El próximo 29 de mayo será la audiencia de formalización en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en el marco de presuntas irregularidades en torno a las acciones cometidas por la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).
En concreto, al alcalde se le imputarán los delitos de cochecho, fraude al fisco y delito concursal, de los cuales Jadue alega ser inocente, e incluso, ha acusado intenciones políticas detrás de la acción del Ministerio Público, debido a la proximidad con las elecciones municipales.
Es más, ayer Jadue, en su programa de streaming “Sin Maquillaje”, arremetió contra el presidente del Consejo de Defensa del Estado -organismo que se sumaría con una querella en su contra-, Raúl Letelier. “Él me prejuzgó, él habló de que ya habían encontrado acciones ilícitas, antes del juicio ya me condenó“, criticó el alcalde.
En ese sentido, Jadue denunció que “esta es una operación y el caballero (Raúl Letelier) es del Frente Amplio, el caballero tiene su historia, entonces uno dice ‘¿a qué se debe esto?’. ¿Estarán muy preocupados porque los y las comunistas estamos cada vez más fuertes y podemos dar una batalla importante? Yo te digo que estoy muy tranquilo”.
Los descargos de Jadue ocurren luego que Letelier señalara a CNN Chile que ha “percibido conductas ilícitas” por parte del jefe municipal. Esto en el marco de las negociaciones realizadas por la Achifarp con la empresa Best Quality SPA.
Por eso, el jueves el abogado del alcalde, Ramón Sepúlveda, junto con defender que “él tiene todo el derecho a decir que hay una operación”, comentó a Radio Universo que “la administración de la Achifarp no la tiene el alcalde Jadue (…) la hacía el secretario ejecutivo, por lo tanto, él tendrá que responder de esa administración desleal“.
“Yo no veo que estén formalizando a otros alcaldes que tenían convenio. Hay informes de la Contraloría y una declaración del fiscal que está inhabilitado por una querella del alcalde, donde él nombra a varias municipalidades más donde tampoco se siguieron protocolos o se hicieron rendiciones. El alcalde Jadue es formalizado porque el Ministerio Público cree que él sabía todo y aboslutamente todo lo que pasaba en la Achifarp, y eso es un error, o al menos, es un par de pueblos pasado”, comentó.
Zoom a Achifarp
Era mayo de 2016 cuando se anunció públicamente la creación de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, donde participaron 80 municipios del país y Daniel Jadue se convirtió en su presidente. Era su proyecto estrella.
El directorio inicial, además de Jadue, quedó conformado de esta manera: la alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas era la vicepresidenta; el alcalde de Puente Alto, Germán Codina era el segundo vicepresidente; el jefe comunal de Huechuraba, Carlos Cuadrado oficiaba como secretario general; el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp era tesorero; el acalde de Rauco, Enrique Olivares fue director general; el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala era su director. En tanto, el secretario ejecutivo era Daniel Moraga.
El objetivo era conformar un gran poder de compra para poder acceder a medicamentos más económicos que las grandes cadenas de farmacias y Jadue ya proyectaba ampliar la idea, aunque siempre desde el ámbito de la salud. Ese mismo año, Recoleta inauguró su primera “óptica popular”, bajo la misma lógica de Achifarp.
En 2018, el Minsal y Achifarp firmaron un convenio para sumar a las farmacias populares al comparador de precios de medicamentos que recién había lanzado el ministerio. “Esta incorporación será un aporte para lograr precios justos en los medicamentos y nos complace ser parte de este acuerdo, más aún considerando que representamos a distintas posturas políticas”, dijo Jadue en aquella oportunidad.
Firma de convenio entre Achifarp y el Minsal, para sumarse al comparador de precios (2018). En la foto, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina; el ex ministro de Salud, Emilio Santelices; y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
Pero con el paso del tiempo, comenzaron a registrarse algunas migraciones de municipios, quienes no vieron que efectivamente se pudieran bajar los precios de los medicamentos, o que podrían hacer sus propios esfuerzos para que en sus comunas hubiera una farmacia municipal propia.
La aprobación de la Ley de Cenabast, en 2019, agilizó las salidas; entre ellas, Puente Alto, Concepción y Arica. El alcalde de esta última comuna, Gerardo Espíndola, comentó el año pasado que cuando llegó a la administración la zona ya estaba adherida a Achifarp, pero que nunca pudieron hacer compras. “Se hicieron varios intentos, antes que yo llegara, después cuando yo llegué no insistimos con eso”, comentó a La Tercera.
La trama por medicamentos contra el covid-19
Jadue continuó con su proyecto. En 2020, lanzó el sitio web de Achifarp, ofreciendo información sobre “los proyectos, convenios, beneficios y compras online a precio justo”, incluso, se anunciaba que “muy pronto” habrían productos de protección contra el covid-19.
Fue en ese contexto, en plena pandemia, en que Recoleta fue un paso más allá. El 25 de agosto de 2020, se puso en tabla de la sesión extraordinaria del concejo municipal la “aprobación del convenio con la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) para la adquisición de medicamentos”. La idea era adquirir Avifavir, un medicamento de origen ruso para el tratamiento contra el covid-19.
Finalmente la iniciativa se aprobó con 7 votos a favor y la abstención del concejal UDI, Mauricio Smok. Así, Recoleta traspasó $150 millones a la a Achifarp para importar 250 mil comprimidos de 200 mg de Avifavir. Esto, pese a los cuestionamientos que hizo el Instituto de Salud Pública (ISP), que advirtió que el uso del fármaco debía ser controlado y sólo se podía entregar en un servicio de Atención Primaria.
En febrero de 2021, la Contraloría ofició a Jadue para solicitar antecedentes relativos a la compra del medicamento por parte del municipio, luego de recibir “diversas denuncias asociadas a la adquisición y uso” del fármaco. Jadue se defendió, señalando que “toda alternativa para esta pandemia debe apoyarse sin mezquindades y sin cálculos. Lo que está en juego es la vida de miles”.
En abril de ese año, el alcalde volvió a estar en el centro del debate, luego que la dirección jurídica de la Municipalidad de Recoleta aprobara un convenio de colaboración con Achifarp -acordado previamente por el concejo municipal-, esta vez, para entregar “una cuota extraordinaria a la Achifarp por la suma de $204.976.800” para financiar “el proyecto específico que consiste en: administrar 180 mil dosis del tratamiento con medicamento Interferón, en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad de la comuna de Recoleta”.
El medicamento sería comprado a la Universidad de Concepción, no obstante, dos meses después de la aprobación del traspaso de fondos, la propia casa de estudios salió a aclarar que se trataba de un proyecto que estaba finalizando su primera etapa, y que “hasta el momento, en el marco de esta investigación, no se han realizado ensayos clínicos”.
Caída de Achifarp
Los problemas y cuestionamientos al uso de los recursos comenzaron a poco andar para Achifarp. A dos años de su puesta en marcha, la Contraloría había detectado problemas con los montos utilizados para crear la asociación, puesto que había cifras que no cuadraban, lo que daba luces de un sistema contable poco prolijo.
En julio de 2022, el 4° Juzgado Civil de Santiago dispuso la liquidación forzosa de la asociación, luego de que en marzo de ese año se lograra paralizar un embargo decretado por el 17° Juzgado Civil de Santiago.
Lo anterior, luego de la querella que presentó el proveedor Best Quality, que demandaba más de $1.200 millones como deuda, y que solicitaba la quiebra de la asociación. La deuda, en concreto, correspondía a montos no enterados por venta de mascarillas, guantes y termómentos, en el contexto de la pandemia. Además, uno de los ejecutivos de Best Quality dijo que Jadue le había solicitado una “donación” para la sede comunal del PC, a cambio de un millonario pago.
Desde entonces, la Fiscalía tuvo en la mira a Achifarp. Se abrió una investigación por supuesta estafa, pero con el avance de las indagatorias y recopilación de testimonios, comenzaron a aparecer otras aristas, como la de cohecho, que involucraban directamente a su presidente, Daniel Jadue.
En 2022 la Contraloría inició una auditoría que arrojó irregularidades en convenios celebrados con Achifarp con Recoleta, Paillaco y el Servicio Nacional de Discapacidad, que no se habrían ajustado a derecho. Asimismo, se detectó que Achifarp no suministró sus estados financieros de 2019 y 2020, por lo cual no fue posible verificar la situación financiera y patrimonial de la entidad. Todos esos antecedentes fueron enviados al Ministerio Público y al CDE, nutriendo las carpetas investigativas.
Una segunda auditoría de Contraloría, de junio de 2023, dio cuenta que Achifarp no había subsanado las irregularidades advertidas.
Otra arista, por eventual fraude al fisco, se abrió por la trama “Interferón”, luego que la auditoría del ente contralor detectara que Achifarp transfirió $25 millones a la U. de Concepción, pero dejó una deuda de más de $200 millones.
En noviembre del año pasado, Jadue declaró en calidad de imputado ante la fiscal Giovanna Herrera, quien dirige la indagatoria en su contra. En la oportunidad, el alcalde sostuvo en su declaración -dada a conocer por Tele13- que “nunca fiscalicé el uso de dinero de Achifarp, porque no era mi rol ni mi atribución”.
“Yo entregaba cheques firmados a Daniel Moraga a medida que me los iba pidiendo para que este, en su calidad de secretario ejecutivo, hiciera uso de este para la asociación”, añadió. Esto, junto con aseverar que en ningún momento se reunió con proveedores de Achifarp.
La declaración va en línea con lo que hoy plantea el abogado de Jadue sobre la imposibilidad de que su defendido estuviera en conocimiento de todo lo que ocurrió en la asociación, lo que posiblemente se planteará el próximo 29 de mayo a las 09.00 horas, en la sala 10 del edificio D del Tercer Juzgado de Garantía del Centro de Justicia.
Fuente: Emol.com
