Las comisiones unidas de Minería y Economía de la Cámara realizaron una sesión especial en la ciudad de Concepción, región del Biobío, para abordar el cierre de la Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.
En la oportunidad, el grupo parlamentario acordó, por unanimidad, respaldar uno de los acuerdos planteados en la sesión especial, del pasado martes 2 de abril. Este considera las sobretasas de un 25% para las barras de acero y de un 33% para las bolas. Ambas medidas para apoyar a la empresa y sus trabajadores.
La instancia, además, respaldó el envío de once oficios dirigidos a los ministerios del Interior, Hacienda y Economía para solicitar información relativa al caso.
En el caso del Ministerio de Hacienda, se solicitó que el Servicio Nacional de Aduanas pueda explicitar qué controles realiza respecto a las certificaciones y calificaciones del acero chino. Al Ministerio de Economía se le pidió enviar las actas correspondientes de la Comisión Antidistorsiones. Mientras que, al Ministerio del Interior se le solicitó entregar una estimación de los efectos del cierre de la empresa Huachipato.
Las y los legisladores también manifestaron su apoyo a los trabajadores y se comprometieron a buscar una pronta solución al problema. En ese plano, desde un sector, aseguraron que el Gobierno cuenta con las herramientas para respaldar a los trabajadores de Huachipato.
Al mismo tiempo, solicitaron al Ejecutivo entregar una señal política clara. También, apoyar el proyecto de reforma constitucional que fija un arancel y que va en línea con el petitorio de la empresa.
Aumento de la cesantía
A la sesión asistió el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, quien señaló que un eventual cierre de la empresa podría significar un considerable aumento de la cesantía.
Díaz argumentó que hoy Huachipato está siendo afectada por competencia desleal y que esto puede llegar a la pérdida de empleos y de más de 300 Pymes.
“Somos firmes defensores de cuidar este empleo dentro de la institucionalidad (…) Nosotros no creemos que haya que aplicar subsidios, sino que nivelar la cancha para que la empresa pueda competir en igualdad de condiciones”, acotó.
El gobernador añadió que se necesita una resolución rápida de la Comisión Antidistorsiones y que se revise el mecanismo que tiene Chile para protegerse de la competencia desleal.
En la instancia también expusieron los alcaldes de Concepción y Talcahuano, quienes hicieron hincapié en la eventual crisis de empleabilidad que la situación significaría.
En ese contexto, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, solicitó evitar la cesantía de más de 22 mil hogares. “Hemos trabajado en la región de manera transversal. Nadie pensó que una de las empresas más sólidas y fuertes de la región iba a llegar a este nivel. No sé si queremos un plan B (…) Nosotros entendemos que con una competencia desleal es bastante complejo poder competir”, sostuvo el edil.
En tanto, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, indicó que esta es una afectación a la economía local. “Sé que el 40% de la actividad portuaria es producto de Huachipato (…) Esto también puede afectar al puerto. Si cae Huachipato van a caer otras actividades”, manifestó.
Asimismo, añadió que lo que hoy se requiere “es simple y político”. “Aquí tiene que haber una decisión política para salvar el empleo de nuestros trabajadores (…) Necesitamos una acción inmediata para garantizar, en el futuro corto, la actividad productiva de la empresa (…) No estamos hablando de proteccionismo, sino de corrección del libre mercado”.
Fuente: portalminero.com
