista María Cristina Betancour fue una de las expositoras de la septuagésima segunda versión de la Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), instancia en la que abordó la permisología y las trabas con la que cuenta actualmente la minería para obtener permisos ambientales y sectoriales.
En la ocasión, la consultora abordó el proyecto de ley que prepara el Gobierno con el objetivo de facilitar la tramitación de las iniciativas de inversión, el cual debería ingresar prontamente al Congreso.
Es así como, durante su presentación, comentó que “el proyecto busca reducir en 30% los plazos para autorización de permisos sectoriales. Estandarizar tipos de permisos sectoriales y sus procesos de tramitación, reducir tiempos de procedimientos y, aumentar información y transparencia”.
En ese contexto, la profesional explicó que la Consultora Plusmining analizó cuánto significa para el Estado adelantar el tiempo de tramitación de un proyecto minero: “A cinco años (de 10 a 5 años) el valor presente de los impuestos aumenta en US$324 millones; A seis años (de 10 a 6 años) la recaudación sería de unos US$269 millones”.
Asimismo, Betancour precisó que “la permisología se ha transformado en una traba a la inversión, por años se han hecho esfuerzos por reducir la burocracia”.
Además, aseveró que “la minería quiere cumplir con las normativas. De hecho, se ha solicitado un acompañamiento para su cumplimiento, especialmente por la mediana minería”.
Finalmente, la economista detalló algunas recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad:
– Se buscan soluciones que no generen mayor burocracia ni conflictos de competencia entre organismos sectoriales.
– Sólo se incluyen permisos sectoriales, no aquellos ambientales
– Se observan altos plazos de tramitación, además de altas tasas de rechazo.
– Establecer una institucionalidad basada en un modelo habilitante, lo que significa brindar capacitación adecuada al personal encargado de la evaluación y otorgamiento de permisos; asignar recursos necesarios para agilizar los procesos y evitar cuellos de botella.
FUENTE MINERÍA CHILENA
