Durante este miércoles y luego de que un informe realizado por la organización Escuelas Abiertas encendiera nuevas alertas por la crisis educativa en la Región de Atacama, parlamentarios de la zona y expertos expresaron su preocupación e instaron a trabajar al respecto.
El reporte, realizado luego de que la presidenta de la organización, María Teresa Romero; y la directora Valentina Rebolledo, arribaran a la zona, donde visitaron cuatro establecimientos con el fin de constatar el denominado “retorno educativo” tras el fin del paro docente, alertó por los daños emocionales generados a los estudiantes, así como por las brechas de aprendizaje.
En detalle, Romero y Rebolledo comprobaron que “los alumnos, en vez de volver a una jornada normal, retornaron de manera parcial y fragmentada. Deben hacer turnos por grupos, con jornada acotada, y con clases efectivas los días martes, miércoles y jueves, ya que los días lunes y viernes se realiza trabajo administrativo”.
Asimismo, el informe reveló que los docentes en paro, junto con recibir su sueldo normalmente —pues finalmente el Servicio Local no descontó los días no trabajados—, ofrecían clases particulares a sus propios estudiantes que se mantenían sin clases debido a la paralización.
A lo anterior se refirió la diputada por la zona, Sofía Cid (RN), quien consultada por Emol manifestó que “este informe pone por escrito lo que nosotros escuchamos en terreno y lo que hemos venido denunciando hace meses. Además, reafirma la importancia de tener personas idóneas a cargo de un tema tan importante como la educación de nuestros estudiantes”.
“La situación de quienes salieron este año de cuarto medio, que ya estuvieron dos años en sus casas por la pandemia y ahora estaban en condiciones desfavorables para rendir la PAES porque no cuentan ni siquiera con los conocimientos más básicos es realmente preocupante y el Gobierno debería tomar medidas para nivelarlo”, agregó.
Concluyendo que “es urgente que tengamos autoridades competentes en el SLEP Atacama, que realmente velen porque los arreglos se realicen, ya que difícilmente los colegios estarán listos en marzo si no usamos los recursos del 2% constitucional, por la gran cantidad de trámites que debe hacerse”.
Por su parte, el diputado Cristián Tapia (Indp-PPD), sostuvo a este medio que “siguen los problemas en el SLEP de Atacama. No se han cumplido los acuerdos, la intervención de infraestructura va muy lento, ha habido persecución a los profesores, llegan un minuto atrasado y les esconden los libros, hay recursos de pro-retención que no se han gastado y queda una semana para gastarlos”.
“Por otro lado otras necesidades que tienen los distintos colegios de SLEP Atacama y se establece por parte de la administración del SLEP que no hay plata, no hay nada, y es una situación súper compleja, están llevando nuevamente a un extremo lo que significa después de tanto tiempo de paralización el poder retomar (las clases)”, añadió.
En ese contexto, lamentó que “aquí se terminó creo que de buena manera un acuerdo, pero si ese acuerdo no se cumple la verdad es que vamos a seguir en la misma situación y no solamente este año, sino que el próximo también. Yo veo que falta mucho interés en poder dar solución a las cosas. Aquí no se trata de hacer persecuciones y tomar represalias a los profesores y asistentes de la educación, se trata de ver cómo avanzamos en esta línea”.
En tanto, la senadora Yasna Provoste (DC) señaló que “nadie desconoce que hay un número de profesores que realizan clases particulares a otros establecimientos educacionales, específicamente a estudiantes de colegios particulares y particulares subvencionados. Si existiesen otros casos habrá que revisarlos e investigarlos. Pero nuestro llamado es a no perder el foco en la dignidad de los niños y niñas, en su derecho a recibir una educación digna. Lo que hemos vivido en Atacama ha sido una movilización no sólo de los profesores, han sido las comunidades educativas pidiendo condiciones mínimas y dignas para educar”.
“Lamentablemente se necesitaron más de 80 días de paro para que las autoridades de este gobierno se pusieran a hacer su trabajo, que es asegurar esas condiciones mínimas. Aún hoy estamos lejos de tener los problemas resueltos. Eso es lo que nos preocupa”, añadió, enfatizando en que “el problema de la educación pública no son dos, tres o diez profesores que pueden cometer algún ilícito. El problema de la educación pública es que las actuales autoridades no están haciendo su trabajo”.
Finalmente, también se refirió al hecho el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, quien aseguró que “la información levantada es de la mayor gravedad. Lo que nos muestra es que, a pesar del fin de la paralización de los profesores, el retorno a clases ha sido, en el mejor de los casos, parcial, y la crisis educativa en la región de Atacama, persiste”.
“Es fundamental que el derecho a la educación sea garantizado. Son los estudiantes y sus familias los que están sufriendo las consecuencias”, concluyó.
Ahora bien , consultados por los hechos denunciados, el Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de Atacama, aseguró que “las condiciones mínimas habilitantes y los insumos para que los estudiantes TP hagan sus clases para nosotros eran prioritarios y esas condiciones algunas estaban en desarrollo, pero en ningún colegio se habían cumplido en un 100%”.
“A medida que fuéramos avanzando esto se iba a ir normalizando, el tema grave es que hasta donde llegaron las municipalidades y las empresas privadas eso de detuvo y por eso no ha habido progresión y normalización”, explicó.
