- El Ejecutivo buscaría ampliar la facultad del subsecretario del Interior para ordenar la expulsión a quién haya cometido cualquier tipo de delito, además de controlar regularmente a quienes ya tengan orden de salida.
Un proyecto de ley tendiente a mejorar el control de las personas migrantes con orden de expulsión anunció esta mañana la ministra del Interior Carolina Tohá.
En conversación con radio Infinita, la secretaria de Estado adelantó que se estaba estudiando una fórmula que otorgue “control de los movimientos de las personas que están con orden de expulsión”, debido a que “no sabemos qué pasa con ellos”.
“En las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley y es probable que esto no solo recoja experiencias internacionales, sino que tenemos que ver la creatividad de buscar una solución a esta realidad que tenemos en Chile”, sostuvo.
Ahondando en la iniciativa, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló que “queremos avanzar en dos cuestiones muy precisas”.
Una de ellas es sobre las “personas que son detenidas por la policía por cometer un delito, extranjeras, en situación irregular, no empadronadas, cuyo delito no tiene pena de cárcel (y) quedan libres. Nosotros nos parece que a esas personas hay que expulsarlas, hay que tener la capacidad de retenerlas y expulsarlas”, indicó.
Lo segundo, añadió el subsecretario, versa sobre “aquellas personas que están en situación irregular en Chile y que no están empadronadas. Una vez que son denunciadas para iniciar los procesos de expulsión, el Estado tiene que tener herramientas de control, esas personas tienen que ser controladas regularmente. Son dos materias en la que estamos trabajando para poder avanzar muy rápido y esperamos tener los acuerdos en el Congreso para aquello”.
Los objetivos
Conocedores del diseño que piensa el Ejecutivo indican que el primer objetivo señalado por Monsalve radica en la ampliación del sujeto de expulsión. Es decir, dar la atribución al subsecretario para ordenar una expulsión administrativa a un ciudadano migrante que cometa cualquier tipo de delito, invocando causales de orden público.
El segundo cometido del proyecto sería imponer medidas cautelares para personas con orden de expulsión. Parlamentarios de la comisión de Seguridad de la Cámara consideran que esto podría derivar a firma mensual o tobilleras electrónicas.
Así todo, la moción -o mociones, porque aún no se ha definido la fórmula legislativa con la que presentará la medida- es de exclusiva potestad del Presidente de la República, en cuanto da o amplia atribuciones de un órgano público.
FUENTE EMOL.
