En respuesta al preocupante incremento del robo de minerales, con un enfoque especial en el cobre, la senadora por la región de Atacama, Yasna Provoste, encabeza un proyecto de ley destinado a hacer frente a esta creciente amenaza que ha traído consigo un aumento en la violencia, la organización delictiva y las pérdidas económicas en los últimos años.
La propuesta legislativa, presentada junto a los senadores Iván Flores, Rafael Prohens, José Miguel Insulza y Esteban Velázquez, busca modificar el Código Penal para garantizar sanciones más eficaces e integrales, abordando todas las fases del delito y sus diversas aristas. El proyecto ya está listo para comenzar su tramitación en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta.
La senadora Provoste resaltó la importancia de implementar planes de fiscalización más robustos para asegurar la trazabilidad en todas las etapas, desde la producción hasta la exportación, en la mediana y pequeña minería como medida preventiva.
La geografía de los yacimientos y las rutas de transporte ha propiciado que los robos de minerales se cometan en áreas deshabitadas, resultando en penas relativamente bajas bajo la legislación actual.
Además, la falta de sanciones efectivas y la facilidad con la que los transportadores de material no acreditado enfrentan acusaciones de receptación generan un escenario de bajos riesgos y altas ganancias para los delincuentes. Un reciente decomiso de 176 toneladas, valuado en 2.600 millones de pesos en noviembre de 2023, ilustra esta problemática.
La vulnerabilidad en las cadenas logísticas e información de las empresas mineras y contratistas subraya la necesidad de abordar esta vulnerabilidad con una legislación integral para prevenir y sancionar de manera efectiva.
El proyecto busca modificar el Código Penal y propone sanciones más severas, incluyendo penas aumentadas en un grado y multas de 100 a 200 UTM (equivalentes a $6 millones y $12 millones de pesos) para aquellos que roben o hurten minerales. También se castigará como autor de sustracción de minerales a aquel en cuyo poder se encuentren minerales sin justificación de adquisición o legítima tenencia.
El uso malicioso de certificados, guías o formularios falsos para facilitar el transporte o comercialización de los minerales sustraídos será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.
