- Algunos de los beneficiarios fueron detenidos en el contexto del estallido social y tras agredir a personal de Carabineros.
Una gran cantidad de críticas ha recibido el Gobierno por la entrega de pensiones vitalicia a condenados por delitos en el marco del estallido social. Esto, porque poco a poco se han ido conociendo casos de sujetos que reciben el beneficio pese a la gravedad de sus delitos.
Esta problemática surge a raíz de los tres casos surgidos el último tiempo: Andrés Fuica Fuica (42), Gabriel Allende Torres (27), Adán Castro Cifuentes (25) y, el más reciente, Jonathan Alfonso Parra Rebolledo (28), según dio a conocer el medio Ex Ante.
Ante esto, desde el Ejecutivo anunciaron que mañana viernes presentarán dos importantes modificaciones al respecto.
Las iniciativas buscan “garantizarle al país que cuando se entreguen pensiones de gracia, la ley establezca la obligación de la autoridad política de tener a la vista los antecedentes penales del posible beneficiario, obligación legal que nunca ha existido en el país”, dijo el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve.
A eso sumó que la segunda iniciativa busca que el beneficio pueda ser “revocable”. “Hoy día no hay ninguna norma legal explícita que faculte a la autoridad política para revocar este beneficio y, por tanto, desde nuestra perspectiva hay un vacío que no da certeza legal al respecto”.
“Nos parece que la autoridad política tiene que tener la facultad legal clara y explícita de revocar este beneficio si una persona ha incurrido en conductas como, la comisión de un delito o de un crimen”, complementó la autoridad del Interior.
Monsalve recordó ayer que “son 41 casos. 17 casos de pensiones de gracia que se entregaron a personas con antecedentes penales concedidos en los últimos meses del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y 24 entregados durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric”.
“En ambos casos, el gobierno anterior y este, cumplieron con la ley y con el reglamento. Ahora, los hechos posteriores han hecho, parece coincidir a todos, que era razonable algo que la ley no obligaba, que es que las autoridades tuvieran la vista de los antecedentes penales y que no eran facultades explícitas por la ley para revocar este beneficio”, esgrimió.
Con todo afirmó que “la aspiración del gobierno es revocar, pero quiere tener certeza jurídica”.
Los casos más polémicos
Carrera Espinoza
Todo partió con el caso de Eliseo Dante Carrera Espinoza (37). Según reportó el mencionado medio, el individuo acumula un registro policial entre los años 2003 y 2021 en la Región de Tarapacá por diversos ilícitos: ocho condenas por robo en lugar no habitado, además de dos por hurto y una por desórdenes. A su vez, cuenta con dos procedimientos de monitoreo por consumo de marihuana en lugares públicos y otras dos multas por infringir las normas sanitarias durante la pandemia.
En tanto, según el Ministerio Público, por el ilícito de desórdenes en diciembre del 2019, Carrera Espinoza “se encontraba en avenida Arturo Prat frente al Casino Dreams de la comuna de Iquique, alterando gravemente la tranquilidad pública, momento en que el acusado comenzó a lanzar piedras contra el vehículo policial lanza aguas que intentaba restaurar el orden que había sido gravemente alterado por parte del imputado, sin causar daños”.
Fue a principios de 2020 cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ingresó una querella contra quienes resultaran responsables de violencia innecesaria por las lesiones graves producidas a Carrera Espinoza.
Durante el 2022, la ex ministra de Interior Izkia Siches y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, firmaron el decreto que otorgó una pensión de gracia vitalicia a Carrera Espinoza, consignó Ex Ante.
Castro Cifuentes
Durante noviembre de 2019, el INDH presentó una querella en contra de todos los que resultaran responsables del delito de torturas contra Adán Isaac Marcelo Castro Cifuentes, ya que recibió, según el texto, la “acción agresiva en contra de un funcionario de Carabineros” en el contexto de un control de detención a un amigo.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica lo condenó en 2021 a dos penas de 300 días de cárcel cada una, por dos delitos de maltrato de obra a Carabineros. A su vez, lo sentenció a tres años de cárcel por porte ilegal de arma de fuego, pena que debía cumplir de forma efectiva. Eso sí, meses más tarde, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió la apelación de su defensa, por lo que accedió a la libertad vigilada.
La condena -según Ex Ante- relató que Castro Cifuentes golpeó a dos carabineros y pateó en el cráneo a uno de ellos. Esto, cuando el efectivo estaba en el piso.
Andrés Fuica
Andrés Fuica Fuica (42) fue incluido en el listado pese a que había sido condenado por robar un supermercado durante el estallido social. Su nombre aparece entre 15 personas presuntamente heridas a raíz de perdigones disparados por Carabineros de la plaza Sucre de Viña del Mar, el 22 de octubre del 2019, cerca de las 17:30 horas.
Sin embargo, nunca se acreditó su calidad de víctima. En cambio, lo que sí se comprobó fue su participación en el robo en lugar no habitado de un supermercado Santa Isabel, ocurrido ese mismo día, a las 16:30 horas. Hecho por el que Fuica fue sentenciado a 61 días de reclusión domiciliaria nocturna, aunque no concurrió a que le instalaran el dispositivo telemático para controlar el cumplimiento de su pena.
“El 22 de octubre de 2019, a las 16:40 horas aproximadamente, el imputado ingresó mediante escalamiento al supermercado Santa Isabel, ubicado en Villanelo número 236 de esta ciudad, intentando sustraer con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueño, diversas botellas de licor y 3 de Eau de Toilette, de propiedad del supermercado. El imputado fue sorprendido cuando salía del local por unos ventanales que antes habían sido quebrados, portando las referidas especies”, manifestó la Fiscalía sobre el caso, consigna el citado medio.
No obstante, esta no es la única causa de Fuica. De acuerdo a Ex Ante, en 2017 fue condenado a pagar 0,3 Unidades Tributarias Mensuales por provocar lesiones menos graves a su ex pareja, y se le ordenó mantener un mínimo de 50 metros de distancia de ella por un año y se le prohibió tener armas de fuego durante ese mismo plazo.
También, ese mismo año, se abrió una causa en su contra en Talca por una denuncia de estafa, pero el caso fue archivado.
Gabriel Allende
Gabriel Allende, se encuentra condenado por lanzar un artefacto incendiario a Carabineros en 2019 y que también está incluido en el listado de víctimas del estallido social. Recibe un monto de $444.767 gracias a la pensión entregada por el Estado y que fue aumentada en febrero de este año.
La noche del 21 de octubre de 2019, Gabriel Allende levantaba una barricada en Curacaví cuando llegó Carabineros. Respondió lanzando una bomba molotov. Al momento de huir, un efectivo le disparó perdigones desde un carro policial.
El 19 de abril de 2022 fue condenado por lanzamiento de artefacto incendiario y en octubre de ese año, le fue otorgada una pensión de gracia al ser considerada víctima del estallido social. Para ello, el INDH se querelló por sus lesiones y la fiscalía formuló cargos contra un sargento por apremios ilegítimos.
Parra Rebolledo
El caso más reciente es el de Jonathan Alfonso Parra Rebolledo (28), que recibe desde octubre de 2022 una pensión de 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales (a diciembre de 2023 se reajustó a 1,5, lo que equivale a $444.767) luego de que el Ejecutivo le concedió el privilegio.
Parra había sido condenado por quemar una caseta de Carabineros en la Plaza de Armas de Talca el 19 de octubre de 2019. Producto de que aceptó las imputaciones de la fiscalía, fue sentenciado en un procedimiento abreviado.
Si bien el Juzgado de Garantía de Talca en un principio había dictado contra el imputado la pena efectiva de 4 años por el delito de incendio y otro año de prisión por cometer desórdenes públicos, este asumió el relato de la fiscalía, por lo que la condena se sustituyó por la de libertad vigilada intensiva de 5 años de duración.
FUENTE EMOL
