Ayer, el Comité de Reconstrucción, liderado por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, desarrolló su primera sesión de cara al diseño de un plan que determine cómo será tanto el propio proceso de reconstrucción, como las posibles reubicaciones que produzcan tras los incendios en el Gran Valparaíso.
Al término de la instancia, la ministra Toro comentó que “se ha estado superando la emergencia, ya van más de 38 mil toneladas de remoción de escombros, se han empezado a pagar los bonos de recuperación y ayudas tempranas, que tiene que entregar respuestas en materia de habitabilidad transitorias”.
“Aquí no quiero generar falsas expectativas y es importante ser transparente, estamos entregando las ayudas en la emergencia en esta primera fase, pero la reconstrucción va a ser un desafío de mayor magnitud y vamos a poder presentar sus plazos y sus objetivos claramente cuando formulemos el plan”.
Ministra Javiera Toro, encargada del Comité de Reconstrucción
No obstante, dijo que una vez que estén terminados los catastros, según precisó “realizados en tiempo récord en relación a anteriores catástrofes”, se podrá proyectar el tema de la reconstrucción. Hasta ahora, en base de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) da cuenta de una afectación a más de 6.500 hogares, que involucran a más de 18 mil personas.
Con todo, Toro expresó que “aquí no quiero generar falsas expectativas y es importante ser transparente, estamos entregando las ayudas en la emergencia en esta primera fase, pero la reconstrucción va a ser un desafío de mayor magnitud y vamos a poder presentar sus plazos y sus objetivos claramente cuando formulemos el plan“.
En la mañana, la ministra había señalado a 24 Horas que “no todas las viviendas afectadas son del mismo tipo, por lo tanto, cada situación requiere tanto en la dimensión transitoria como de la solución definitiva, distintas respuestas”. Y es que si bien parte importante de las viviendas afectadas son conjuntos urbanizados, “hay otra parte de campamentos que ya están catastrados y que tienen intervención por parte del Serviu; y otra parte de viviendas en campamentos en ocupaciones irregulares, que por supuesto, requieren una solución distinta“, añadió.
Más tarde, la ministra vocera de Gobierno, quien además tiene un rol de “enlace” en los distintos procesos de la post emergencia, comentó en esa línea que las diferentes situaciones detectadas respecto a las viviendas implica una revisión por parte del Comité de Reconstrucción “de cómo incorporamos un ordenamiento territorial, y además, que reconstruyendo en cerros, como es la mayoría de la situación de las viviendas siniestradas, tiene que tener una planificación adecuada a lo que sigue sucediendo en zonas de alta vegetación o vientos, y que en tiempos de calor, son de fácil propagación de incendios”.
De todos modos, subrayó que se espera que el inicio de la reconstrucción sea “lo antes posible”, proceso que además ha considerado diálogo tanto con las autoridades locales como con las propias personas afectadas, para conocer sus aspiraciones en materia de reconstrucción.
Pese a ello, expertos advierten las complejidades que se abren ante las incertidumbres que aún existen en el proceso de recuperación y especialmente de reconstrucción, para evitar la revictimización de las personas que han sufrido pérdidas de sus viviendas. Aún hay dudas sobre lo que ocurrirá con las personas que viven en asentamientos irregulares, considerando que no se trata de una situación inédita, puesto que la zona ya ha enfrentado grandes incendios que han consumido viviendas precarias.
“Cada minuto que pasa, aumenta la precariedad”
En conversación con EmolTV, el arquitecto y director de Atisba, Iván Poduje, cuestionó duramente la lentitud del proceso de recuento de daños en las zonas afectadas, apuntando a que “no se toman las decisiones en el momento adecuado, no toman diagnósticos adecuados, y además, entorpecen, porque como no tienen claridad, dan señales confusas”.
A su juicio, la tarea de la reconstrucción debe ser absorbida “básicamente por el Ministerio de la Vivienda, porque debe ser una reconstrucción de pavimento, de servicios urbanos, de viviendas, y el ministro (de Vivienda) no aparece. La ministra Toro tiene un rol de coordinación, pero en todas las catástrofes, y eso lo aprendimos con el ex Presidente Piñera, el Presidente debe estar encima”.
“Nosotros, como oficina privada, y las universidades, ya tienen más claridad que el Gobierno, eso es inaceptable”, criticó. Esto, porque “cada minuto que pasa, agrava el problema, porque empieza a consolidarse la precariedad. Entonces, el hecho de que el Gobierno se mueva lento, puede ser muy grave para la construcción que viene“.
Consultado por cómo se deben abordar las distintas realidades de las viviendas afectadas -urbanizadas, campamentos en vías de regularización y otros irregulares-, Poduje insistió en que como “no hay dimensión del daño, no puedes dar las instrucciones para poder operar”.
El riesgo de la “incertidumbre” ante la eventual relocalización
Quien también aborda la complejidad de la reconstrucción y posibles reubicaciones es el consultor en gestión de emergencias, Michel De L’Herbe, quien afirma a Emol que en esta fase, llamada “reconstrucción”, se suele poner en foco en la infraestructura, no obstante, lo correcto es pensar en este punto en una “recuperación”.
Esto último considera “acciones de reconstrucción cuando correspondan, pero lo que debe primar es la recuperación del bienestar económico, social, físico y emocional de las personas, por lo tanto, es una aproximación multidimensional que habitualmente no tenemos, y que requiere un nivel de aproximación técnica que hasta el momento, en Chile, ha parecido ser bastante débil”.
Lo anterior se expresa cuando se deben abordar tomas, campamentos y se habla de irregularidad. “Uno suele asociarlo a un término que ocupa el Estado para dar un contexto de ilegalidad a la permanencia de asentamientos humanos, que en realiadad, muchas veces llevan décadas, y en ese caso, hablamos de asentamientos que incluso han sido regularizados por omisión por parte del Estado, y de eso deben hacerse cargo“.
“Por eso, si vamos a hablar de reubicación de personas, se deben plantear certezas, porque las personas establecen vínculos, arraigo e incluso su actividad económica. Por eso, se debe ser cuidadoso, puesto que la incertidumbre puede hacer escalar la emergencia a aspectos de cuestiones de orden público e incluso de revictimización“, subrayó.
De L’Herbe comenta, de todos modos, que “no es que en algún lugar no se puea construir per se”, pero necesariamente si se toma esa decisión, aquello implica “construir de manera adecuada y construir acciones de mitigación tales que muchas veces implican un nivel de costo muy alto para disminuir el riesgo“.
Emol
